25 de Enero de 2011 – Después de una entrevista al sindicalista Rubén González por la cadena noticiosa CNN, en donde se visibiliza su caso, medios estatales han retomado la campaña de criminalización contra el dirigente sindical, en el intento de deslegitimar tanto a la cadena noticiosa como la organización Human Rights Fundation (HRF).
En el texto, difundido por MINCI, YVKE Mundial y la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), se afirma: “Rubén González fungía como secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintra-Ferrominera) cuando encabezó en el estado Bolívar una violenta huelga, que incluyó el ataque a pedradas de un tren que cargaba mineral de hierro hacia Ciudad Guayana, en la que resultó herido su conductor y se produjeron daños cuantificados en 200 mil dólares a la locomotora.
Por ese hecho, el juez Beltrán Javier Lira, a petición de la Fiscal III del Ministerio Público con competencia en Salvaguarda, Fátima Paiva, emitió una boleta de captura contra González por los presuntos delitos de agavillamiento, daños al Patrimonio Público, restricción de entrada al sitio de trabajo y cierre de vías públicas.
Al respecto, la referida fiscalía consideró que se violaron los artículos 47 y 48 de la Ley de Patrimonio Público, así como también otras que establecen el carácter de Zona de Seguridad del Estado a toda el área ocupada por la factoría, que es la única productora de mineral de hierro del país y abastece a las acerías ubicadas en Ciudad Guayana.
Sin embargo, el vocero de la HRF no mencionó esos detalles y asumió la defensa de González, al igual como lo hizo, en su momento, con el vocero de la derecha venezolana, Oswaldo Alvarez Paéz, quien fue imputado por los cargos de instigación pública a delinquir y difusión de información falsa”.
(Agencia Venezolana de Noticias, 25.01.11)
La nota de los medios estatales no informa de las motivaciones de la paralización de actividades en Ferrominera, descontextualizando la acción, motivada por el desconocimiento de los beneficios derivados del contrato colectivo en la empresa estatal ubicada en el estado Bolívar. Provea ha calificado a Rubén González como un “preso político”, debido a que las únicas justificaciones para mantenerlo tras las rejas son políticas. Desde hace más de un año espera el resultado de un juicio por haber acompañado a los trabajadores en la demanda de sus derechos. Provea ha denunciado la progresiva campaña de criminalización de la protesta en Venezuela, de la cual Rubén González constituye un caso paradigmático.
Por: Prensa Provea
