AAAAAAAAA LAAAA CAAAARRRGA
La
corrupción empieza por casa
diciembre 11, 2013
Tomado del Blog de Rafael Uzcátegui
¿Era necesario aprobar una Ley Habilitante para luchar contra la corrupción? La
respuesta es no. Bastaba con tener la voluntad política de aplicar la Ley
contra la Corrupción, aprobada durante la primera gestión del presidente Chávez
en abril de 2003, cuando aún no se había olvidado que las razones de su
insurgencia era el rechazo a las irregularidades de los funcionarios públicos.
La normativa
de 98 artículos de haberse aplicado con respeto al debido proceso, hubiera
fortalecido la institucionalidad democrática, limitando diversos desafueros que
motivaron a que el presidente Maduro pidiera poderes extraordinarios para
enfrentarlos.
Cuando el primer mandatario ha hecho de la probidad y la lucha contra la
corrupción su bandera personal, no puede poner como ejemplo a los funcionarios
públicos de alto rango.
Provea, como parte de los resultados de su Segundo Informe sobre la Ejecución
de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) ha documentado como, entre los años
2012 y 2013, hasta el momento en que este artículo se escribe, se han utilizado
los recursos públicos de la misión para favorecer a candidaturas del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Y precisamente este uso irregular de los recursos públicos es tipificado como
un delito en el artículo 68 de la Ley contra la Corrupción, el cual establece
que “El funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo
para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o
movimiento político será sancionado con prisión de 1 a 3 años”.
De esta manera en las campañas electorales realizadas en los dos últimos años
la GMVV ha sido utilizada en, por lo menos, 23 oportunidades para beneficiar
candidaturas oficialistas.
8 de los casos documentados han sido en la actual campaña electoral para
alcaldes correspondientes a las elecciones del 8 de diciembre de 2013, mientras
que 15 casos corresponden a la campaña para gobernadores de las elecciones del
pasado 15 de diciembre de 2012.
El uso de
recursos públicos para beneficiar a candidatos a cargos de elección popular,
además, viola las siguientes normativas: Artículo 34 de la Ley del Estatuto de
la Función Pública; Artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales;
Artículo 204 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales;
Artículos 221, 222 y 223 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos
Electorales. Y como si no fuera suficiente, viola el principio constitucional
de no discriminación (artículo 21) y el artículo 2 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
Debido a la sistemático patrón de participación de altos funcionarios del
Ejecutivo en la entrega de viviendas en actos que cuentan con la participación
de candidatos a cargos de elección popular, así como elementos propagandísticos
del PSUV, Provea sostiene que el uso proselitista de la GMVV se ha convertido
en una política de Estado.
En 8 de los 15 casos registrados en el 2012 (53%) de uso de recursos públicos
de la GMVV para favorecer candidaturas electorales contaron con la propia
participación del ministro de vivienda Ricardo Molina.
En ese
período se registraron 4 situaciones diferentes en las que el candidato a la
gobernación del Zulia entregaba casas de la GMVV, las cuales incluso eran
otorgadas a sus beneficiarios exhibiendo material alusivo de su campaña.
En la actual campaña para alcaldías, el 100% de los casos han ocurrido en el
estado Zulia, favoreciendo ilegalmente la candidatura de Miguel Perez Pirela,
del PSUV a la Alcaldía de Maracaibo, en 6 de los casos (75%) contando con la
participación del hoy gobernador Francisco Arias Cárdenas.
En estos últimos casos el principio constitucional de no discriminación ha sido
violado a tal grado que los beneficiarios de las viviendas son fotografiados
con franelas alusivas a la campaña y han realizado declaraciones en donde
manifiestan su apoyo a la candidatura del PSUV.
Si la propia ley que el oficialismo aprobó en años pasados se cumpliera, por lo
menos el Ministro Ricardo Molina y el gobernador del Zulia Francisco Arias
Cárdenas debieran enfrentar penas de entre 1 a 3 años de privación de libertad.
Por otro lado, en caso de que Pérez Pirela fuera electo para la Alcaldía de
Maracaibo, el origen de parte de los recursos para la realización de su campaña
tuvieron origen en actos de corrupción.
El mensaje que se difunde en todos estos actos es que para ser beneficiario de
una casa de la GMVV hay que simpatizar con las candidaturas del partido
oficial. Se discrimina así de las políticas sociales a una parte importante de
la población por razones políticas e ideológicas, por lo que es posible afirmar
que la exclusión, por una u otra causa, sigue siendo una constante del Estado
venezolano.
Presidente Maduro: Coincidimos con usted en la
lucha contra la corrupción. Pero debe empezar poniendo el ejemplo por casa,
castigando especialmente ilícitos que vulneren derechos humanos. |