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PRESUPUESTO PARA LA MUERTE, NO
PARA LA VIDA
Laboratorio de Paz
La progresiva militarización de
Venezuela tiene diferentes expresiones, desde el tipo de participación social
que promueve el Estado hasta la importancia dada al Ministerio «del poder popular»
para la Defensa. Una evidencia de esto último
es la carga presupuestaria que los militares recibirán para el 2013. Según la
Ley de Presupuesto 2013, y repitiendo la tendencia de los últimos años, las
Fuerzas Armadas serán la cuarta institución que más dinero recibirá para su funcionamiento
durante el año, unos 32.135.581.911
Bs.
Varios elementos se desprenden de
esta cifra. El primero es que a los militares, a diferencia del resto de los
ministerios que atienden políticas sociales –salvo el Ministerio de Ambiente-,
se les incrementó su presupuesto de funcionamiento para el período que viene.
Si tomamos en cuenta la inflación del año 2011, que según el Banco Central de
Venezuela fue de 27,6%, ministerios como el de Vivienda, Alimentación, Mujer, Indígenas,
Deporte y Cultura a pesar de recibir nominalmente más cantidad de dinero, no pudieron
mantener el mismo poder adquisitivo sencillamente a que el aumento que
recibirán es mucho menor al índice de inflación. Por lo tanto, realmente,
sufrieron una reducción de sus partidas presupuestarias. Por su parte los
militares sufrieron un aumento del 51% del dinero recibido, holgadamente
superior al 27,6% de la inflación. Sólo este incremento es mayor, sumando los totales,
del dinero que recibirán para su gestión en 2013 los ministerios de
Alimentación, Agricultura, Vivienda, Deporte, Cultura, Juventud, Mujer, Pueblos
Indígenas y Defensoría del Pueblo. Esto desmonta la afirmación del énfasis
social del gobierno bolivariano, revelando su naturaleza militarista.
Si hacemos otras comparaciones
confirmamos que uno de los pilares de la gobernabilidad bolivariana es su
generosidad con el sector militar. En el
2013 las Fuerzas Armadas estarán compuestas por 146.786 personas, mientras
que según el Censo 2011 la población indígena del país está conformada por
725.128 personas, casi el triple. Sin embargo los militares recibirán para el año
que viene 156 veces más dinero que el total destinado al Ministerio de Pueblos
Indígenas. Otros cotejos reflejan que las Fuerzas Armadas recibirán 6.13 más
que Ambiente, 7.21 más que Alimentación, 11 veces más que Vivienda, 22,5 más que
Deportes, 24 veces más que Cultura, 44,3 veces más que los jóvenes, 74 veces
más que mujer y 192 veces más que la Defensoría del Pueblo. Más militares,
menos cultura y canchas deportivas.
Cuando se revisa más en detalle
el presupuesto del Ministerio de Defensa aparecen más datos significativos.
Para el 2013 la compra de equipos militares será por el orden de 16.087.081.911 Bs, una cifra mayor que
la sumatoria total de lo que percibirán vivienda, alimentación, tierras,
deportes, jóvenes, mujer e indígenas en conjunto. Lo peculiar es que la
propaganda oficial habla de su voluntad de promover una política de desarme de
la población, que por lo visto no empieza ni termina por casa. La militarización
de civiles, las m i l i c i a s, r e c i b i r á n 18.681.004 Bs, mientras que únicamente la unidad de «contrainteligencia
militar» recibirá en el 2013 la mitad del total destinado a Ministerio
Indígena, es decir 110.089.073 Bs.
Este dinero, a falta de reales conflictos bélicos con otros países será
utilizado para vigilar a lo que el Estado denomina «enemigo interno». Por otro lado sólo lo
destinado a la Seguridad Social de los militares en 2013 (2.905.228.752 Bs) duplicará el total destinado al Ministerio de
Deportes. Además sólo la partida de salud de miembros de las Fuerzas Armadas (1.679.641.946 Bs.) es mayor a la
sumatoria de lo que recibirán en 2013 Indígenas, Mujer y Juventud. Estos
números sugieren que los únicos que tienen garantizado en el país una debida
atención médica y seguridad social son los militares, mientras los trabajadores
y el pueblo pobre, a falta de una red hospitalaria pública de calidad, debemos endeudarnos
en costosos tratamientos en las clínicas privadas. Esto significa la
privatización, por la vía de los hechos, de la asistencia sanitaria en el país.
