¡QUE APAREZCA VIVO!

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Y que crezca la capacidad comunicativa de organización popular )))

Revolución Continental

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jueves, 27 de agosto de 2015

¡No a las deportaciones masivas y el estado de excepción!

















Partido Socialismo y Libertad

La reciente declaratoria del “Estado de Excepción” en cinco municipios de Táchira, estado fronterizo con Colombia, pone en evidencia los desesperados esfuerzos del gobierno del presidente Maduro por adelantar acciones efectistas, con fuerte contenido antidemocrático y reaccionario, con las cuales desviar la atención de los problemas centrales que aquejan a los trabajadores y al conjunto de la población venezolana, precisamente en año electoral.

Amparándose en acciones repudiables desde todo punto de vista, como el atentado criminal contra varios funcionarios militares, así como el paramilitarismo y contrabando existente en la zona desde hace muchos años, el gobierno asesta un fuerte golpe a la población fronteriza al restringirle sus derechos democráticos al libre tránsito, reunión, protesta, respeto a sus bienes personales y la inviolabilidad de sus domicilios; a la par que adelanta una brutal cacería de brujas contra inmigrantes colombianos asentados en la zona, generando una grave crisis humanitaria.

Todo esto se produce en el contexto de una profundización de la restricción a las libertades democráticas, a través del Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), puesto en práctica en todo el país, con el argumento de la lucha contra la delincuencia y el paramilitarismo.

La brutal arremetida contra inmigrantes colombianos asentados desde hace muchos años en la zona, es utilizada para seguir exacerbando los ánimos nacionalistas y xenófobos, que lamentablemente anidan en un sector de la población, contra inmigrantes a quienes se les acusan injustamente de ser los responsables de los males que tienen sumida en una profunda crisis económica, política y social al país, cuando todos sabemos que no es así.

En el pasado puntofijista, los gobiernos adeco-copeyanos utilizaban este expediente en momentos de crisis para ocultar los problemas que atravesaba la población. Lo cual repite hoy un gobierno que se autotitula falsamente “socialista” y “humanista”.

Las imágenes del desalojo de sus humildes viviendas y la entrega a las autoridades colombianas de más de mil inmigrantes, la demolición de centenares de viviendas, las restricciones a las personas que estudian o trabajan del otro lado de la frontera, quienes tienen que obtener un permiso de la alcaldía de San Antonio para cruzar el puente, los atropellos a mujeres, niños y ancianos humildes, atestiguan que se trata de la más aberrante humillación contra hermanos colombianos, cuyo único delito es ser pobres y trabajadores, que en su deseo por sobrevivir a la violencia en Colombia se asentaron en una zona que les permitiera tener acceso a trabajo e ingresos para la subsistencia de sus familias.

Todo el mundo sabe en la frontera que los verdaderos responsables del bachaqueo, el contrabando de gasolina, y el tráfico de drogas, son generales, funcionarios de la Guardia Nacional, policías, alcaldes, gobernadores y altos funcionarios de los gobiernos de ambos países. Son grandes mafias amparadas por el poder estatal a ambos lados de la frontera, a los cuales no se les toca ni con el pétalo de una rosa.

Pero más allá de estas medias efectistas, tipo “Dakazo”, con fuerte contenido electoral, lo que queda en evidencia es la total y absoluta incapacidad del gobierno nacional y regional, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana y de las autoridades aduaneras para hacer frente al contrabando, el paramilitarismo y el narcotráfico.

¿Como se explica que Táchira, un estado con fuerte presencia militar y policial, siga siendo un gran agujero por el cual se evaden millones de litros de combustible, toneladas de productos alimenticios con precio regulado, o actúen a sus anchas las mafias ligadas al narcotráfico? ¿Será que precisamente todas estas entidades están involucradas directamente con la corrupción, el narcotráfico, el contrabando a gran escala y las bandas armadas, y sólo tienen capacidad para reprimir y desactivar las protestas populares?

El vulgar nacionalismo xenofóbico del gobierno
Los discursos de “integración”, de la “unidad de los pueblos latinoamericanos”, de “jugarse por los más pobres del mundo” o del “profundo amor” que se tiene por la población colombiana, tantas veces proferidos por Chávez y por Maduro, hoy se ponen en evidencia como eslóganes publicitarios electoreros, huecos, falsos e inconsecuentes. Estas medidas no van contra la oligarquía colombiana y las bandas paramilitares que supuestamente dicen combatir; se trata de acciones que cultivan la xenofobia contra los trabajadores y los pobres de la hermana República, víctimas precisamente de la oligarquía colombiana y los grupos paramilitares, que han tenido que desplazarse en forma forzosa de sus territorios para poder preservar sus vidas. Y hoy el gobierno venezolano en un acto de barbarie les destruye sus escasos bienes, les “señala” como indocumentados y los “marca” como deportados para entregarlos a las “autoridades colombianas” que defienden los intereses de la oligarquía.

Con la movilización detengamos la restricción a las libertades democráticas

Con esta actuación el gobierno avanza en la restricción de libertades democráticas, y no dudará en apelar a más medidas reaccionarias que tienen un carácter preventivo, para evitar protestas y estallidos de la población, ante la grave crisis económica y social que padece el pueblo trabajador.

El gobernador del Táchira, Vielma Mora, ha propuesto ampliar el estado de excepción a otras regiones, y el gobernador del Zulia, Arias Cárdenas, ha planteado hacer lo propio en su estado. Por eso, es previsible que se amplíen estas medidas en el futuro inmediato hacia otros estados fronterizos, para seguir restringiendo los derechos democráticos del conjunto de la población venezolana, enrareciendo el clima social y político a pocos meses de la elección de diputados a la Asamblea Nacional.

Las maniobras arbitrarias y abusivas del CNE contra varios candidatos independientes, muchos de ellos presentados por nuestra tarjeta del PSL, nos hacen alertar con total responsabilidad al conjunto de la población sobre los riesgos de que se acentúe la tendencia antidemocrática del gobierno del presidente Maduro para lesionar los derechos de la población.

Tendencia antidemocrática que también se hace presente con la implementación del plan de seguridad denominado “Operativo para la Liberación y Protección del Pueblo”, emparentado con el Plan Un ion del puntofijismo, y la Ley de Vagos y Maleantes, el cual se ha convertido en una peligrosa campaña que garantiza la criminal acción de “limpieza” social.

Ya se cuentan por decenas los “abatidos” en supuestos enfrentamientos armados, donde curiosamente no hay ni un policía herido, más bien ejecuciones sumarias, como en el caso de Aragua, de la que existen videos y fotografías que lo evidencian. Y se detiene e incrimina a miles de personas en forma arbitraria. La OLP no es más que la criminalización a gran escala, y con toda seguridad se utilizará contra el conjunto de la población cuando quiera movilizarse para protestar. Esa es la esencia de estos planes.

Por lo anterior llamamos a Provea, a otras organizaciones de derechos humanos, a sindicatos y organizaciones sociales y comunitarias a convocar una rueda de prensa para rechazar las deportaciones indiscriminadas en la frontera y repudiar la OLP.


Es la hora de la unidad del pueblo trabajador, para que movilizados en la calle le paremos la mano a este gobierno, que en su afán por atornillarse en el control de la renta petrolera, no duda en acudir a medidas extremas para reprimir y limitar los derechos democráticos, políticos, económicos y sociales de la población.

miércoles, 26 de agosto de 2015

El cierre de la frontera es una farsa




















Los filuos Aana Wainjirawa, La Guarura

La frontera, para el pueblo wayuu, está cerrada hace rato por acuerdo de ambos gobiernos en el común interés de aprovechar la crisis para desplazarlos de sus territorios un poco más y así avanzar en el viejo plan minero del capital transnacional. Los acuerdos entre ambos gobiernos son repartirse a los Wayúu, cada quién con los suyos, en un intento de subordinar con la mendicidad y el hambre a los wayuu en ambos lados de la frontera.

Uno de los acuerdos de Cartagena firmando con Santos es el de la colaboración en inteligencia militar y policial plena, este solo vino a confirmar lo que es una práctica de la costumbre entre las policías y ejércitos de ambos lados de la frontera en este y anteriores gobiernos. Desde el tiempo de Uribe-Chávez están ambos gobiernos ejecutando proyecto de infraestructura para las transnacionales que desplazan al pueblo Wayuu, como el gasoducto transguajira de PDVSA-Gas.

Mientras se persigue a los que compran y transportan para su familia alimentos, y a los que contrabandistas pequeños, los contrabandos de los militares y empresarios vinculados a la política pasan todas las alcabalas fronterizas.

Por eso nos preguntamos ¿cómo podemos erradicar el paramilitarismo con el concurso de las fuerzas policiales y militares que lo fomentan?.

Por otro lado no pedimos ya (que importa lo que pida uno, que importa lo que pidas tu), ni pedimos hace rato una solución de estado a los problemas, pues sé que los principales operadores del bachaqueo, del contrabando de extracción y de los grandes y verdaderos negocios de la fuga de divisas están en manos de los militares corruptos que ejecutan las medidas de cierre. ¿podemos pedirles garantías a estos perros de presa de las corporaciones del crimen para que una medida de cierre tenga resultados trascendentes o garantías y que no violen los derechos de los pueblos para convertirlos en chivos expiatorios delos delitos que ellos cometen.

El bachaqueo no es un derecho humano, pero sobrevivir y resistir es nuestro derecho así no encaje en el pequeño mundo emocional de la clase media que espera que se gobierne.

Lo que está en el interés del poder al cerrar la frontera es crear la apariencia  de que el crimen tiene sus perseguidores y que  se puede contener dentro de la gobernabilidad y las regulaciones, la terrible crisis de pranización y cartelización del estado y de sus cuerpos de seguridad.

Esta situación encaja perfectamente en los planes imperiales de dominación de la región y el asunto en que nos debatimos desde los movimientos sociales es si realmente tiene sentido apostar al estado gobierno, cada vez más disuelto y desmantelado por decreto de quienes lo inventaron como mecanismo de dominación, o decidirnos, cómo ya se han decidido muchas organizaciones y pueblos en todo el continente a construir una identidad de resistencia distinta a la que nos propuso la izquierda clientelar en el poder en una variable de los esfuerzos de enclave militar y de reordenamiento territorial que ya lidera la derecha.


Parece aún complicado pero no será larga la espera en que la mirada de la mayoría de las gentes vea desde una soberanía distinta a la de las fronteras, los gobiernos y carteles que operan en ellas con frialdad genocida y con absoluta coherencia. Los pueblos fronterizos ya hace rato ven desde sí mismos.

Causa Alcedo Mora: a 6 meses sin respuesta



Por razones de estado...
















Por razones de estado...

Extraído del texto: La Razón de Estado en los "gobiernos progresistas" de Gladys Guevara

Por razones de Estado la prensa oficialista debe vender la matriz de opinión de que la actual situación se debe a una "guerra económica" desatada por el imperio. Por razones de Estado, en Venezuela se desató una oleada sistemática de ajusticiamientos que son presentados ante la opinión pública como enfrentamientos. Por razones de Estado se cierran las fronteras con Colombia, y se castiga a la población más vulnerable que vive en tierras fronterizas. Por razones de Estado, el PSUV escoge sus candidatos a dedo, y luego los impone con el ardid mediático de que fueron aclamados por las mayorías. Por razones de Estado, la traición no puede ser televisada, ni difundida en radios alternativas financiadas por el gobierno, ni por impresa en ningún periódico o publicación "revolucionaria", so pena de quedarse sin papel… ("Por ahora…", porque a juzgar por el tinte que han venido asumiendo ciertas situaciones, podrían empezar a despojarnos de otras cosas más "esenciales").

Por razones de Estado, no hay que andar por allí haciendo críticas, no vaya a ser cosa que a algún "patriota" se le ocurra también como deber "nacionalista", pasar del plano de los insultos y las ofensas enviadas a nuestros correos electrónicos, al plano de la violencia física y las desapariciones forzosas.


Y a quienes critican la crítica cuando no viene acompañada de una solución, les digo: No hay recetario. Lo engañaron si alguna vez le dijeron que lo había y que formaba parte de un "legado". Nada nuevo y útil será posible dentro de las instituciones del Estado. La única alternativa es la construcción de comunas; pero no las que nos prescribió el chavismo con sus leyes discrecionales y burocratizadas, sino las que surjan de los propios intereses de las personas dispuestas al intercambio y la convivencia en comunidad. Y eso habrá de ser un día en el cual se redima la inteligencia humana, y esta especie pueda trabajar al fin en función de evitar su inexorable extinción.

El delito de ser colombiano




















Jessica Duhan

En el marco de las acciones gubernamentales de la llamada Operación de Liberación y Protección al Pueblo (OLP), ser colombiano es casi sinónimo de ser delincuente. El desarrollo de los distintos operativos ha puesto en evidencia que si la persona es colombiana, pobre y vive en un barrio está en una situación de alto riesgo.

En las últimas semanas hemos conocido de casos de personas con documentación en regla que se les ha privado de libertad solo por ser colombiano; casos de colombianos detenidos en lugares distintos a los operativos y luego son presentadas como si vivieran en esos lugares; casos de colombianos buhoneros a quienes se les quita mercancía y documentos y luego son presentados como indocumentados cuando es la propia autoridad quien les quita la documentación.

Estas actuaciones se dan en un marco de entendimiento donde todo “colombiano” es “paramilitar”, justificando de esta forma actuaciones represivas y violatorias de los derechos humanos, de ciudadanos colombianos que por distintas razones decidieron hacer vida en nuestro país.

En principio estas personas son retenidas por la autoridad para verificar sus datos y su estancia legal en el país. Muchos llevan más de 20 días “retenidos”, y uno se pregunta qué tan complicado puede ser verificar los datos que se encuentran ya automatizados en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

Estas “retenciones” prolongadas no han cumplido un debido proceso traduciéndose más bien en privaciones arbitrarias a la libertad. El artículo 44.2 de la Constitución establece las garantías con que debe contar una personas se encuentra privada de su libertad, añadiéndose en el caso de los extranjeros la notificación a la entidad consular, lo cual no se materializa al ser catalogados como “retenidos”.

La situación migratoria de las personas no puede ser la excusa para negar el reconocimiento de sus derechos, el debido proceso debe verificarse en los procedimientos a que estén sujetos.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido las “normas mínimas de debido proceso aplicables a determinaciones de estatus y exclusiones y deportaciones, como por ejemplo: a) adjudicador responsable e imparcial,b) derecho a ser oído c) información, traducción e interpretación d) representación legal e)revisión judicial, f) acceso a autoridades consulares y g) condiciones de detención apropiadas. . Además el SIDH ha establecido de manera categórica la prohibición de deportaciones o expulsiones colectivas de los migrantes “indocumentados”.

Un discurso xenófobo y la falta de garantía de los derechos humanos de la población colombiana representan un riesgo para estas personas, que por su condición de migrantes ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad.


[Tomado de http://www.derechos.org.ve/2015/08/24/jessica-duhan-el-delito-de-ser-colombiano/.]

El doble discurso aplicado a lxs colombianxs


Mientas "echan a lxs malxs"... 
a lxs buenxs les dicen:

“Yo quiero que ustedes me ayuden a una tarea especial, vamos a buscar a todos los colombianos trabajadores y honestos que estén en nuestra patria y vamos a levantar un poderoso movimiento Bolivariano de colombianos en Venezuela para defender la soberanía y la paz de Venezuela”

Nicolás Maduro, 26 de agosto 2015. Programa “En Contacto con Maduro”.



Ciegos por conveniencia: Frontera


martes, 18 de agosto de 2015

Los OPL en Aragua: confirma que hay ejecuciones



Provea

En los pasados días un video, difundido a través de redes sociales, mostraba las imágenes de varios funcionarios policiales disparando contra una persona que había sido aprehendida en circunstancias poco claras. Algunas versiones señalaban que correspondía a los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) realizados en el centro del país, sin embargo, aún se desconoce el contexto en el cual se realizó esta actuación policial.

En un reciente comunicado, la gobernación del estado Aragua reconoció que el video mostraba imágenes de un hecho ocurrido en su jurisdicción: “El gobierno bolivariano de Aragua, en nombre de todo el pueblo aragüeño, condena de manera categórica, los hechos ocurridos el pasado 05 de agosto de 2015, en el sector San Vicente del municipio Girardot del estado bolivariano de Aragua, como consecuencia de una repudiable y desviada práctica policial, realizada por oficiales del cuerpo de policía del estado bolivariano de Aragua”.

En su comunicado el gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, informó que se había instruido la detención de los funcionarios policiales comprometidos con, lo que calificó como “aborrecible y desviada practica policial”, así como la notificación inmediata al Ministerio Público, para que se inicie la correspondiente investigación penal. Asimismo “se ha ordenado a la dirección general del cuerpo de policía del estado bolivariano de Aragua, la apertura de un procedimiento disciplinario de destitución, a los oficiales que participaron en el hecho”. En opinión de Provea este procedimiento sancionatorio debe incluir a toda la cadena de mando de la policía aragüeña.

Como se recordará, las primeras informaciones sobre el operativo realizado afirmaban que los presuntos delincuentes habían perdido la vida en un “enfrentamiento”, cuando habrían intentado ingresar a una empresa metalúrgica establecida en la zona, con la intención de cometer un robo, pero los agentes de la Policía de Aragua los habrían sorprendido en flagrancia. Según los datos oficiales en esa oportunidad las víctimas mortales quedaron identificadas como Omar Efrén Ramírez Ibarra de 25 años, quien estaba solicitado por homicidio calificado, Douglas Ernesto Bolívar Reyes 24 años, Leonardo Mejías de 21 años y Nicolás Manuel Delgado Silva, de 35 años, quien poseía una cédula falsa. En el parte policial no se indicaba sobre funcionarios policiales heridos o muertos en el desarrollo del operativo.

Los hechos de San Vicente confirman la preocupación de Provea sobre la existencia de violaciones a derechos humanos en los actuales operativos policiales, entre los cuales se encuentran también en el llamado “Operativo de Liberación del Pueblo” (OLP). Asimismo, revela el fracaso de los esfuerzos para construir el llamado “nuevo modelo policial”. Fue en Aragua donde se destinaron más recursos presupuestarios para la reforma policial y para la formación de los funcionarias y funcionarios.

En su Informe Anual 2014 Provea registró un total de 189 ejecuciones policiales cometidas por organismos de ambito nacional y regional, lo que indica que esta figura tiende a institucionalizarse como una practica recurrente entre las fuerzas policiales del país. La policía de Aragua estuvo involucrada en 11 casos de violaciones del derecho a la vida ocurridas en 2014. Todo parece indicar que si no se toman los correctivos necesarios, 2015 cerrará con una cifra superior de ejecuciones y violaciones al derecho a la vida que las registradas el año anterior.


Provea insiste en su llamado a las autoridades para que se diseñe una política de seguridad ciudadana que no criminalice a los sectores populares ni nacionalidades como potencialmente delictivas, y que incluya la reforma del sistema de justicia y del sistema penitenciario.

viernes, 14 de agosto de 2015

Victoria popular ¡SE HACE JUSTICIA PARA SABINO!

Hombre Y  Naturaleza

TODOS SOMOS SABINO, SABINO VIVE!!!

















En la ciudad de Caracas el día de hoy viernes 14 de agosto se dictó la sentencia a Ángel Antonio Romero Bracho, alias “Manguera” asesino material del Cacique Sabino Romero, el veredicto final para este asesino es de 31 años y 9 meses. Justicia para el cacique valiente he indígena que luchó por el derecho de sus tierras. Aún queda pendiente la investigación y juicio para los autores intelectuales ¿Quiénes pagaron el vil asesinato del Guaicaipuro de nuestra época?

Victoria Popular, solidaridad inagotable en más de dos años de juicio, amenazas, trampas y mentiras, pero solo el pueblo salva al pueblo.

Tierra, Justicia y Dignidad para los Yukpa en Períja!!

viernes, 7 de agosto de 2015

El Subcomandante Marcos: Los Partidos Políticos



La Familia Roja a la Asamblea Nacional


Esas tan criticadas prácticas de la IV siguen siendo hoy una bendición del todo poderoso en la V.


Dicen los dirigentes del partido de gobierno: "el pueblo es el que manda"... jajajajajajaa… pero por si acaso montan gente "fiel" que los ayude a cuidar el coroto del poder.


martes, 4 de agosto de 2015

El plomo al hampa del socialismo del siglo veintiuno venezolano
















Por: Gladys Emilia Guevara

Quizás muchos de quienes me leen en este instante son empáticos con la idea de que frente al fenómeno de la delincuencia, se justifica las actuaciones represivas del Estado. No los condeno por pensar así. Sólo que debo advertirles que el pensar así, con el tiempo, de seguro los condenará a sufrir los embates del autoritarismo o los hará cómplices de injusticias de dimensiones incalculables. Así que es mejor plantearnos una reflexión más o menos seria sobre el asunto, a ver si aprendemos algo de los rápidos sucesos vividos por el pueblo venezolano en por lo menos estas dos últimas décadas signadas por aparentes cambios gubernamentales.

Por eso me resulta imprescindible entrar primero en el campo de las definiciones y las caracterizaciones de lo que hasta ahora se ha entendido en estos pueblos colonizados por delincuencia y por “control del Estado”.

Si hiciéramos una encuesta en la cual quisiéramos detectar cuáles son las representaciones mentales de los ciudadanos en torno a qué es y cuáles son las características de un delincuente, nos encontraríamos con un cúmulo de asociaciones de carácter clasista y racista. Un delincuente es un “malandro”, un “vago”, un “pandillero”. Y si les ofreciéramos imágenes que complementaran el concepto que cada uno tiene de “delincuente”, lo más probable es que relacionaran el término con personas pertenecientes a las clases pobres, y en consecuencia, mayoritariamente gente mestiza, integrante de etnias indígenas o simplemente de piel negra.

Esta situación se repite a lo largo y ancho de cualquier sociedad colonizada y neocolonizada. El dominador (¡delincuente de algo rango!) impone su lengua y sus modos de pensar al dominado, hasta el punto en que este se convierte en reproductor del sistema. Sobre el dominado pesa un cúmulo de traumas sociales que lo hacen subestimar su propia cultura, su fisonomía, el color de su piel, la textura de sus cabellos… Y sueña con ser otro, otro muy parecido a su dominador. O al menos, cercano a los hábitos, gustos y disfrutes del “amo”.

La escuela es la encargada de “sembrar civilismo”, y quien no se adecúe a ritmos de trabajo, formas de presentación personal, horarios, enfoques únicos de pensamiento, etc., se convierte en un desadaptado. Hay que obtener un cartón que te acredite como persona “apta” para el trabajo, el cual también sigue el mismo compás “civilizatorio” del resto de las actividades humanas: cumplimiento y control. Considérese afortunado si tiene trabajo y cuídese mucho de perderlo, así esté en juego su propia dignidad humana. Lo importante es la subsistencia. Prohibido decir lo que piensa, so pena de ser execrado del “proceso”.
¿El gran fenómeno comunicacional que encarnó el fallecido presidente, revirtió en forma real la mentalidad neocolonizada del venezolano?

A pesar de que todas estas situaciones eran conversadas por el desaparecido presidente Chávez, sus “agudas observaciones” dirigidas en este sentido, se convertían en puras prédicas declarativas, mecanismos de “catarsis” para que todo siguiera igual, porque la realidad del entorno en el cual él mismo se desenvolvía era extremadamente ficticia y edulcorada para el espectador incauto.  Aquella popular Lina Ron, por ejemplo, quien se batía frontalmente contra opositores al gobierno, fue blanco de miles de desprecios clasistas por parte del equipo presidencial y de sus acólitos, quienes siempre la vieron como un instrumento para “lanzarla” en contra de los enemigos, sin importarle su condición humana. Después de todo, sólo ellos y sus hijos debían sobrevivir; los pobres sólo son carne de cañón contra el enemigo. Luego podrían rendirles homenajes o indemnizar a sus familiares, para dar muestra de  “revolución”, “unidad en la lucha” y de “justicia social”. Y en el caso de Lina Ron, hasta una orden de captura formulada mediáticamente por el mismo jefe de Estado, en la cual clamaba sobre ella “todo el peso de la ley”.  Lógico. La “defensa del Estado” exige obediencia absoluta… ¿qué es eso de pensar y actuar con cabeza propia? La “participación” también está regulada por el Estado seudo socialista. Él sólo te puede indicar cuándo “saltarte” las leyes. Él sólo puede garantizarte impunidad, si te decides a delinquir.

Un cúmulo inmenso de eslóganes y frases hechas formaba parte de las declaraciones  de los funcionarios públicos y de las “opiniones” de los venezolanos. El pensamiento fue sustituido por la fórmula. La canción de Alí Primera, fiera y rebelde contra el sistema, ahora era el “perfume de la mierda” de los actos públicos, en los cuales siempre existía una élite privilegiada que observaba los actos cómodamente, y una comparsa de pobres incautos que se sentían hermanados con el poder por el solo hecho de estar detrás de la línea de seguridad que siempre los mantuvo a raya… “por si acaso”.
¿Qué intención perseguía el Estado venezolano pretendidamente socialista cuando privilegiaba la adquisición de bienes materiales como fórmula de felicidad?

Así también se hizo común y frecuente entre los funcionarios públicos y sus allegados, la cirugía estética. Y el mismo fallecido presidente, clamaba por la protección a estas “damas” que tenían todo el derecho de “mejorar” su aspecto físico. Reinas de belleza, actrices y actores hollywoodenses desfilaban por Miraflores, mientras un líder del pueblo yukpa, de nombre Sabino Romero, quien creyó su deber hacer realidad el mandato constitucional de reintegración de tierras a sus etnias ancestrales, recorría distancias entre la Sierra de Perijá y Caracas para hacerse escuchar por funcionarios que se volvieron inaccesibles, y por unos medios al servicio del gobierno, que vetaron su palabra hermana hasta casi el final de sus días. No importa, después permitirían que las salas de cine exhibieran un documental: ¡Sabino vive! Para enmendar la plana. “El muerto al hoyo y el vivo al bollo”, como bien apunta la sabiduría popular.

Y así como “todos” tenían “derecho” a las “cirugías estéticas”, también tenían derecho sobre bienes muebles e inmuebles: una mejor calidad de vida, clamaban. “La mayor suma de felicidad posible”, parafraseaban la infeliz y frustrada frase del Libertador. Y la felicidad tenía nombre de cargos públicos, viviendas regaladas, línea blanca, artefactos electrodomésticos, “vergatarios”, “canaimitas”, tablets, antenas de televisión con la misma o parecida plancha de programación basura que tanto criticaron a una supuesta “iv república”… Todo esto adquirido con créditos chinos, rusos. ¡Qué viva la Venezuela rentista!, mientras el jefe de Estado clamaba independencia económica y alertaba sobre el peligro de las “oligarquías apátridas”, que si bien constituían un peligro real, ya no tenían la facilidad de actuación de otrora, y se limitaban a torpes incursiones guarimberas, que sólo reforzaron tiempo después, la actuación represora y criminalizadora que asumió el Estado contra cualquier protesta pública, por justa que esta fuese.

¿Quién es, pues, el mal llamado “bachaquero” venezolano, sino el producto del cacareado “socialismo del siglo veintiuno”, cuya “premisa teórica” era el “amor” y el “buen vivir”, y el cual quedó consagrado en un patético corazón que sirvió de vacua publicidad en las últimas elecciones presidenciales del “Comandante Eterno”? El socialismo del siglo veintiuno daba para todo y más.
¿Por qué llaman delincuente ahora a quienes se dedican a “mejorar sus condiciones de vida” revendiendo productos de la cesta básica, si la lógica que opera en sus actuaciones fue la misma que motorizó la idea de que la felicidad viene con la asunción de las tecnologías y la adquisición de bienes materiales sin el menor esfuerzo?

¿Qué son las OLP y por qué muchos venezolanos justifican sus actuaciones?
La organización político-territorial de nuestros pueblos responde a una concepción subestimadora del poder de una mayoría pensante. Según esta concepción, los pueblos no son aptos para gobernarse y debe existir una élite privilegiada que lo haga. Representativa o participativamente, las democracias republicanas son formas en las cuales las mayorías ceden el “poder” a los supuestamente “más aptos”.

La sanción institucional, el autoritarismo frontal o el macabro poder del burocratismo, las redes familiares, el clientelismo y el compadrazgo, son manifestaciones consustanciales con la formación del Estado y el desarrollo del capitalismo en este lado del mundo. La gente las cree “natural”, y no entiende que son producto de unas formas particulares de relaciones históricas entre los seres humanos.

En consecuencia, la mentalidad de las mayorías se proyecta una única percepción de la realidad: la que han conocido hasta ahora. No se piensan sin autoridad y sin gobierno. “El caos”, sostienen. “Eso no puede ser”. Debe haber quien administre y controle. Quién premie y sancione.

¿De qué modo distinto al represivo un Estado minado de desigualdades sociales e inoperante en lo relacionado con la generación de las condiciones básicas de estabilidad nacional, puede pretender “ejercer el control” de cualquier fenómeno disfuncional que se presente en la estructura socio económica de la nación?

Pero… ¿si han repartido casas, alimentos, electrodomésticos, artefactos tecnológicos, agotando con ello “todas las medidas posibles para evitar la represión, por qué los pueblos insisten en ser “delincuentes”? Si todas esas “prebendas” no han podido sostenerse en el tiempo, es por culpa de la “guerra económica”, afirman. Así que exigimos “lealtad absoluta”. Probablemente el pueblo, lo que esté pidiendo es “mano dura”, aunque el “puño de hierro” contra la corrupción y la ineptitud gerencial que ofreciera el otrora presidente Chávez en la antesala de su muerte, sea hoy en día un finísimo guante de seda con el cual se “negocia” en las “altas esferas”. En su lugar se proyecta un “mazo” exhibido por uno de los mayores trogloditas de la política chavecista venezolana, allá en donde prolifera la verdadera delincuencia generadora de todos los males sociales: la corrupción y la venalidad de los funcionarios públicos.
Sin embargo, es necesario edulcorar la píldora. Y allí están los medios y los “miedos” para aligerar el trabajo de manipulación.

Es así como sin aún quitarse la careta de “socialistas” (aunque cada día la exhiben menos, llegando a sustituirla por la expresión de “territorios para la paz”, eufemismo alusivo directamente a la premeditada operación de exterminio de grupos que están fuera del “control del Estado”, que comenzó con la masacre de Quinta Crespo en la cual cayó ajusticiado impunemente Odreman y sus compañeros) el actual gobierno chavecista del presidente Maduro proclama su última panacea para resolver la situación de inseguridad que se vive en el país (porque ahora resulta que se convencieron que no era un asunto de “percepción de la realidad” auspiciado por los opositores, sino que era real. Antes tuvieron que tirotearles y coserles a puñaladas a sus propios peones del tablero politiquero, para que entraran en razón).
Se trata de las OLP (Operación Libertad y Protección del Pueblo), mecanismo represivo del Estado seudo socialista para suspender las garantías constitucionales en las zonas más vulnerables del territorio venezolano, sin causar mayor impacto mediático, en el ámbito nacional, pero sobre todo, internacional. La mentalidad de los dominados, por supuesto, celebra estas incursiones, casi con tanto fervor como las personas de pensamiento de derecha, para quienes la existencia de los pobres siempre será una amenaza potencial para sus privilegios.

Mediáticamente, estas operaciones son todo un “éxito”. Han logrado capturar a los prófugos más antiguos del crimen organizado, y han llevado “la paz y la tranquilidad” a sectores populares que estaban atemorizados, según cuentan, por el hampa común y el crimen organizado.

Lo cierto del caso es que los medios nacionales y la prensa en general no están reseñando lo que realmente está ocurriendo en estos operativos. Sólo nosotros, los de abajo, conocemos la otra cara de la historia oficialista.

En los Operativos de las OLP, todos nosotros somos sospechosos de ser “bachaqueros” y/o delincuentes. Todo depende del lugar donde vivamos o transitemos. Todo depende de nuestra clase social y todo lo que ella lleva implícito: forma de vestir, actuar, pensar… Todo depende de nuestro color de piel y del grado de redes familiares y/o amistosas que tengamos con el poder. Todo depende de que un mal día no nos demos de narices con el poder y la autoridad de un policía, un guardia nacional o un funcionario del Sebin de mal talante. Todo depende.

Quedan suspendidos los derechos humanos en las barriadas populares, con la tenaz asunción de las OLP, mecanismo idóneo del socialismo del siglo veintiuno para darle tranquilidad al “pueblo venezolano”. Y uno se pregunta: ¿Es que alguna vez existieron los derechos humanos en las barriadas populares o en las zonas rurales? No, pero ya no puedes dar el tradicional grito del cerdo, camino al matadero. Allí está el poeta Tarek William Saab para asegurarse de ello, e ir por el mundo entero proclamando nuestra democracia a prueba de guarimbas y guerras económicas. Y quien diga lo contrario, es sospechoso de traición.


La próxima vez que celebres una incursión de las OLP en zonas humildes del pueblo venezolano, piensa que en cualquier momento el blanco puedes ser tú,  que habrá quienes celebren el éxito de esta nueva versión del “plomo al hampa” erigida por gobiernos que sólo anuncian socialismo mientras promueven medidas neoliberales. Y que entonces, será bastante tarde para que hables de organización y unidad popular.

De Polo Patriótico a Toldo Patético


sábado, 1 de agosto de 2015

Ciudad Guayana: Saqueos, un muerto y 80 detenidos




Oriana Faoro (diario Correo del Caroní)

Una manifestación por el mal servicio de las unidades en la parada de La Económica la mañana de este viernes allanó el terreno para una sucesión de hechos violentos con un saldo de un fallecido por arma de fuego y más de 80 apresados. Cuatro comercios en la avenida Manuel Piar de San Félix fueron saqueados. “Claro que se veía venir algo así. La gente ahorita no trabaja. Bachaquea. Ese es el negocio y el pueblo pasando hambre”, señala Oscar Hernández, uno de los testigos de los saqueos de abastos que tuvieron lugar en la avenida Manuel Piar de San Félix este viernes, cuyo punto de ebullición fue una protesta por mal servicio del transporte público.

El desorden comenzó después de las 5:00 de la mañana en la parada de La Económica. Tal y como sucedió la semana pasada en paradas de Alta Vista y en el Centro Comercial Trébol, los pasajeros protestaron por la falta de unidades “porque no pasan, y cuando pasan no quieren cargar o quieren cobrar 50 bolívares”, es decir, 40 bolívares más de la tarifa establecida. La intención de tomar las unidades de Transbolívar, administradas por la Gobernación del estado Bolívar, fue impedida por la Policía Municipal de Caroní (PMC), según relatos recabados en el sitio, pero como si de un chispazo se tratara la protesta mutó a los destrozos de comercios y al enfrentamiento en la avenida Manuel Piar.

Un muerto
A las 8:30 de la mañana comenzaron los asaltos violentos a varios establecimientos. Mientras una turba saqueaba el supermercado Uniferia y el comercio Confitodo, en la avenida Manuel Piar, caía al asfalto Gustavo Patinez Gómez, de 21 años de edad, a causa de una herida de bala en el pecho. ara este momento ya estaban en el lugar efectivos de Patrulleros de Caroní, Policía del estado Bolívar (PEB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Este último escuadrón disparaba perdigones para disipar a los ciudadanos que cargaban con todo tipo de alimentos y productos plásticos de ambos comercios.
Unos metros más adelante, frente a la estación de servicio de Chirica, se produjo el saqueo de un camión de cereal que llegaba a despachar un negocio, contó Ángel Zambrano, quien iba caminando desde el sector Primero de Mayo hasta una fábrica de bloques cercana a Uniferia, donde trabaja como gandolero. “Cuánto te cuesta comprar una harina, o cualquier cosa, y es en los bachaqueros porque en otro lado no hay. En algún momento la gente iba a reaccionar”, opinó Zambrano sobre los hechos violentos.

Saquean mercado de Chirica
La presencia policial no amainó los ánimos de los ciudadanos. Tampoco el crimen de Gustavo Patinez. Después de las 10:00 de la mañana un nutrido grupo de personas continuaba saqueando comercios ubicados frente al mercado municipal de Chirica.

Mientras agentes de la Policía Municipal detenían a un individuo que tenía en sus manos un lavamanos, la gente vociferaba su rechazo a la escasez y al bachaqueo. En simultáneo, la GNB controló varios conatos de saqueo en el centro de San Félix, el Centro Comercial El Centro y una tienda en la calle Ramírez con calle Mariño trataron de ser devastadas por un grupo de personas. En este lado de San Félix las tiendas atacadas no eran de alimentos: se trató de comercios de ropa y línea blanca, según reportaron funcionarios castrenses que aseguraron haber retomado el orden del lugar.
En la avenida Manuel Piar la situación se tornó difícil. Las patrullas de la PEB, que mantenían trancada la vía de los acontecimientos, no ejercían una intimidación determinante para los manifestantes que, cercano al mediodía, ingresaron de forma violenta al mercado municipal de Chirica, que ante la tensión de las 8:00 de la mañana había decidido cerrar sus puertas para resguardarse.

80 detenidos
A las 3:00 de la tarde ya todo “se había calmado” en la avenida Manuel Piar y la Unidad de Investigación Criminal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) levantaba la planimetría balística frente a comercial Uniferia. Media hora después se desplegaron patrullas, motorizados e inclusive una tanqueta de la GNB hacia la vía a Upata ante un rumor de saqueo en negocios del semáforo de El Rosario, los cuales también permanecían cerrados desde la mañana. El asalto nunca ocurrió.

El comandante del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de la GNB, Ramón Cedeño, informó que este escuadrón logró apresar 44 ciudadanos, mientras que la PEB reportó 27 aprehendidos hacia las 4:00 de la tarde. El comandante del Destacamento 625 de la GNB, John Moncada, informaba a las 5:00 de la tarde que todos los detenidos por los tres cuerpos de seguridad eran procesados en el Centro de Coordinación Policial de Guaiparo, en donde se instaló un Tribunal Superior para procesar a los más de 80 apresados que habían confirmado a esa hora.

Patrullaje y calma
No queda claro el hilo conductor entre una manifestación y otra en San Félix, pero mientras iniciaban las pesquisas, tanto el Destacamento 625 como Desur desplegaron patrullajes en las parroquias Chirica y Vista al Sol. Como efecto de la violencia, la mayoría de los comercios de San Félix y Puerto Ordaz bajaron sus santamarías y pocos peatones deambulaban en las calles, algunas de ellas desiertas.

Extrañamente la calle Ramírez del centro de San Félix lucía limpia e íngrima un viernes de quincena, mientras efectivos militares cuidaban que no ocurriera otro estallido. La calma había retornado al que una vez se llamó Puerto de Tablas, luego de una jornada que patenta el descontento popular cultivado en las largas colas causadas por el desabastecimiento de productos básicos.


[Tomado de http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/35249-saqueos-un-muerto-y-mas-de-80-detenidos-en-estallido-por-escasez-y-transporte-en-san-felix.]