SOLIDARIDAD CON LOS CAMARADAS ESTUDIANTES DE LA UBV DEL ESTADO TÁCHIRA

A propósito del accionar mediático-político del CICPC y del Sistema Judicial

A pesar del conjunto de transformaciones desarrolladas en Venezuela en los últimos diez años orientadas a la construcción de una sociedad justa y verdaderamente democrática, en el contexto de la revolución bolivariana, la situación del sistema judicial no ha variado en esencia, pues el mismo, reproduce las relaciones y las estructuras del Estado Burgués. Lo ocurrido recientemente con el delincuente de cuello blanco Eligio Cedeño, no es sino un indicador más de los profundos niveles de corrupción y putrefacción.

Asimismo, los aparatos de seguridad del Estado, expresan prácticas reaccionarias en su accionar. Diez años de promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la voluntad política del Gobierno del Camarada Presidente Hugo Chávez y el despertar de conciencia del pueblo de Bolívar, no han sido suficientes para que estos aparatos cambien su enfoque y sobre todo sus prácticas profundamente reaccionarias, en la medida en que su accionar represivo se acentúa con prácticas clasistas, racistas, machistas, xenófobas, entre otras.

El problema se agudiza si se considera que el sistema en su conjunto, expresa un accionar que “enigmáticamente” atenta contra la revolución bolivariana. Son innumerables las denuncias relacionadas con la presencia cada vez más marcada, de grupos paramilitares inicialmente en la frontera, y en la actualidad en gran parte del territorio nacional -incluyendo el área metropolitana de Caracas- con la más obscena indolencia –por no decir complicidad de los aparatos de seguridad y del sistema judicial-, así como, los continuos asesinatos de dirigentes campesinos, sindicales y comunales militantes del proceso revolucionario con la más absurda impunidad (por supuesto, ambas situaciones están íntimamente relacionadas).

Por el contrario, cuando están implicados militantes de base de la revolución (sobre todo de los sectores populares y los movimientos sociales), encontramos una acción inmediata e inverosímilmente efectiva de los cuerpos policiales y el sistema de justicia. Tan solo citar los casos de los camaradas denominados peyorativamente “los pistoleros de puente Llaguno”, o el vergonzoso episodio de la detención y exposición al escarnio público de los camaradas de la COMUNICACIÓN POPULAR Y ALTERNATIVA de Ávila TV, constituyen referentes inequívocos de lo antes expuesto (mientras Cedeño, come caviar en Miami).

En ambos casos, la oligarquía apátrida y pro-imperialista, mediante los medios de comunicación de su propiedad, fue el factor de presión para la rauda actuación de los organismos de seguridad, Fiscalía, jueces, etc. Es decir, existen antecedentes que evidencian la manera como la presión política de la burguesía, moviliza y activa los aparatos del Estado a tal punto que los pone a su servicio. Se trata de la politización de casos que son manipulados mediáticamente y por desgracia, las estructuras del Estado siguen el juego mediático-político, por supuesto, respondiendo a su esencia burguesa.

Sin embargo, y vale decir, afortunadamente la presión política desde diversas instancias, así como, la organización y la movilización popular, lograron enfrentar las injusticias referidas. De igual manera será preciso confrontar y derrotar dicha problemática de manera sistemática (incluyendo en el caso que se denuncia a continuación), de lo contrario, será muy difícil el avance y la necesaria profundización del proceso de transformaciones que propugna la revolución bolivariana en un área tan vital y relevante como el sistema judicial y los aparatos de seguridad del Estado.


El caso mediático-político en el Estado Táchira

El asesinato del joven estudiante de la UNET, ocurrido en San Cristóbal los primeros días de diciembre de 2009, es un hecho lamentable y censurable desde todo punto de vista. Sin embargo, y con la misma contundencia, es preciso repudiar las acciones violentas emprendidas por algunos sectores estudiantiles de derecha, estimulados y protegidos por la secta fascista que dirige la gobernación del Estado Táchira. Se trata de un plan sistemático que fomenta la desestabilización, el caos, la violencia política y la ingobernabilidad, ante la actuación pusilánime del Estado.

La violencia política y la intolerancia fascista de dichos sectores estudiantiles, se materializó en una nueva agresión a la sede principal en San Cristóbal de la UBV, un ataque violento e irracional con piedras, bombas molotov, y demás implementos usados por los niños pitiyankis. Allí se produjo el asedio a un grupo reducido de docentes y personal administrativo en total estado de indefensión, ante la mirada cómplice de la Policía del Táchira (dirigida por la gobernación del Táchira) y la reiterativa inercia ante este tipo de acciones, de los aparatos de seguridad del Estado venezolano.

En el transcurso del día, los estudiantes fascistas amenazaron abiertamente, con una nueva agresión a la UBV y a la UNEFA, propiciando así, enfrentamientos innecesarios y estériles (sin saldo político alguno), en sus sedes principales de San Cristóbal. Ante un escenario tan convulso, lo menos que se esperaba por parte de los organismos de seguridad del Estado, era un operativo dirigido a controlar la situación y a evitar un derramamiento de sangre. Por el contrario, la Policía del Táchira fue un actor más del conflicto y la Guardia Nacional, no llevó a cabo un despliegue acorde con la gravedad del contexto. Si estos cuerpos de seguridad hubieran actuado de manera adecuada, desde el inicio de las acciones violentas, es muy probable que la muerte del estudiante no hubiera ocurrido.

No obstante, como se mencionó, la desidia terminó de producir las condiciones para que se generaran situaciones violentas, con el saldo lamentable ya conocido. Por supuesto el aquelarre mediático no se hizo esperar, sin elemento probatorio alguno se acusó de inmediato a “los chavistas”. El presidente de la República (de manera responsable) ordenó la acción inmediata del CICPC y demás organismos pertinentes, quienes velozmente “resolvieron el caso” (uno quisiera que fueran tan rápidos hallando los responsables del asesinato del compañero Danilo Anderson y de los muchos dirigentes campesinos sin cobertura mediática que han sido asesinados).

La “resolución del caso” fue y sigue siendo digna de un guión de película de ficción Hollywoodense. Sin testigos, sin una planimetría verosímil, sin pruebas de balística, y sin cuerpo de delito, se acusa a dos camaradas estudiantes de la UBV. Dos camaradas trabajadores y honestos, verdaderos militantes de la revolución, quienes están siendo usados como chivos expiatorios por el CICPC, para entregar cuentas al Comandante y proyectarse como los paladines de la eficacia, pero sobre todo, para satisfacer la presión política de la derecha fascista y el show mediático (por cierto el periodista estrella de VTV en el Táchira, fue quien dio la primicia, lástima que VTV reproduzca este tipo de prácticas amarillistas en el tratamiento de la noticia).

Al igual que con los camaradas defensores del Llaguno y con los compas de Ávila TV, los aparatos del Estado, la policía científica (¿¡¿!) dirigida en este caso por Trossel, está actuando en función de satisfacer los intereses de la oligarquía fascista. Se trata de un caso mediático-político, en el cual, el afán de ofrecer resultados ¿falsos positivos?, ha llevado al Estado venezolano a actuar de manera precipitada y desproporcionada (tanto que se judicializa a dos personas, cuando el estudiante falleció a causa de un impacto de bala único).

Los camaradas estudiantes de la UBV judicializados para satisfacer la presión fascista, son revolucionarios y están preparados ideológicamente para enfrentar la situación. Sin embargo, es una desgracia que aún diez años después, el sistema de justicia de nuestro país siga repitiendo los vicios reaccionarios de la IV República, reproduciendo así, el Estado burgués en nombre de la revolución.

Se trata de un problema estructural que amerita una intervención urgente por parte del Estado venezolano, en ese escenario, le corresponde principalmente a la Asamblea Nacional, la labor de legislar, controlar y fiscalizar el sistema judicial y el accionar de los aparatos de seguridad del Estado.

El colectivo de Productores Comunitarios de la Fundación Comunitaria Montaña TV, así como, su Junta Directiva, expresamos nuestra más sincera solidaridad a las familias de los Camaradas detenidos. Asimismo, hacemos un llamado a los Diputados revolucionarios de la Asamblea Nacional y del Consejo Legislativo Regional del Estado Táchira, para que se le realice un seguimiento al caso de los camaradas detenidos, así como, a los múltiples casos de asesinatos políticos perpetrados contra dirigentes campesinos, sindicales y comunales en el Táchira y en todo el país.

Asimismo, invitamos al pueblo revolucionario del Táchira a efectuar movilizaciones en apoyo a los camaradas estudiantes de la UBV. Ningún sistema judicial burgués podrá con el pueblo consciente y organizado. Esta coyuntura será propicia para el avance en la articulación de luchas con las familias y los dolientes de los múltiples asesinatos de dirigentes campesinos, sindicales y comunales en Venezuela, curiosamente, bajo el manto de la impunidad, el silencio mediático y el silencio oficial.


¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL BURGUÉS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE JUSTICIA SOCIALISTA!

¡POR LA DESTRUCCIÓN DE LOS APARATOS DEL ESTADO AL SERVICIO DE LA BURGUESÍA!

¡POR UNA PATRIA SOCIALISTA!

Por: COLECTIVO MONTAÑA TV