lunes, 16 de junio de 2008
Por la defensa de la Sierra de Perijá y en contra de la explotación del carbón.
Por:RADIO ECOS 93.9 MERIDA-VENEZUELA.
El pasado miércoles 4 de junio de 2008, tuvimos el placer de entrevistar a Lusbi Portillo profesor de lógica en la Universidad del Zulia y miembro principal de la ONG, Homo et Natura, organización ecológica reconocida a nivel mundial por su importante labor en contra de la explotación del carbón en la Sierra de Perijá, a razón de encontrarse en la ciudad de Mérida por el I Encuentro Nacional de Etnias Indígenas por la Demarcación de sus Territorios.
En este programa especial, el activista se refirió sobre la importancia y urgencia que la Asamblea Nacional apruebe la Ley de Demarcación de territorios indígenas como lo contempla la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en su articulo 119 el cual establece ”Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescribibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley”. Hasta los momentos el Ejecutivo y la Asamblea Nacional no han puesto empeño en la redacción de esta ley y han retrasado la discusión con los sectores indígenas, así mismo el profesor Portillo menciono que el Segundo encuentro se realizará en el próximo mes de Agosto.
En este conversatorio no se podía dejar pasar la oportunidad de dialogar sobre la situación actual de la explotación del Carbón en la Sierra de Perija; que gracias a la enorme movilización de los sectores indígenas y colectivos sociales comprometidos con las luchas populares en el 2005 y 2006, tanto a nivel nacional como internacional, se detuvo el proceso de apertura de 8 minas mas a las 2 existentes que están en plena explotación del contaminante negro y han causado daños irreversibles al medio ambiente y a las tierras de las etnias que milenariamente tienen su hogar en estas tierras, pisoteando los derechos de estas personas contempladas en nuestra Carta Magna como los Artículos 30, 83, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, solo por mencionar algunos.
El activista Lusbi Portillo, describió los enormes daños ambientales que han ocasionado estas Trasnacionales de explotación del Carbón y los oscuros intereses que se esconden detrás de la concesiones para este tipo de actividades; de igual manera el dirigente ambiental hizo mención sobre el saldo económico que la explotación del negro mineral deja al país "Actualmente el carbón representa sólo el 0,034 % de los ingresos para el gobierno nacional" dijo Portillo "El carbón no es muy significativo en términos de producción económica," continuo el activista de Homo et Natura "Sin embargo, el carbón es importante en otros países como los EEUU, que consume 900 millones de toneladas al año y el grueso de la producción nacional se importa a Colombia y al coloso imperialista del norte”.
Persecuciones e intentos de homicidios
En cuanto a la ocupación ilegal de tierras por parte de ganaderos y hacendados, El Profesor Lusbi Portillo enfatizo que estas tierras antes de ser entregadas a sus dueños ancestrales, primero que nada deben ser “saneadas”, territorios libres de mineras, de terratenientes y ganaderos que han usurpado tierras indígenas para sus actividades económicas, lo cual ha ocasionado la ocupación de varias fincas y haciendas de parte de las etnias por lo que los pseudos propietarios han intentado asesinar en varias oportunidades con apoyo de grupos paramilitares a dirigentes indígenas propiciadores de estas ocupaciones por demás dignas, legitimas y legales.
Para finalizar, el Profesor de la Universidad del Zulia hizo un llamado a todas las organizaciones ambientales, políticas y sociales a mantenerse alerta y en pie de lucha no solo para que se paralicen las concesiones a mineras, sino para que sean inmediatamente revocadas las actuales concesiones que han devastado gran parte del territorio originario de las etnias Barí, Yucpa, y Wayuu e hizo un llamado al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional para que se apronten a resolver de manera inmediata la propiedad y uso de las tierras por parte de sus propietarios ancestrales.