Partido Socialismo y Libertad
La reciente declaratoria del “Estado de Excepción” en cinco
municipios de Táchira, estado fronterizo con Colombia, pone en evidencia los
desesperados esfuerzos del gobierno del presidente Maduro por adelantar
acciones efectistas, con fuerte contenido antidemocrático y reaccionario, con
las cuales desviar la atención de los problemas centrales que aquejan a los
trabajadores y al conjunto de la población venezolana, precisamente en año
electoral.
Amparándose en acciones repudiables desde todo punto de
vista, como el atentado criminal contra varios funcionarios militares, así como
el paramilitarismo y contrabando existente en la zona desde hace muchos años,
el gobierno asesta un fuerte golpe a la población fronteriza al restringirle
sus derechos democráticos al libre tránsito, reunión, protesta, respeto a sus
bienes personales y la inviolabilidad de sus domicilios; a la par que adelanta
una brutal cacería de brujas contra inmigrantes colombianos asentados en la
zona, generando una grave crisis humanitaria.
Todo esto se produce en el contexto de una profundización de
la restricción a las libertades democráticas, a través del Operativo de
Liberación y Protección del Pueblo (OLP), puesto en práctica en todo el país,
con el argumento de la lucha contra la delincuencia y el paramilitarismo.
La brutal arremetida contra inmigrantes colombianos
asentados desde hace muchos años en la zona, es utilizada para seguir
exacerbando los ánimos nacionalistas y xenófobos, que lamentablemente anidan en
un sector de la población, contra inmigrantes a quienes se les acusan
injustamente de ser los responsables de los males que tienen sumida en una
profunda crisis económica, política y social al país, cuando todos sabemos que
no es así.
En el pasado puntofijista, los gobiernos adeco-copeyanos
utilizaban este expediente en momentos de crisis para ocultar los problemas que
atravesaba la población. Lo cual repite hoy un gobierno que se autotitula
falsamente “socialista” y “humanista”.
Las imágenes del desalojo de sus humildes viviendas y la
entrega a las autoridades colombianas de más de mil inmigrantes, la demolición
de centenares de viviendas, las restricciones a las personas que estudian o
trabajan del otro lado de la frontera, quienes tienen que obtener un permiso de
la alcaldía de San Antonio para cruzar el puente, los atropellos a mujeres,
niños y ancianos humildes, atestiguan que se trata de la más aberrante
humillación contra hermanos colombianos, cuyo único delito es ser pobres y
trabajadores, que en su deseo por sobrevivir a la violencia en Colombia se
asentaron en una zona que les permitiera tener acceso a trabajo e ingresos para
la subsistencia de sus familias.
Todo el mundo sabe en la frontera que los verdaderos
responsables del bachaqueo, el contrabando de gasolina, y el tráfico de drogas,
son generales, funcionarios de la Guardia Nacional, policías, alcaldes,
gobernadores y altos funcionarios de los gobiernos de ambos países. Son grandes
mafias amparadas por el poder estatal a ambos lados de la frontera, a los
cuales no se les toca ni con el pétalo de una rosa.
Pero más allá de estas medias efectistas, tipo “Dakazo”, con
fuerte contenido electoral, lo que queda en evidencia es la total y absoluta
incapacidad del gobierno nacional y regional, de la Guardia Nacional Bolivariana,
de la Policía Nacional Bolivariana y de las autoridades aduaneras para hacer
frente al contrabando, el paramilitarismo y el narcotráfico.
¿Como se explica que Táchira, un estado con fuerte presencia
militar y policial, siga siendo un gran agujero por el cual se evaden millones
de litros de combustible, toneladas de productos alimenticios con precio
regulado, o actúen a sus anchas las mafias ligadas al narcotráfico? ¿Será que
precisamente todas estas entidades están involucradas directamente con la corrupción,
el narcotráfico, el contrabando a gran escala y las bandas armadas, y sólo
tienen capacidad para reprimir y desactivar las protestas populares?
El vulgar nacionalismo xenofóbico del gobierno
Los discursos de “integración”, de la “unidad de los pueblos
latinoamericanos”, de “jugarse por los más pobres del mundo” o del “profundo
amor” que se tiene por la población colombiana, tantas veces proferidos por
Chávez y por Maduro, hoy se ponen en evidencia como eslóganes publicitarios
electoreros, huecos, falsos e inconsecuentes. Estas medidas no van contra la
oligarquía colombiana y las bandas paramilitares que supuestamente dicen
combatir; se trata de acciones que cultivan la xenofobia contra los
trabajadores y los pobres de la hermana República, víctimas precisamente de la
oligarquía colombiana y los grupos paramilitares, que han tenido que
desplazarse en forma forzosa de sus territorios para poder preservar sus vidas.
Y hoy el gobierno venezolano en un acto de barbarie les destruye sus escasos
bienes, les “señala” como indocumentados y los “marca” como deportados para
entregarlos a las “autoridades colombianas” que defienden los intereses de la
oligarquía.
Con la movilización detengamos la restricción a las
libertades democráticas
Con esta actuación el gobierno avanza en la restricción de
libertades democráticas, y no dudará en apelar a más medidas reaccionarias que
tienen un carácter preventivo, para evitar protestas y estallidos de la
población, ante la grave crisis económica y social que padece el pueblo
trabajador.
El gobernador del Táchira, Vielma Mora, ha propuesto ampliar
el estado de excepción a otras regiones, y el gobernador del Zulia, Arias
Cárdenas, ha planteado hacer lo propio en su estado. Por eso, es previsible que
se amplíen estas medidas en el futuro inmediato hacia otros estados
fronterizos, para seguir restringiendo los derechos democráticos del conjunto
de la población venezolana, enrareciendo el clima social y político a pocos
meses de la elección de diputados a la Asamblea Nacional.
Las maniobras arbitrarias y abusivas del CNE contra varios
candidatos independientes, muchos de ellos presentados por nuestra tarjeta del
PSL, nos hacen alertar con total responsabilidad al conjunto de la población
sobre los riesgos de que se acentúe la tendencia antidemocrática del gobierno
del presidente Maduro para lesionar los derechos de la población.
Tendencia antidemocrática que también se hace presente con
la implementación del plan de seguridad denominado “Operativo para la Liberación
y Protección del Pueblo”, emparentado con el Plan Un ion del puntofijismo, y la
Ley de Vagos y Maleantes, el cual se ha convertido en una peligrosa campaña que
garantiza la criminal acción de “limpieza” social.
Ya se cuentan por decenas los “abatidos” en supuestos
enfrentamientos armados, donde curiosamente no hay ni un policía herido, más
bien ejecuciones sumarias, como en el caso de Aragua, de la que existen videos
y fotografías que lo evidencian. Y se detiene e incrimina a miles de personas en
forma arbitraria. La OLP no es más que la criminalización a gran escala, y con
toda seguridad se utilizará contra el conjunto de la población cuando quiera
movilizarse para protestar. Esa es la esencia de estos planes.
Por lo anterior llamamos a Provea, a otras organizaciones de
derechos humanos, a sindicatos y organizaciones sociales y comunitarias a
convocar una rueda de prensa para rechazar las deportaciones indiscriminadas en
la frontera y repudiar la OLP.
Es la hora de la unidad del pueblo trabajador, para que
movilizados en la calle le paremos la mano a este gobierno, que en su afán por
atornillarse en el control de la renta petrolera, no duda en acudir a medidas
extremas para reprimir y limitar los derechos democráticos, políticos,
económicos y sociales de la población.
