VENEZUELA: ¿Impunidad como política de Estado?

Rafael Uzcátegui

Recientemente Luisa Pernalete, educadora popular y miembro de la Asamblea de Provea, afirmó que la impunidad era una de las causas de la violencia en nuestro país, contabilizando en 91% los homicidios que en Venezuela quedaban sin castigo.

Que de cada 100 asesinatos la cifra de 91 queden sin resolverse es reflejo de las irregularidades que orbitan alrededor del sistema de administración de justicia. La impunidad se ha convertido así, después de la pobreza, en una de las principales violaciones a la dignidad humana. Esta situación se ha hecho extensiva a los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos ocurridos en el país.

Este 03 de julio se cumplirán 04 meses del asesinato del Cacique Yukpa Sabino Romero, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, crimen cometido por sicarios en la Sierra del Perijá con la presunta complicidad de funcionarios de la Fuerza Armada, como denunciaron integrantes de la comunidad Shaktapa de donde era oriundo quien se había convertido en un símbolo de la resistencia indígena.

Las consecuencias de la acción criminal no se detuvieron allí. Una situación de alto riesgo corren en este momento los propios hijos del Cacique. Ellos son Isidro Romero y Sabino (“Sabinito”) Romero a quienes, según denuncias realizadas por personas vinculadas a la lucha Yukpa, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas pretende incriminar en hechos delictivos como parte de un plan que justificaría después su asesinato en un “enfrentamiento”.

Es importante recordar que Sabinito es testigo clave para investigar el asesinato de su padre.

El Estado venezolano tiene la obligación de proteger la vida de los hijos del Cacique Sabino Romero y de Lusbi Portillo, como ha sido solicitado formalmente desde diferentes iniciativas populares.

Recordemos que el pasado mes de marzo Sabinito e Isidro fueron torturados por el ejército.

Ellos formalizaron la denuncia ante el Ministerio Público y aún se espera por los resultados de la investigación. Habrá que ver cuál será la voluntad política para establecer responsabilidades.

En su momento denunciaron que habían sido amarrados de un carro Tiuna y golpeados por un teniente de apellido Pérez.

También corre alto riesgo el profesor Lusbi Portillo reconocido defensor de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas quien el pasado 15 de mayo, denunció que había sido informado de fuentes confiables sobre la contratación de dos sicarios para darle muerte y que posiblemente estarían involucrados ganaderos de la zona y funcionarios policiales.

Contra Lusbi, además, se ha desatado en varias oportunidades una ofensiva mediática pretendiendo responsabilizarlo intelectualmente de las distintas protestas organizadas por el pueblo Yukpa para reclamar una justa demarcación de tierras, la cual se encuentra paralizada, entre otras razones, por la profundización de la economía extractiva como modelo de desarrollo para el país.

Precisamente los territorios indígenas son ricos en diferentes tipos de minerales y recursos energéticos, que están siendo comprometidos por el Estado en negociaciones a futuro con el mercado internacional globalizado.

Con la campaña contra los luchadores ambientalistas e indígenas se ha criminalizado su labor creando un ambiente favorable para su neutralización simbólica e incluso para su liquidación física.

Una acción preventiva importante es garantizar una investigación transparente y pronta sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato del Cacique Sabino.

La impunidad favorecerá que se continúen cometiendo crímenes contra los integrantes del pueblo indígenas Yukpa.

Pero otra medida importante es que se  realice una adecuada demarcación de tierras y se pague pronto y de manera justa  lo referente a las haciendas y parcelas existentes en lo que debería ser el hábitat del pueblo Yukpa.

Los compromisos asumidos recientemente por alto gobierno con los indígenas deben cumplirse en los tiempos establecidos.

En la medida en que se logre bajar las tensiones que han prevalecido en la zona de la Sierra de Perijá en los últimos años por los reiterados incumplimientos del gobierno y las acciones arbitrarias de algunos ganaderos, se garantizará un clima más apropiado para el diálogo con la comunidad y la satisfacción de las exigencias que durante años vienen reivindicando.

De parte del alto gobierno y las instituciones del Estado está hoy la responsabilidad de evitar que sigan produciendo hechos de violencia contra el pueblo indígena Yukpa, evitando que la impunidad en el caso Sabino Romero no sea la norma, como sí lo ha sido en los casos de los asesinatos de otros luchadores populares como Joe Castillo, Mijaíl Martínez y los sindicalistas Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena.

El Ejecutivo, que ha sido muy diligente en promover la investigación de los llamados “crímenes del pasado”, en contraste ha sido ineficaz e indolente con los asesinatos de los luchadores sociales en los últimos años, y como dicen las cifras, en general con todos los delitos contra la vida de las personas.

¿Estamos en presencia de una estrategia de impunidad como política de Estado?

Perversa complicidad entre funcionarios públicos y ganaderos

LA GUARURA

ANNA

En horas de la tarde de ayer, y después de sufrir permanentes hostigamientos en las sucesivas alcabalas que atravesaban nuestros hermanos yukpa, en su afán de llegar a Caracas a manifestar ante las autoridades del gobierno central todo su descontento frente a las actividades de demarcación, pago de bienhechurías a los ganaderos y sistemáticos asesinatos de indígenas, fue detenido ayer en el puesto de la Guardia Nacional de Valencia, el compañero Cristóbal Fernández, hijo de la cacica Carmen Fernández  y hermano del recientemente asesinado Alexander Fernández.

Cristóbal venía a Caracas a pedir justicia para su joven hermano Alexander, quien como todos sabemos fue secuestrado de su propia casa y asesinado con dos tiros en sus ojos el 23 de junio de 2012. Este joven yukpa, compañero de prisión del cacique Sabino Romero, no murió instantáneamente y pudo incluso decir el nombre de su asesino. Sin embargo, nada de esto importa a las leyes de un Estado cuyas estructuras coloniales de justicia aún mantienen al indígena en situación de minusvalía y debilidad jurídica. El asesino sigue libre y despliega todo su poder para detener el clamor de los familiares de la víctima.

Gracias a la intervención de algunos compañeros de lucha, se logró saber que el Capitán Guerrero, jefe del Puesto de la Guardia Nacional que retuvo a Fernández, informó que recibió órdenes expresas del Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, para trasladar detenido con una Comisión de este cuerpo militar, al compañero Cristóbal Fernández al Comando 3 de Maracaibo. Sin embargo, sus familiares no han tenido contacto con él. Sabemos que el compañero tenía un teléfono celular, y sin embargo, no ha podido hacer contacto con nadie. No sabemos con certeza dónde se encuentra.

No podía Cristóbal llegar a Caracas. El sistema de complicidad entre ganaderos-funcionarios públicos operó eficientemente. Y es así como las leyes burguesas detienen a las víctimas (a quienes fácilmente criminalizan) y dejan libres a los victimarios; en una doble sanción al más humilde: castigo a la pobreza de los indígenas que no pueden comprar su libertad como sí lo hacen los ganaderos y sus sicarios, y castigo al origen étnico de los compañeros yukpa.

Exigimos un pronunciamiento inmediato de las autoridades de un gobierno que reelegimos en la esperanza de profundizar la participación y el protagonismo popular, seguros de que la derecha venezolana jamás podrá brindarnos nuevas formas de relaciones que permitan la formación de una sociedad menos desigual. Pero nos resulta inaceptable que hechos como éstos sigan ocurriendo, y lo que es peor, que sean avalados por altas autoridades del Estado venezolano.

Exigimos la libertad inmediata del compañero Cristóbal Fernández y rechazamos desde ya todo acto de criminalización de los familiares de una de las víctimas del sicariato ganadero de Machiques de Perijá. Y desde ya anunciamos que los colectivos sociales de Caracas se encuentran bien informados de todo cuanto acontece con nuestros hermanos yukpa, y que no permitiremos que sean sacrificados sus derechos por intereses oscuros de un Estado-gobierno que pareciera enrumbar sus pasos hacia la falsa premisa de que explotando el subsuelo en el cual se hallan las etnias indígenas, logrará ingresar en la categoría de potencia energética en el concurso de los países del Mercosur, en donde como ya sabemos sigue prevaleciendo el orden capitalista.

¡Repudio Nacional a la confabulación entre funcionarios del Estado venezolano y ganaderos de la Sierra de Perijá! ¡Fuera la derecha entreguista enquistada en el Estado venezolano! ¡Qué viva la dignidad del pueblo yukpa! ¡Qué viva Sabino Romero y todos los caciques que no traicionan la memoria de sus ancestros y de los guerreros y guerreras caídos recientemente en combate por la Tierra! ¡Qué viva por siempre y para siempre Alexander Romero!