En diciembre de 2009, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley para la Protección de la Fauna Doméstica, Libre y en Cautiverio”, un adefesio tramposo cuyo único fin es proteger a los empresarios que se lucran con espectáculos basados en la violencia contra los animales, tales como las corridas de toros, toros coleados, peleas de animales, circos con animales, y otros.
Para lograr este despropósito, la Asamblea Nacional violó sus propios procedimientos, al desechar el proyecto de ley aprobado en primera discusión en el año 2007, que estaba claramente orientado hacia la protección animal, si bien contenía errores de técnica legislativa; aprobando en segunda discusión un texto completamente distinto. La ley que ha sido sancionada y que el presidente Chávez ha firmado para su aplicación, es un texto espurio, que no fue sometido a las dos discusiones previstas, sino que fue introducido de contrabando en la segunda discusión del proyecto aprobado en 2007.
Entre otras incomprensibles contradicciones del texto legal, se plantea que los circos deben contar con jaulas que permitan a los animales “moverse con libertad”. El primer artículo de la ley establece como su objeto la protección de los animales domésticos, pero luego se faculta a las autoridades municipales para normar la realización de espectáculos que implican la muerte y tortura contra animales con fines fútiles. En este sentido, la ley es discriminatoria, pues multa con 71 a 100 unidades tributarias al ciudadano particular que incurra en “el maltrato de animales que les cause la muerte”, pero al mismo tiempo permite que empresarios realicen este mismo acto, pero como espectáculo con fines de lucro, lo cual en sana lógica debería ser considerado más bien un agravante. En este caso, el empresario no paga ninguna multa, sino que por el contrario puede recibir subsidios estatales, como ocurre con la tauromaquia en Mérida, que es financiada por las autoridades regionales y municipales.
El proyecto aprobado en primera discusión prohibía los maltratos a los animales con fines de entretenimiento público. Ahora, en cambio, estos espectáculos son legalizados y se transfiere a las autoridades municipales la competencia de regular las corridas de toros, peleas de animales, toros coleados, y otros espectáculos violentos a través de ordenanzas. Hay que recordar que el propio presidente Chávez tuvo un papel gris luego de la aprobación del primer proyecto de ley, al declarar públicamente que estaba en contra de cualquier limitación a estas actividades, abogando fervorosamente a favor de los toros coleados.
Debemos denunciar con claridad y contundencia la actuación de la Asamblea Nacional, que ante los reclamos y las movilizaciones populares en apoyo al proyecto de ley aprobado en 2007, optó por escuchar la voz del empresariado, particularmente de las empresas cerveceras y taurinas, expresada a través de costosos remitidos de prensa. La Asamblea Nacional demostró una vez más que cumple a cabalidad el papel de protector de los intereses del capital, por encima de cualquier consideración humanística, y dejó en ridículo todos los pomposos discursos oficiales acerca de los nuevos valores socialistas. La mayoría de los diputados demostró tener mucho en común con los promotores de corridas y peleas de animales provenientes de las filas de la derecha. No es casual que en Mérida, por ejemplo, el alcalde copeyano y el gobernador del PSUV se abracen y lancen públicamente una “alianza taurina” para promover las corridas de toros (http://www.laclase.info/ecologia-y-medio-ambiente/gobernador-de-merida-invierte-mas-dineros-publicos-en-la-tauromaquia). Esos mismos abrazos entre supuestos antagonistas políticos unidos por sus intereses económicos, se han dado en la Asamblea Nacional y han quedado plasmados en la ley.
Nosotros, en cambio, consideramos que una sociedad que practica la tortura y la muerte de los animales como espectáculo es una sociedad dispuesta a tolerar las mismas aberraciones, maltratos y explotación entre seres humanos. La Asamblea Nacional demostró estar del lado de los explotadores y los mercenarios de la violencia contra los animales, y apostar por la continuidad de las tradiciones bárbaras del período colonial.
En abril de 2007, a propósito de la aprobación de la primera discusión del proyecto de ley original, nuestras organizaciones suscribieron una declaración titulada "La Ley de protección animal es una conquista del pueblo venezolano" (http://www.aporrea.org/actualidad/a33687.html), en la que planteábamos: “Los enemigos más furibundos de esta Ley (aprobada en primera discusión) son aquellos agentes económicos que obtienen lucro de la violencia en contra de los animales. En Venezuela, actividades como el coleo y las corridas de toros están asociadas al consumo de alcohol, y encuentran en las compañías licoreras a sus principales patrocinantes. Estos poderosos representantes de la economía del vicio y la violencia ejercen toda clase de presiones en favor de mantener vivo el circo romano en el siglo XXI. No es sólo en defensa de los animales que se condenan estas actividades, sino también por la dimensión social de aquellos espectáculos de masas que se centran en la violencia y la muerte. El trato que una sociedad brinda a los animales refleja los valores que la sustentan. La aprobación definitiva de esta ley es un paso más en el tránsito hacia una sociedad justa y solidaria”.
Pues bien, la conquista obtenida en la aprobación de la primera discusión de la ley de protección animal fue revertida, y por ahora han obtenido una victoria los empresarios que trafican con la violencia contra los animales, apoyados por sus socios pseudorrevolucionarios. Mientras que cada vez se hacen más estrechos los círculos sociales en los que se toleran las peleas de animales y los espectáculos sangrientos, y en la propia España cada vez se limita más la exposición y promoción de las corridas de toros, (en la ciudad de Barcelona se ha aprobado la abolición de esta práctica bárbara y anacrónica), en Venezuela las mafias empresariales y gubernamentales se dan la mano nuevamente para proteger un negocio sucio. Podrán posponer pero no evitar la futura prohibición de estas actividades brutales, herencia viva del circo romano, pues cada vez más personas se movilizan y expresan a viva voz su rechazo hacia los espectáculos centrados en el maltrato animal. Contra un pueblo consciente y movilizado, nada podrán un puñado de capitalistas y burócratas.
Por: Colectivo Libre Aquiles Nazoa, Colectivo de Montañismo y Ecologismo Tatuy, ORCA, ECOS 93.9
