La lucha que los indígenas yukpas han adelantado por la recuperación de territorio ancestral en el sur occidente de la Sierra de Perijá, Estado Zulia (Venezuela) ha estado signada por un entero desconocimiento, por parte de los ganaderos terratenientes así como por el estado gobierno regional y nacional, de las más básicas necesidades humanas que procuran estabilidad para la vida y, desde la vida, para el mantenimiento de una manera de ser y hacer propias, autónomas que todo pueblo nación indígena reclama para sí.
Revelador es a estas alturas de la historia contemporánea local latinoamericana y caribeña, en pleno año bicentenario donde se conmemora oficialmente en varios países, otrora colonias del imperio español, la declaración de independencia, presenciar cotidianamente en la patria bolivariana una frágil y torpe praxis política en torno al tema del reconocimiento efectivo de derechos a los pueblos y comunidades indígenas que aún reclaman, más allá del reconocimiento constitucional, la justa aplicación, la diáfana concreción del articulado constitucional que les incluye como miembros de la nación venezolana.
La dicotómica e hiriente relación que mantiene a indígenas en gravísimas situaciones humanas en comparación a las grandes atenciones que reciben, en términos de atención institucional gubernamental, los hacendados y terratenientes en Venezuela, y más en específico, en el occidente del estado Zulia sigue manteniéndose desde el ejecutivo regional pues este último es un apéndice de estos grupos terrófagos que ha cooptado el aparato gubernamental de una región concebida desde la productividad mercantilista liberal y la exportación de barriles de petróleo al orbe.
El ejecutivo nacional mantiene una relación más loable en aras de destronar viejos y groseros privilegios a terratenientes y genocidas de los diversos pueblos naciones asentados en la cuenca del lago de Maracaibo sin embargo, más allá del efectismo y la atención inmediatista, signada por urgencias, a comunidades y centros pilotos habitadas por indígenas, logra verse un vacío estructural en la gestión que aborda la dimensionalidad indígena. Prevalece un enfoque anclado en viejas praxis antropológicas donde el indígena no forma parte del nosotros sino de una otredad que, si bien es indómita y no se amolda al ideal homogenizante del “progreso” nacional tampoco tiene la suficiente fortaleza para políticamente presentar freno alguno al “avance del desarrollo”.
Resulta ya muy erosivo para el alma tener que estarse debatiendo, en el marco de un país que aspira colectivamente a la construcción de un socialismo democrático, con luces y texturas de nuevo siglo, en contradictorias y penosas maneras de desconocer lo que la constitución nacional que nos dimos propugna sin duda alguna hacia la cosmovisión de nuestros pueblos naciones indígenas. Prevalece en este transicional período de grandes alcances de integración latinoamericana y de pulso contra centros de poder hegemónicos, una visión interna hacia los derechos indígenas que raya en el peor extremo de las ignorancias.
Justo es acotar que no se ignora per se sino más bien se estructura una política gubernamental que mediatice la atención efectista al indígena, que destaque en estadística lo que antes no se hizo y ahora sí, generándose desde este accionar una nula participación, un nulo protagonismo de los voceros y líderes indígenas, de los diversos pueblos naciones pues los mismos, una vez reconocidos a nivel del articulado constitucional del año 1999 delegaron de modo incondicional (lamentable manera de expresar el reconocimiento que el gobierno les hacía en términos de la carta magna) el reclamo constante, el exhorto digno, la aplicación efectiva de justicia a voceros que fueron paulatinamente cooptados por dinámicas electorales y políticas que les fueron alejando cada vez más del reclamo básico que se exige a los que diseñaban las políticas nacionales.
De esto se ha aprendido a lo interno de las comunidades indígenas y el mismo gobierno ha acentuado cambios para tratar de enmendar lo que se ha gestado sin embargo hay aspectos claves de este accionar gubernamental que deben ser evaluadas a la luz de una justa rectificación que permita madurar a estadios más dignos que sin duda, contribuirían a fortalecer la idea de patria bolivariana, de continente bolivariano fortalecido desde la multietnicidad, desde lo pluricultural.
Uno de esos aspectos es sin duda la aplicación de lo que constitucionalmente entendemos como demarcación de territorios indígenas. Este proceso actualmente ha sido evaluado en términos científicos por destacados antropólogos nacionales e internacionales y los resultados son muy negativos toda vez que en este esfuerzo gubernamental por avanzar en el proceso de demarcación se han obviado sistemáticamente los aspectos de la cosmovisión indígena que, no son más que los modos de hacer y amar, de pensar y ser sobre una espacialidad. Por mucho que podamos desenmadejar de este oscuro tránsito a la hora de entregar desde el estado gobierno territorios a nuestros hermanos indígenas venezolanos sigue perturbando la idea y la praxis burocrática que se ciñe a protocolos obtusos y ampliamente desconocedores de la justicia. Entendemos lo que un estado gobierno, proveniente de un modo de ejercer la economía desde el enfoque extractivista, pueda estar evaluando a la hora de ser “exigido” de zanjar derechos territoriales a pueblos naciones indígenas, sin embargo un estado gobierno no debe ser entendido y sí exhortado, movido a reconocer lo que la historia de despojos y de abusos a los derechos humanos hacia los pueblos naciones indígenas ha dejado como saldo rojo en el alma nacional.
Se han logrado sistematizar errores estructurales en todos los planos de acción de las comisiones regionales de demarcación de territorios indígenas que han terminado por destronar los minúsculos objetivos planteados originalmente por el estamento burocrático que sigue centrado en la entrega de rápidas soluciones sin revisar si quiera muchas de las propuestas argumentadas que desde diversos ámbitos: académicos, movimientos sociales, vocerías indígenas se han hecho con contundencia y constancia.
En esta encrucijada para el estado gobierno, donde demarcar de manera justa y por ende entregar territorio a pueblos naciones indígenas demandantes de este derecho consagrado constitucionalmente, y perder control sobre grandes extensiones de tierra y agua donde abundan rubros de estratégica importancia económica, es en la que nos encontramos en pleno siglo XXI en la Venezuela que actualmente eleva vuelo hacia nuevos escenarios donde las relaciones humanas sean otras y no las que dictamine el afán de lucro. Penoso que esta dicotomía no se resuelva de manera efectiva, sin dilataciones, sin mezquindades hacia la necesidad de los que históricamente han puesto su dermis, su idea de mundo a la pólvora y a la discriminación enfermiza de los “poderosos” de todas las horas.
En esta inercia que hereda el estado gobierno de tiempos pretéritos tarda la justicia como institucionalidad (¿será por eso?) en erigirse como garante de la aplicación del articulado indígena. En esta inercia por ser parte de este envión de participación y protagonismo organizado también se abren trincheras de lucha que no todas pueden ser abordadas en su justa dimensión y se corre el riesgo de la dispersión de la fuerza, de los argumento, del exhorto al estado gobierno. En ese sentido, necesario es acotar la lucha franca contra trasnacionales del carbón con apoyo de instituciones corporativizadas de la región zuliana que ha aglutinado una negativa nacional a estas maneras de entender nuestra relación con lo que occidente ha llamado “naturaleza”. De ese pulso con el estado gobierno y las viejas herencias, desde el reconocimiento de esas inercias contradictorias hemos podido arrinconar colectivamente este modo de desplegar el aparato economicista tecnocrático sobre zonas frágiles de biodiversidad nacional.
Este accionar que propugna de manera plural por nuevas maneras de dialogar desde y por la vida y el agua nos ha centrado en el abrazo a toda forma de lucha que reivindique la dignidad atropellada por instancias militares, terratenientes, burocráticas y trasnacionales y en ese sentido, con un proceso de demarcación de territorios indígenas infestado por malas praxis y tendencias productivistas de la vieja escuela capitalista genocida, es que avanzamos en la denuncia del caso Sabino, caso del indígena cacique yukpa Sabino Romero Izarra, como vanguardia que de manera argumentada y sentipensante construye un accionar que desmantela la versión más oprobiosa de racismo y de cobardía gubernamental al dejar caer sobre la lucha de una simple familia indígena y su máximo líder indígena caribe, todo el peso del estado gobierno más sordo y más torpe que pueda imaginarse.
Hablamos del castigo a una lucha, la lucha del cacique yukpa Sabino Romero que pretende recuperar territorio ancestral ante la negativa de una comisión de demarcación de territorios indígenas de evaluar con justicia y sin guión preconcebido, las exigencias humanas para vivir y mantener presencia indígena en territorios en manos de hacendados latifundistas. La sordera gubernamental, la intriga, la dilación en el tiempo contribuyen en todo menos a saciar el hambre física y metafísica de una parte de un pueblo nación indígena que tomó en serio a la emancipación y la dignidad ancestral indígena para tomar lo que es suyo.
De todo este intricado y complejizado asunto sigue prevaleciendo la torpeza y la mala praxis del estado gobierno en el sentido de que, luego de una escaramuza que dejó como resultado dos fallecidos y varios heridos en el sector Guamo Pamocha (río Yaza de la Sierra de Perijá), el día 13 de octubre de 2009, a un día de la entrega de falsos títulos de propiedad social a tres localidades indígenas del país, en la actualidad siguen presos los indígenas participantes de este hecho y se les ha hecho pasar por un fuerte y deleznable proceso de encierro en fuertes militares, alejados en un principio de familiares y amigos, donde la aplicabilidad del artículo 260 de la constitución bolivariana relacionado al la jurisdicción indígena ha sido escamoteado por instancias del poder ejecutivo y judicial.
Hablamos de un caso que el propio estado gobierno, sus autoridades más cercanas como lo son los ministerios de ambiente y de pueblos y comunidades indígenas han manejado con abierta impericia, donde la voz indígena, el accionar y reclamo no ha sido escuchado desde el primer momento y se cosechó, desde la intriga y la ausencia de conciliación, un terrible precedente que empaña ya no solo la praxis de esta comisión regional encargada de la demarcación de territorios indígenas sino la actuación del propio ministerio de interior y justicia así como de las autoridades judiciales y criminalísticas relacionadas con este difícil caso.
Los ganaderos latifundistas siguen enfrentados a la idea de ceder en el plano de las exigencias de esta comisión de demarcación de tierras pues esta comisión no brinda, según declaran los mismos hacendados, las mínimas condiciones que garanticen el pago de bienhechurías por parte del estado gobierno a los que actualmente ocupan estas territorialidades indígenas. Los indígenas siguen, de nuevo, a la saga del anhelo, sobreviviendo desde lo que les queda en sus espacios de vida, mismos que se han visto reducidos en la medida en que aumentan sus demandas poblacionales y los espacios donde vivir se ven limitados y cercados por “propiedades privadas” intocables.
Evidente, de sentido común, a los ojos de todos está este terrible acontecer en suelo yukpa donde familias enteras mantienen relaciones de mendicidad con el estado gobierno que les suple de puntuales ofertas pero que no termina por desmantelar con toda contundencia las desiguales relaciones de poder, de lucha de clases que se mantienen y sojuzga de manera desleal, asimétrica y bochornosa a un cacique y a dos indígenas más sin brindarles si quiera la aplicación de la justicia indígena que la carta magna que mayoritariamente nos dimos promulga.
¿Qué intereses lleva al estado gobierno a dilatar en el tiempo esta acción de justicia que termine de promover mejores condiciones de vida para el pueblo nación yukpa de la sierra de Perijá?, ¿Qué evaluaciones fronterizas relacionadas a la “defensa de la soberanía y bien de la seguridad nacional” prevalecen por encima, se priorizan sin duda alguna sobre el reclamo histórico, el dolor intenso al que han estado sometidos los habitantes de aquellos yukpas no contabilizados por los aparatos de poder y que siguen presos de tensiones y miedos por parte de hacendados terrófagos de la zona?, ¿Qué mineralogía del subsuelo sigue entendiéndose como catalizador económico de la futura potencia bolivariana que eclipsa la sobrevivencia de la cosmovisión del pueblo nación yukpa?, ¿Cuándo la coherencia, el diálogo sano regirá a la comisión de demarcación de territorios indígenas para que sin demora y de manera histórica pase a entregar de una buena vez la tierra para el indígena siempre negada?
Sabino sigue preso en condiciones muy lamentables. Sabemos muy poco de él desde que se le consideró (con milimétrica intención lo sabemos) como “agitador de la comarca”, como el “indio que se negó a conversar”. Para toda aquella persona que aún se devana los sesos en la farandulesca manera de erigir acción política desde las pantallas de televisión o desde la internet es imprescindible comentar, con todo respeto, que en el espacio de vida indígena del pueblo nación yukpa de la Sierra de Perijá, las visiones y haceres deleznables de la derecha más fascista (hacendados, terratenientes, finqueros y militares de alto rango) coinciden con la sordera, la impericia, la torpeza y el silencio del sector de izquierda que desde el decir y el hacer “rojos” nada termina de concretar para establecer el imperio de la ley y garantizar la mayor suma de felicidad posible para nuestros hermanos indígenas, los verdaderos originarios.
Para toda aquella persona que no termina de embonar las piezas del fraseo y que se aturde con notas de prensa diversas, de distinto tono y decibel, sobre el caso indígena que se le viene adelantando de manera muy asimétrica al cacique indígena yukpa Sabino Romero Izarra, al joven wayuú Alexander Fernández y al humillado cacique Olegario Romero, sepa que están en la Cárcel Nacional de Trujillo (andes venezolanos), lejos de la realidad y la geografía que les garantizaría la aplicabilidad de la justicia indígena pues estos graves hechos fueron cometidos por indígenas en territorio indígena.
Atentos y atentas pues debajo de estas acciones de criminalización social, de silenciamiento de los exhortos indígenas dignos, el subsuelo guarda en Perijá mucho de lo que se tranza en Europa sin tanto revuelo mediático. Atentos y atentas pues se nos va la idea de patria liberada de viejas praxis y se nos aburguesa la vida en hipervínculos de poca contundencia y de escaso latido humano.
Nos duele este inmenso acto de sordera por parte de un estado gobierno que cuenta en los actuales momentos con toda una infraestructura para hacer justicia inmediata. Nos atiza este acto de desproporción que golpea duro la humanidad de Sabino Romero Izarra, la de su familia, la de su pueblo.
Todo un continente es la dermis Sabino, toda el agua, toda la fuerza de la hojarasca y el sueño de sembrar hijos y maíz en Perijá en sana paz, sin minería de carbón ni hacendados que laceren la gana de vivir es lo que nos activa desde la palabra y el cuerpo solidario agitado por sudores dignos. Hagamos ruido que imbrique ganas de justicia, despleguemos los colores de la dignidad nacional, nuestramericana y sigamos exigiendo la definitiva aplicación de la justicia indígena en este caso y el cese de este asimétrico e ilícito juicio.
Por: Clorofilazul
Fuente: El pueblo soberano.net
