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Revolución Continental

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martes, 29 de septiembre de 2015

Táchira: "Sicariato" judicial contra quienes combaten irregularidades


"Pretenden privar de libertad a quienes denuncian acaparamiento y especulación en el Táchira", alerta 

Táchira, 26 de septiembre 2015.- Dirigentes de la organización política tachirense PORESTA reportan una información filtrada desde instancias judiciales, que les alerta del dictado de una medida de privación de libertad, a su compañero, luchador social y candidato a la Asamblea Nacional, Asdrúbal Ortíz, por los absurdos cargos de "agavillamiento" e " instigación al saqueo "
 
La medida privativa de libertad es dictada contra los ciudadanos Asdrúbal Ortíz, Joaquín Acevedo, Carlos Velásquez y Danny Ramírez, por la presunta comisión de los delitos de acción pública: instigación al saqueo y agavillamiento.
 
PORESTA rechaza de manera contundente esta acción y asegura que va contra quienes denuncian acaparamiento y especulación en el Táchira.
 
 
Sus voceros lo califican como una "retaliación política, dirigida desde el ejecutivo regional, que mueve los resortes del poder para mover a otro poder, esta vez el judicial, para tomar una especie de venganza, mientras -en paralelo- se apadrina una monopolización de la compra-venta de pollos beneficiados, y, para remate de los colmos, se desata una especie de sicariato judicial, tratando de amedrentar, acosar y reducir a prisión a quienes denuncian las irregularidades y los ilícitos comprendidos en estas prácticas hambreadoras del pueblo".
 
 
Lamentan que se haga esto "en vez de sacar de circulación a quienes desde las cercanías del poder, y haciendo fiesta del tráfico de influencias, violentan lo expresado en los decretos presidenciales y en la misma ley de precios justos, atropellando al pueblo, vendiéndole comida a precios de especulación que realmente rayan en robo descarado".
 
Señalan igualmente a esta conducta como "ventajista e inmoral", que "contraría los esfuerzos de las autoridades militares que tratan de llevar a buen puerto la operación cierre de la frontera, el estado de excepción y la defensa del pueblo, frente al bachaqueo y al accionar de los especuladores".
 
Exponen que mientras un revendedor ‘bachaquero’, de los de moto, que lleva productos a Colombia, se gana entre 5.000 y 7.000 bolívares diarios, este otro tipo de bachaquero, tipo ‘prócer apoyao’, se gana casi siete millones (7.000.000) de bolívares fuertes, en un solo día, al revender -con conocimiento y anuencia oficial-el contenido de una sola gandola con pollo acaparado".
 
Expresan su deseo de "que esta información le llegue al presidente Nicolás Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y a quienes de verdad desean que este experimento bolivariano de gobierno tenga éxito frente a tanta infamia local, que viene a sumarse a la desestabilización promovida por la oposición de la derecha venezolana y a la conspiración internacional enmarcada dentro de la guerra imperial".



miércoles, 2 de septiembre de 2015

Frontera con Colombia: y mientras tanto... sigue el show.



Opinión: Xenofobia a paso de vencedores
















Rafael Uzcátegui

El 4 de junio de 2015, después que algunas organizaciones habíamos participado en el examen al Estado venezolano sobre el nivel de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, realizado en Naciones Unidas, el presidente Nicolás Maduro asumió la batuta en la criminalización a las ONG´s. En una nota, publicada por Correo del Orinoco, se informó por lo dicho por el primer mandatario: “ONG venezolanas que son apátridas y ONG internacionales que le sirven a los intereses del imperio (…) El jefe de Estado señaló que muchas de las referidas organizaciones están constituidas por venezolanos de nacimiento”. Sí, leyó bien: venezolanos por nacimiento. En uno de sus lapsus habituales Nicolás Maduro confundió los términos, pues quería decir “venezolanos por naturalización”. Maduro se hacía eco de los comentarios televisados realizados por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien en cada uno de sus programas aludía a la procedencia colombiana del anterior Coordinador General de Provea, Marino Alvarado, naturalizado y con más de 40 años de residencia en el país. Era la primera vez que constatábamos comentarios discriminatorios contra personas no nacionales por parte del primer mandatario. Lamentablemente, era apenas el principio.

Un día después, el 5 de junio, reiteraba los deslices discriminatorios. Citamos a Últimas Noticias: “El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que Colombia, país con el que comparte la mayoría de su frontera, se ha convertido en un "exportador de pobreza" hacia el país petrolero donde, dijo, existe una comunidad de 5,6 millones de colombianos. Estos inmigrantes "se vienen y todo lo que traen es necesidad y pobreza, todos vienen buscando educación, trabajo, salud, y vivienda. Colombia se ha transformado en una exportadora neta de pobreza hacia Venezuela”. De esta manera el primer mandatario instalaba públicamente una matriz de opinión para los hechos “sobrevenidos” a continuación.

Un mes después, al desplegar el llamado “Operativo de Liberación del Pueblo” se justificaban los abusos de poder en zonas populares como acciones para detener al paramilitarismo colombiano, supuesto responsable de la situación de inseguridad, violencia y desabastecimiento padecido por el país. Las notas de prensa oficiales hacían énfasis en la cantidad de ciudadanos de tal nacionalidad detenidos en cada operativo. En el caso de la ciudad de Caracas, como ha constatado Provea, la orden era someterlos a un proceso de deportación independientemente si las personas tenían sus papeles en regla o no estaban vinculados a delitos.

El ataque de grupos armados irregulares contra militares venezolanos ha sido tomado como motivo para cerrar la frontera y dictar el estado de excepción en varios municipios fronterizos del estado Táchira, una medida desconocida en tiempos del presidente Hugo Chávez. Por citar un caso, en marzo de 2012 dos militares fueron asesinados en un enfrentamiento cerca de la localidad de Rubio, y en ningún momento el presidente ordenó lo de hoy.

El presidente Maduro falsea las estadísticas y confunde los términos para justificar la arbitrariedad. El 20 de agosto afirmó: “Del 1 de enero al 31 de julio de 2015, han ingresado legalmente a Venezuela 121.834 colombianos y colombianas nuevos. ¡Es el éxodo más grande que se da en el campo migratorio en el mundo!”. No es cierto que, en este momento, se esté viviendo una situación de desplazamiento similar a otros tiempos, cuando los efectos del Plan Colombia y el conflicto armado obligaban a cientos de familias colombianas buscar seguridad en nuestro país. Si se habla de “ingreso legal” es de personas que han sellado su pasaporte en extranjería, lo cual no tiene nada que ver con deportaciones masivas forzadas. Las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hablan de otra realidad. Hasta el año 2011 se habían recibido 19.390 solicitudes de refugio en el país, de las cuales el 98% eran de personas provenientes de Colombia. De esta cifra apenas se habían otorgado a 2.022 personas el estatus de refugiados y refugiadas.

La situación de frontera había sido descuidada hasta el día de hoy. En el año 2009 Hugo Chávez anunció la discusión y aprobación de una Ley Orgánica de Fronteras, lo cual aún se mantiene en deuda.


Cualquiera sea la condición migratoria de las personas en territorio venezolano hay derechos que no pueden ser suspendidos, como el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal. Otra garantía es la del derecho al debido proceso, por lo que el procedimiento de deportación tiene un procedimiento que debe ser respetado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecidos que los migrantes tienen derecho a ser oídos, a tener toda la información sobre el procedimiento en su contra, acceso a representación legal y revisión judicial, acceso a las autoridades consulares y condiciones de detención apropiadas.  

El estado de excepción de la mano con el Plan Colombia



Un Estado de Excepción, para perseguir, maltratar, encarcelar, torturar, vejar y humillar a los habitantes de la frontera que buscan sobrevivir de cualquier actividad o “rebusque” que los capos del contrabando o del narcotráfico, con conexiones en ambos gobiernos les ofrecen. Situación que se presenta, porque los regímenes de ambos países han sido incapaces y no les interesa generar empleos y programas para el desarrollo que de verdad dignifiquen la vida humana y eleve las condiciones materiales de existencia del sector.

Enrique Contreras Ramírez

Hay situaciones, que de verdad la publicidad y los gobiernos disfrazan y pintan el panorama que no se corresponde con la realidad, es el caso del eje fronterizo colombo-venezolano, donde ambos gobiernos en nombre del llamado ESTADO vienen efectuando operaciones militares, bajo el argumento de combatir el contrabando, el paramilitarismo, el narcotráfico, la guerrilla y demás manifestaciones delictivas, que son parte de la cotidianidad del sector fronterizo y donde la clase política se acuerda solamente cuando hay procesos electorales.

Los operativos de “seguridad”, se vienen desarrollando en los barrios marginales, donde los servicios públicos brillan por su ausencia, el desempleo a la orden del día y donde la prostitución se práctica lamentablemente para sobrevivir, el sicariato un empleo transitorio al igual que las llamadas mulas encargadas de pasar la menudencia de la coca o la marihuana, el bachaqueo para adquirir pesos y luego cambiar a bolívares, el contrato ocasional para choferes en función de pasar motos y vehículos robados. Es parte de la actividad de una frontera, donde la pobreza se manifiesta en todos los órdenes como testigo silente de la ineficacia de gobiernos que sólo han servido para llenar de hambre y miseria a nuestros pueblos.

Un Estado de Excepción, para perseguir, maltratar, encarcelar, torturar, vejar y humillar a los habitantes de la frontera, a los excluidos que buscan sobrevivir, de cualquier actividad o “rebusque” que los capos del contrabando o del narcotráfico de nuestros países – militares y civiles- vinculados a los gobiernos les ofrecen y tal situación se presenta, porque los jefaturas de ambas Repúblicas han sido incapaces y no les interesa generar empleos que de verdad dignifiquen la condición humana, ni tampoco han planificado con seriedad programas o proyectos binacionales que fortalezcan el desarrollo del espacio fronterizo a pesar de que tan importante región es la frontera más dinámica de toda América Latina.

EL FANTASMA DE LA INSURGENCIA
Acerca de esta contexto, las elites que conforman la clase política, económica y del gobierno de ambas naciones, saben perfectamente, que son culpables directos de estos escenarios de descomposición social.

Entienden, que en cualquier momento las cosas en esta frontera pueden ir más allá de lo que se pueda imaginar y saben también, que para ambos gobiernos se encuentra presente el fantasma de la insurgencia, de allí que vean a cada habitante del sector como un enemigo solapado que en cualquier momento puede insurgir contra los gobiernos de ambas naciones, ya que para nadie es un secreto que las condiciones geopolíticas del eje fronterizo colombo-venezolano se presta para tales fines.
Es aquí y no se quiere decir donde entra “El Plan Colombia” o como le quieran llamar, para evitar que el panorama se les complique y tratar de controlar a como dé lugar el “desorden”, pues más allá del llamado bachaqueo, narcotráfico, contrabando, paramilitarismo o cualquier otra forma de manifestación de éste tipo, saben ambos gobiernos que los diálogos de paz con la guerrilla colombiana que se celebran en la Habana-Cuba, no son la expresión unitaria de los grupos insurrectos, pues sectores de la misma se encuentran en desacuerdo con los llamados diálogos y siguen operando en franca desobediencia con la estructura burocrática que negocia con el gobierno del Presidente Santos.

LA VIOLENCIA HORIZONTAL

Si algo tiene como objetivo principal, “El Plan Colombia” es el de proteger las “inversiones extranjeras” (Empresas Mixtas) tanto en el territorio colombiano como venezolano, de allí que el llamado Estado de Excepción, es otro distractor para evitar que se sepa con conciencia, que ambos países, al igual que el resto de América Latina, se entregan nuestros recursos al Imperio del Gran Capital.

Para los informados de la materia, saben que “El Plan Colombia” en el campo de su doctrina militar de baja intensidad, se establece claramente sembrar el odio entre los pueblos, provocar la violencia horizontal, para evitar la unidad de los mismos, es la perversidad presente de manipulaciones planificadas y orientadas a dividir los habitantes de ambas naciones hermanas, pueblos con una misma historia y donde la dinámica fronteriza ha convertido a colombianos y venezolanos en una sola comunidad familiar, comunidad familiar que no es atendida ni por el gobierno venezolano y mucho menos colombiano.


Habrá lucha y resistencia de parte de la población fronteriza, que poco a poco ira tomando conciencia de su responsabilidad histórica siguiendo el ejemplo de quien libertara ambas naciones o como dice la canción de Alí primera, el Orinoco y el Magdalena se abrazaran para exigir ambos pueblos sus propias reivindicaciones, para lograr la justicia que a través de nuestra historia siempre ha anhelado y en ese momento, esa violencia de ese pueblo dejara de ser horizontal, para apuntar hacia los responsables de tantos problemas que a los humildes les ha tocado VIVIR, por las ambiciones de una clase política y económica, que siempre ha creído que su poder es indestructible. Ese día, esa violencia horizontal se convertirá, en violencia vertical y apuntara hacia los responsables de que el pueblo haya vivido en tanta desgracia.