Sabino Romero y Alexander Fernández, rehenes del gobierno de Chávez
El 17 de diciembre pasado, el presidente Chávez hablaba en el acto de instalación del Instituto Superior de Estudios Políticos del PSUV. Mientras su afiebrado discurso saltaba de una cosa a la otra, hizo una breve referencia a la huelga de hambre que dos meses antes realizó el cura jesuita José María Korta, junto con otros dos activistas. Aseguró que cuando fue informado de que la huelga se realizaba en defensa de los derechos de los pueblos indígenas se encontraba de viaje, pero le “provocó” dirigirse a la Esquina de Pajaritos para sumarse a la huelga de hambre, porque el cura “tenía razón”. Sin reparar en la gravedad de estas palabras, cambió de tema. Aunque no explicó por qué se abstuvo de sumarse a la protesta de Korta, no hacía falta que lo hiciera: todo el mundo sabe que los Presidentes no hacen huelgas de hambre contra sí mismos.
Y es que a través de la huelga de hambre, Korta, Ramón Sanare y Wu Limin, exigían que el gobierno respetara los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, principalmente el derecho a la demarcación territorial, y libertad para Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero. La huelga fue levantada bajo el acuerdo pactado con el vicepresidente Elías Jaua, según el cual Chávez se reuniría con Korta y representantes de las organizaciones que apoyan la libertad de Sabino Romero, “para abordar los detalles sobre los mecanismos necesarios para que se materialicen las demandas”, en palabras de Korta. Pero ni la reunión acordada se realizó ni mucho menos se materializaron las justas demandas levantadas durante la huelga de hambre. Chávez, quien aseguraba cínicamente estar dispuesto a hacer huelga de hambre contra la política de su gobierno, obraba consecuentemente en el sentido contrario.
Es triste tener que decir verdades de Perogrullo, como que el Presidente es el jefe del gobierno, pero el mito de un Chávez que desconoce los aspectos más relevantes de la acción de sus ministros, se ha convertido en piedra angular de la fe chavista. Y esa fe absurda ha conducido varias luchas hacia su derrota.
Durante las negociaciones con el Vicepresidente Elías Jaua, se impuso la tesis de que se podía levantar la huelga de hambre confiando en el gobierno. Hoy los hechos han demostrado que ese fue un trágico error, y hasta qué punto esa política puede conducir a la desmovilización, desmoralización e incluso a la derrota de los que luchan. Ello fue lo que permitió al gobierno derrotar la huelga de hambre, justamente en el momento en que mayor apoyo nacional e internacional generaba. Y con la declaración del 17 de diciembre, Chávez se encargó de enterrar la coartada de su supuesta ignorancia con relación al tema.
Valoramos el esfuerzo y el sacrificio hecho por Korta a lo largo de muchos años por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Hoy, Korta insiste en que la negación de los derechos indígenas es una política de algunos ministros, y no del gobierno en su conjunto ni de quien lo preside. Pero lo cierto es que los compromisos asumidos por el gobierno a raíz de la huelga de hambre no han sido honrados. Los territorios indígenas no han sido reconocidos oficialmente a través de un proceso de demarcación. Los presos políticos del pueblo yukpa no han sido liberados. Esas son razones suficientes para mantener la movilización y desenmascarar la horrenda demagogia gubernamental.
Sabino Romero y Alexander Fernández, secuestrados en la Cárcel Nacional de Trujillo, siguen siendo los rehenes con los que Chávez extorsiona al movimiento indígena para que cese en sus justas reclamaciones territoriales. Ahora más que nunca hay que redoblar la solidaridad con el pueblo yukpa y enfrentar esta política criminal del gobierno de utilizar las cárceles para silenciar las justas luchas del pueblo. La movilización en Trujillo convocada para el próximo 22 de febrero y la simpatía que despierta la lucha yukpa en el ámbito nacional e internacional, nos indican que la batalla por la libertad de Sabino y Alexander está viva y existen posibilidades reales de alcanzar un triunfo, por encima de las pretensiones del gobierno, los terratenientes y las multinacionales de la minería.
Por: Simón Rodríguez Porras (USI)
