Provea
Caracas, 03.10.2014.- Este 04.10.2014 se cumplen 32 años de
la Masacre de Cantaura, hecho ocurrido en dicha población del estado Anzoátegui
en el marco de un operativo conjunto en el que participaron unos 400 efectivos
del Ejército, Aviación, y la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia
y Prevención (DISIP). En los hechos fueron asesinados 23 luchadores sociales
pertenecientes al Frente Américo Silva (FAS) de la organización política
Bandera Roja, cuyas edades oscilaban entre los 16 y los 30 años.
Al cumplirse un año más de los sucesos, Provea saluda
positivamente que la Fiscal General de la República haya anunciado en su
columna de opinión publicada en el Diario Últimas Noticias el 30.09.2014 que el
Ministerio Público presentará a los responsables de la Masacre de Cantaura ante
la justicia. La Fiscal General informó que el Ministerio Público, como parte de
la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes ocurridos entre 1958 y
1998, ha logrado individualizar responsabilidades penales por los hechos
ocurridos en la población de Cantaura hace 32 años. Asimismo, añadió que se
espera la concreción de las órdenes de aprehensión libradas contra los
presuntos responsables.
En octubre de 2013 el Ministerio Público a través de la
Fiscalía 80° de Derechos Fundamentales imputó al médico forense Guillermo
Solano por su vinculación con los hechos, al presuntamente encubrir a los
autores materiales mediante la emisión de certificaciones de defunción falsas.
Por los hechos de Cantaura también han sido imputados el ex director general de
la antigua DISIP, Remberto Uzcátegui, el exdirector de Inteligencia de ese
organismo, José Domínguez Yépez y el ex comandante del Batallón de Cazadores
del Ejército, Ismael Antonio Guzmán.
Sin embargo, nos sigue preocupando que la inmunidad
favorezca la impunidad en algunos casos. Con ello, nos referimos al diputado
Roger Cordero Lara quien comandó uno de los aviones “Bronco” que bombardeó el
campamento guerrillero en Cantaura. Provea solicitó el 26.01.2011 el
allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Cordero Lara e instó a la
Asamblea Nacional a promover políticas y acciones encaminadas a facilitar las
investigaciones y las sanciones a los responsables de la masacre.
En el caso del diputado del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) Roger Cordero Lara, hay suficiente información en el
expediente de Cantaura en poder del Ministerio Público que indican que este
ciudadano participó en el bombardeó al campamento guerrillero del FAS. Nos
preocupa que hasta el presente no hayamos obtenido respuesta alguna de parte de
la directiva de la Asamblea Nacional a la solicitud de allanar la inmunidad de
este parlamentario que formulamos en 2011. Roger Cordero Lara fue ascendido a
General de División y se desempeñó como Comandante General de la Aviación
durante la gestión del ex Presidente Hugo Chávez.
Sigue siendo una obligación de la Asamblea Nacional realizar
los procedimientos administrativos para el allanamiento de la inmunidad
parlamentaria de Roger Cordero Lara, con el fin de no entorpecer el proceso de
investigación y sanciones adelantadas por la Fiscalía General de la República.
En otro sentido, no compartimos la afirmación de la Fiscal
General Luisa Ortega en la que señala que ninguna ONG de derechos humanos se
interesó en su momento por los sucesos ocurridos en Cantaura.
En su Informe Anual del año 1982, Amnistía Internacional
expresó su preocupación por los hechos y requirió al Estado venezolano
información sobre el incidente. Citamos parte del contenido expresado en el
Informe de AI “El 17 de diciembre, Amnistía Internacional pidió información
sobre un incidente ocurrido el 4 de octubre de 1982 en el que 23 miembros del
grupo guerrillero Bandera Roja fueron asesinados en una operación combinada
entre el ejército y la policía política civil, Dirección de los Servicios de
Inteligencia y Prevención (DISIP). El campamento guerrillero fue rodeado y
objeto de ataque con ametralladoras y bombardeo de aviones de vuelo bajo.
Debido al incidente en Cantaura, estado Anzoátegui, se creó una comisión de
investigación por parte del Congreso y del Fiscal General al enterarse que no
hubo sobrevivientes, y que las víctimas habían sido enterradas en tumbas sin
practicársele autopsias. El ejército se negó a devolver los cuerpos a los familiares,
o permitir autopsias por el médico forense civil. Aunque a las familias se les
permitió recuperar los cuerpos 10 días más tarde, el ejército siguió negando
las autopsias. El oficial comisionado
por el Fiscal General para realizar las exhumaciones el 14 de octubre fue
sacado por la fuerza del cementerio con el argumento de que la investigación
era un asunto exclusivo de la jurisdicción de los Tribunales Militares.
Amnistía Internacional expresa preocupación por la afirmación del ejército a
ese respecto y da la bienvenida a las declaraciones de la oficina del Fiscal
General de que continuaría su propia investigación."
Recordamos igualmente que en el año 1999 Provea, mediante
una acción de amparo constitucional logró que fueran desclasificados los expedientes
de la Masacre de Yumare, el cual estaba clasificado por la justicia militar
como secreto. Esa acción permitió avanzar luego en las investigaciones y
reapertura del caso en los tribunales civiles y ayudó a generar un precedente
importante que favoreció las investigaciones de otras masacres ocurridas en el
país, en las que la justicia militar había dictado sentencias librando de
responsabilidad a los culpables bajo el argumento de actuar en legítima
defensa.
También en los próximos días se cumplirá otro año de la
Masacre de El Amparo ocurrida el 29.10.1988, y en la que 14 pescadores fueron
asesinados por efectivos del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP), un
grupo creado en 1987 e integrado por funcionarios de la Policía Técnica
Judicial (PTJ), DISIP y miembros de las Fuerzas Armadas. La mayoría de los
señalados como autores materiales e intelectuales de estos hechos siguen bajo
el amparo de la impunidad, y buena parte de ellos han ejercido funciones
públicas en los últimos 10 años, entre ellos el actual gobernador del estado
Anzoátegui Ramón Rodríguez Chacín. Por tal razón, seguimos exigiendo justicia y
exhortamos al Ministerio Público a presentar a los responsables de la Masacre
de El Amparo ante la justicia.
Alentar las investigaciones y no obstaculizarlas, es lo
apropiado para que los familiares de las víctimas y el pueblo venezolano tengan
la satisfacción de celebrar que dichas violaciones tuvieron la sanción
respectiva. En tal sentido invitamos a la Comisión por la Justicia y la Verdad
a presentar al país los avances que hasta ahora ha logrado en la investigación
de los crímenes cometidos entre 1958 y 1998, entre ellos la Masacre de Cantaura
y la Masacre de El Amparo cuyas víctimas directas e indirectas aún esperan
justicia.
