Por: Prensa Provea
Tomado del blog del Periódico el Libertario
Jose Quintero Weir, profesor coordinador de la Unidad de Culturas
Indígenas de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia, y los
estudiantes Nelson Zeballos y Eudomar Rincón, miembros de la Asociación de
Consejos Estudiantiles Indígenas de la Universidad del Zulia, denunciaron en
conversación con Provea, la criminalización y persecución de que son víctimas
los miembros de la etnia wayuu en el estado Zulia, por parte de efectivos de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo la excusa de combate a los
"bachaqueros".
José Quintero Weir advirtió que se va a recrudecer un
proceso de criminalización directa contra el pueblo wayuu bajo la justificación
del combate al “bachaquerismo”. En su opinión el fenómeno del contrabando forma
parte de una realidad producida por una economía nacional deprimida, que
posibilita la aparición de mafias asociadas al tráfico de alimentos y gasolina.
“Los wayuu no son los responsables de la situación, el responsable es la
economía. Aquí hay grupos de poder involucrados, sin embargo, el Estado criminaliza
a priori a los indígenas” dijo Weir.
El profesor de LUZ dijo que la escasez de alimentos genera
una crisis de gobernabilidad y acelera el descontento de numerosas capas de la
población, lo que –según afirmó- es utilizado por el gobierno nacional y regional
para cargar sobre los wayuu la responsabilidad por la crisis alimentaria que
viven los habitantes de la región. “Para el gobierno todo wayuu es sospechoso
de ser un criminal. Van alrededor de 25 muertos, solo ayer mataron 2 en un
supuesto enfrentamiento” denunció.
Quintero Weir apuntó que detrás de este acelerado proceso de
criminalización y persecución contra los wayuu, se esconde la intención de
despojarlos del territorio que habitan, para entregarlos en concesión a las
transnacionales carboníferas. “Tenemos que llamar la atención sobre
esta arremetida contra el pueblo wayuu, que es el pueblo que está ocupando los
territorios en donde se pretende explotar dos grandes minas de carbón, para la
creación de carboeléctricas en el estado Zulia, en eso es que hay que llamar la
atención” enfatizó.
Por su parte, Nelson Zeballos y Eudomar Rincón señalaron las limitaciones que
tienen para acceder a sus territorios. “Se nos ha afectado el acceso a la
Guajira, prácticamente no podemos transitar libremente. La extrema
militarización del territorio indígena nos impide acceder a nuestros
territorios”, comentó Zeballos.
Denunciaron que los fuertes controles militares se han
traducido en atropellos y discriminación contra las comunidades indígenas,
señalaron que estas comunidades tienen un acceso limitado a los alimentos
regulados por el gobierno nacional, por lo que afirman que es imposible que los
Wayuu dirijan las mafias del contrabando, como lo han querido hacer ver muchos
funcionarios gubernamentales.
“Si vamos a un velorio nos revisan el ataúd para ver si
de verdad llevamos un muerto. Nos allanan las casas y detienen arbitrariamente
a muchos wayuu, sin respetarles el debido proceso. Las leyes indígenas ya no
existen para ellos, hay una discriminación muy grande” lamentaron los
denunciantes.
Dijeron que los altos mandos de la Guardia Nacional y el
Ejército someten al hambre a los Wayuu al impedirles el uso de medios de
transporte para desplazarse entre la baja, media y alta Guajira. Alertaron que
se quiere criminalizar a todo el pueblo Wayuu para convertirlos en delincuentes
“todos nos llaman bachaqueros, no todos somos bachaqueros”.
Las denuncias de atropellos presuntamente cometidos por
militares contra comunidades indígenas en el Zulia es de larga data. Solo el
año pasado, el 16.07.13, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira denunció
el asesinato de Zoe López, de 26 años de edad y perteneciente a la etnia Wayuu,
quien presuntamente fue víctima de un ataque realizado por efectivos de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes habrían disparado en su contra.
Las organizaciones defensoras de derechos indígenas en el
Zulia, han exhortado reiteradamente a la Fiscalía General de la República y a
la Defensoría del Pueblo, a que se investiguen los hechos en donde efectivos
militares se han visto involucrados en atropellos contra los pueblos
originarios de la zona.
Activistas y defensores han denunciado constantemente el
uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la FANB en ejecución
de la lucha contra el llamado bachaqueo y el contrabando. Cifras extraoficiales
advierten que el número de wayuú asesinados en estos operativos militares,
ascienden a 25 personas y más de veinte heridos, lo que en palabras del Comité
de Derechos Humanos de la Guajira “evidencia la gran vulnerabilidad de los
Derechos Humanos y Culturales del Pueblo Wayuu en la Guajira Venezolana”.
En agosto de 2013, comunidades indígenas wayuu junto a ONG
defensoras de DDHH, realizaron una caminata contra la militarización del
territorio indígena y los atropellos de la FANB. “No queremos más muertes en la
Guajira, exigimos respeto a nuestro territorio”, se leía en las pancartas y
consignas de los manifestantes, quienes relataron la realidad que amenaza
diariamente a los wayuu. “No más balas, tenemos derechos. No más familiares
muertos”, fue el reclamo principal de la actividad.
También en dicha ocasión, se emitió una declaración
pública “en defensa del pueblo, espiritualidad y dignidad del territorio
ancestral Wayuú”, entre los aspectos más resaltantes del pronunciamiento se
encontraban el rechazo al creciente proceso de militarización del territorio, y
la complicidad de efectivos militares con mafias dedicadas al contrabando en la
frontera colombo-venezolana.
Asimismo se solicitó la “investigación, reparación e
indemnización de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en la Guajira,
que se traduce en asesinatos, allanamientos ilegales, heridos y detenciones
arbitrarias violatorias del debido proceso y el derecho a la defensa”.
“Exigimos respeto a la vida, que cesen las balas, no más
atropellos ni allanamientos ilegales a nuestras casas y cementerios, queremos
la paz y el dialogo”, expresó el documento.
El delito de contrabando de alimentos y gasolina en la
frontera colombo-venezolana se ha convertido en un serio problema que afecta el
abastecimiento de productos de primera necesidad en las regiones fronterizas. Sin
embargo, la lucha contra este flagelo no puede convertirse en una política
orientada a criminalizar y perseguir a sectores sociales.
Deben atenderse las causas reales de este fenómeno para
elaborar medidas de consenso, con respeto a los DDHH, y apegadas a la
Constitución Nacional y la legislación venezolana, que permitan avanzar en una
solución al problema. El Estado venezolano debe investigar las denuncias de
atropellos por parte de efectivos militares contra ciudadanos, y las
acusaciones acerca de la presunta participación de altos funcionarios militares
en el delito de contrabando.
