Rafael Uzcátegui
Si uno es de otro lado y llega a Maracaibo, rápidamente se
da cuenta que hay, para decirlo sin herir susceptibilidades, algo mal con los
wayúus. Una situación que, terminología de derechos humanos, se calificaría
como discriminación. Después de las tres de la tarde usted no consigue ningún
transporte, desde el terminal de buses de la ciudad, que lo lleve a la Guajira,
la tierra donde se concentra el que es, y de lejos, el mayor pueblo indígena de
Venezuela. Después de esa hora, para cruzar el río Limón, debe ir hasta un
sitio llamado “bomba Caribe”, conocido como “el terminal Guajiro”, en uno de
los extremos de la capital zuliana, para tomar un transporte en un terreno
baldío y rodeado de aguas negras, desprovisto de cualquier servicio. Con
suerte, abordará una “perrera”, camionetas pickup con tablones en la parte de
atrás, para estar en dos horas en Paraguaipoa. Esto era antes. Desde diciembre
del año 2010, tras la creación de un distrito militar en el municipio, el viaje
dura, debido a la cantidad de alcabalas por el camino, el doble. Las
organizaciones indígenas de la zona han venido pidiendo la derogación de lo que
califican como “militarización” de su territorio y “criminalización” del pueblo
wayúu. Y es que el operativo bautizado como “Operación bachaqueo”, de combate
al contrabando de extracción, es realizado por los uniformados verde-oliva.
José David González, coordinador del Comité de Derechos
Humanos de la Guajira, una iniciativa con 15 años de trabajo, nos explica:
“Desde el 2010 el presidente Hugo Chávez decretó la Guajira como distrito
militar número 01. A raíz de eso empezó una serie de problemas de la Fuerza
Armada con el pueblo wayuu, porque estamos en una zona fronteriza y estratégica
para Venezuela. El decreto no fue consultado con las comunidades indígenas, fue
una decisión unilateral por parte del presidente”. González enumera los casos
que llevan registrados, muertos, heridos, torturados y desaparecidos, y uno se
sorprende por la invisibilidad de una realidad que, en cualquier otro país, sería
escandalosa.
Nos encontramos en la sede de Fe y Alegría de Paraguaipoa
ante una docena de activistas indígenas wayúus. Todos, al igual que González,
están inscritos en el PSUV. La gravedad de las denuncias que hacen, sin
embargo, hiciera que algún oyente desprevenido los ubicara en el otro extremo
del espectro político. Fermín Montiel, registrador municipal y vocero de la
Organización Regional de Pueblos Indígenas del Zulia (ORPIZ) nos dice: “-la
militarización” ha golpeado bastante, tanto que nuestros hijos han pensado que
hay la necesidad de mudarse, porque en la Guajira no se puede vivir. ¿Qué ha
pasado?, que con más controles por parte de los militares se retroalimenta el
contrabando, porque el contrabando está más intacto que nunca”.
Bachaqueo de corbata y uniforme
Un extraño consenso de los medios de comunicación regionales
de ambos lados responsabiliza a los indígenas de la situación de
desabastecimiento de alimentos y los controles para el consumo de gasolina. De
Paraguaipoa a Paraguachón, un trayecto de 15 minutos, uno observa a niños
vendiendo envases de gasolina a 800 bs como quien ofrece pañuelos kleenex. No
obstante el ex rector de la UCV, Luis Fuenmayor, apeló a la calculadora para
argumentar que los llamados bachaqueros eran otros. En un texto recordó que
voceros oficiales estimaron que el contrabando de extracción de combustible, a
través de la frontera con Colombia, alcanzaba 100 mil barriles diarios, que
representaban 16 millones de litros. Ni “pimpineros” ni envases escondidos en
automóviles pudieran movilizar dicho volumen, sino 800 gandolas de 20 mil
litros de capacidad cada una para poder transportarla por tierra. Todos con
quienes conversamos señalaban la participación activa de las fuerzas armadas en
el negocio. Incluso, describen montajes en los operativos realizados. Sailyn
Fernández, periodista comunitaria de Fe y Alegría relata: “Es un show. Se hizo
una transmisión por televisión y se dijo una cantidad de carros que habían
decomisado. Incluso un familiar le pidieron el favor que tenía que quedarse ahí
para que le tomaran fotos como si fuera una persona que lo habían agarrado con
camiones y pipas cargadas”.
La doble discriminación hacia las mujeres wayúu
Viajamos en la perrera al atardecer, bajo una tormenta
eléctrica que nos sugiere que el relámpago de Catatumbo ha perdido su brújula y
huye de tierras “alijunas”. En cada alcabala los soldados nos hacen bajar, pero
a nosotros, con pinta de universitarios, apenas si nos hacen caso. La atención
es hacia los indígenas, a quienes les revuelven sus cosas con desdén. Antes de
partir, por transportar dos sacos de cemento, el conductor entrega con un
disimulo sin práctica, un rollito de billetes a los funcionarios. “Cada saco de
cemento lo venden a 80 bs en Maracaibo, ya con sobreprecio” –nos explica uno de
los pasajeros-. Al llegar a la raya cuesta 800 bs”. Cada wayúu debe demostrar
que no es un contrabandista. Abundan los cuentos de presos en el retén de El
Marite por transportar 4 litros de aceite y 4 pollos. Mercedes González, mujer wayúu,
participó en un taller de la Defensoría del Pueblo sobre la llamada “visión
crítica de los derechos humanos”. A partir de ahí creó la Fundación Integral de
los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Zulia
(FUNDEDHIZ), que atiende a los indígenas privados de libertad: “El Centro
penitenciario de Marite tiene una capacidad para 600 personas. Ahora hay 650
mujeres y 300 hombres” nos dice. Junto al hacinamiento el retardo procesal es
la constante.
Que haya más mujeres que hombres presos por delitos de
contrabando es un reflejo de la sociedad matriarcal predominante en la etnia
wayúu. Mientras los hombres pastorean las mujeres hacen todo lo demás,
incluyendo las compras para la familia. Como consecuencia son doblemente
estigmatizadas en la ciudad: por ser mujeres y por ser indígenas. “No podemos
entrar a un supermercado en Maracaibo, porque si nos ven de manta –vestimenta
típica indígena-, ellos nos dicen “vienen a bachaquear” y nos ponen el ojo de
una vez: “estas mujeres traen de más, estas mujeres van a llevar esto, son
contrabandistas” relata Sailyn Fernández.
La deuda social
Las alcabalas y sus colas no solamente traen incomodidad
sino algunos problemas añadidos. “El semestre pasado yo deje de estudiar, por
las colas y esas cosas. Se perdía demasiado tiempo para ir a Maracaibo” afirma
Beatriz Aguirre, la joven directora de la casa de la cultura de Paraguaipoa.
Los ambulatorios trabajan en horario restringido. Los médicos y enfermeras
logran llegar a las 10 de la mañana. Y debido al cierre de las vías después de
las 6 de la tarde, deben comenzar a recoger sus cosas a las 3 de la tarde.
Además de los servicios, la militarización está afectando las propias
tradiciones culturales indígenas. La reunión social wayúu más importante es el velorio,
que ya no puede juntar a familiares venidos de toda la Guajira, colombiana y
venezolana, como antes: “para nosotros un velorio es sagrado, es el atender a
un familiar que viene desde lejos. Colocábamos grandes cantidades de comida,
sacrificábamos a los animales para esa persona, porque es un ser querido que
está partiendo de nuestro lado. Eso también ha tenido que reducirse, porque no
te dejan pasar una paca de harina, no te dejan pasar una paca de arroz” explica
la periodista de Fe y Alegría.
Wolfan Fernández, del Consejo Municipal de Estudiantes
Indígenas de la Guajira, recuerda el incumplimiento de las promesas oficiales
con la zona “Mientras el Estado no genere las políticas que vayan en función de
atender las necesidades sociales, culturales y educativas del pueblo Wayúu,
vamos a seguir en lo mismo”. En una carta entregada al músico Manu Chao en su
última visita al Zulia, la wayúu Libia Fernández “en este mismo momento hay
jóvenes, recién graduados de bachilleres que de lunes a viernes se visten de
estudiantes universitarios y que los fines de semana deben ser y actuar como
bachaqueros, porque sus padres y ellos no conocen o no tienen otra fuente de
entrada para costear sus gastos, porque no todos son líderes políticos y o
PSUVISTAS que reciben sueldos o becas de alguna misión, no todos tienen
amistades con ministerios o viceministerios”.
El diálogo como camino
José David González no se cansa de reiterar que su camino es
el diálogo con las autoridades: “Hemos hecho comunicados a todas las instituciones,
entregando las 9 propuestas para el buen vivir como pueblo wayuu y añú. Dentro
de esas propuestas está la de una mesa de negociación, para que el acercamiento
del Estado sea a través de ese espacio intercultural en el marco del diálogo y
el respeto. Que todas las actuaciones sean evaluadas por el pueblo wayuu,
primero, segundo por sus autoridades tradicionales. Otra propuesta es la
formación a los funcionarios policiales y militares en materia indígena,
tomando en cuenta la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas en su
artículo 9. Si continúa la falta de respuestas y los maltratos, las
organizaciones están dispuestas a ir a Caracas a introducir un documento a la
máxima instancia judicial e intentar, a través de un amparo constitucional, que
se revise, que se anule ese distrito militar ya que atenta contra el pueblo
wayuu, contra la vida y contra los derechos humanos que establece la
constitución”.