Por: Rafael Uzcátegui
El pasado 26 de noviembre se cumplieron dos años de impunidad en el asesinato del joven defensor de derechos humanos Mijaíl Martínez, hecho ocurrido en la ciudad de Barquisimeto en el año 2009. Como se recordará, ese día tres sicarios se acercaron a su hogar a tempranas horas de la mañana y le realizaron varios disparos en el pecho, los cuales le quitaron la vida. El joven era colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (Covicil) y, en el momento de su homicidio, realizaba un documental sobre la lucha de las personas de bajos recursos en la ciudad contra los delitos cometidos por funcionarios policiales. Diferentes organizaciones populares de la región, incluyendo al propio Covicil, han denunciado la existencia en la ciudad de escuadrones parapoliciales que actuaron bajo el presunto amparo de altos ex funcionarios en la región. Mijaíl era hijo un ex diputado de la asamblea legislativa del estado Lara, quien fiel a su activismo por las causas populares continuó, bajo su rol parlamentario y dentro del MVR, la denuncia de las irregularidades cometidas por los funcionarios policiales contra los sectores humildes. Ese año, precisamente, el diagnóstico de Provea ubicaba a PoliLara como la principal institución policial regional de mayores violaciones al derecho a la vida. Hay quien asegura, como lo hizo Heinz Dieterich en un artículo sobre el caso, que “el mensaje era para su padre, el revolucionario Víctor Martínez”.
Las distorsiones del sistema de administración de justicia en el centro occidente del país se confirmaban cuando, días después del asesinato, un muchacho de nombre Jairo Salones se presentó ante un medio impreso para declarar que era el autor de los disparos contra Mijaíl. Un día después voceros del CICPC confirmaban la participación de Salones en el hecho pero, increíblemente, es liberado tras ser sentenciado a régimen de presentación en tribunales por posesión de estupefacientes. Desde el día de su liberación él y su familia se encuentran desaparecidos. Sin embargo, ante la omisión de los cuerpos de investigación y la propia Defensoría del Pueblo en el caso, las investigaciones adelantadas por la familia Martínez descartan la participación de Salones en el crimen, a quien consideran una “cortina de humo” para desviar la atención de los verdaderos responsables. En estos dos años, a pesar de estar apresados dos de los presuntos autores materiales del homicidio, por otras causas, no ha sido posible una sentencia en el caso. El 15.03.11 fue detenido en un operativo policial Carlos Alberto Zavarce Carucí, por tener presunta responsabilidad en el asesinato. Zavarce, luego de una audiencia de presentación en la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, fue recluido en el recinto penitenciario de Uribana, mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Posteriormente, el 09.06.11, se detuvo a Jean Carlos Pérez, presunto autor material señalado en una prueba anticipada; fue detenido por orden de aprehensión del Juez de Control Nº 3, cuando estaba siendo atendido en el hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto, y se ordenó su trasladado a la penitenciaría de Uribana, donde hasta la fecha se encuentra detenido.
La familia Martínez acusa al ex gobernador Luis Reyes Reyes y al antiguo jefe policial Comandante Luis Rodríguez Figueras, quien después de un quinquenio al frente de los uniformados larenses dejó una estela de violaciones a los derechos humanos que solicitan ser investigados por diferentes organizaciones populares del estado. Corresponde a los organismos competentes, luego de una investigación imparcial, expedita y transparente, corroborar si estos señalamientos tienen asidero.
La indefensión de las personas que realizan actividades de promoción y defensa de los derechos humanos no es exclusiva de los activistas radicados en el estado Lara. Según datos recopilados por la investigadora Mariengracia Chirinos, en el último año se registraron al menos 20 casos de ataques a defensores, arrojando un total de 31 violaciones de DDHH. Las violaciones más frecuentes fueron por campañas de desprestigio, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias e inicio de acción judicial. Hay que recordar que el Estado venezolano no aceptó las diferentes recomendaciones que solicitaban tomar medidas para proteger a los activistas. Una de las recomendaciones rechazadas fue la de Eslovaquia, que pedía “Asegurar que los defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil sean protegidos efectivamente contra cualquier forma de intimidación y acoso, y articularse constructivamente con ellos en la identificación de soluciones a los desafíos de los derechos humanos en Venezuela”.
Tras el asesinato de Mijaíl Martínez sentimos una “sensación” muy parecida a la tristeza.
II
Qué significará un maldecir
dentro de cánticos
al señor que me permite
desahogarme bajo la lluvia
y sonreír al lado
de la luna,
qué es si no lo
que me dice que la
noche y mi vida aún
no acaban.
Mijaíl Martínez. Del poemario “En ilusiones de aventuras”
