En el marco de una creciente protesta estudiantil contra la política gubernamental para el sector universitario, el gobierno ha optado por aumentar el ejercicio del terrorismo de Estado. Esta semana se hicieron públicas las amenazas de muerte lanzadas por grupos paramilitares de ultraderecha en contra de los organizadores de las marchas en contra del estatuto universitario, así como una serie de acciones persecutorias por parte del sistema judicial.
El día 12 de noviembre se anunció la detención de una estudiante bajo la acusación de colaborar con los grupos guerrilleros, y apenas dos días después, los paramilitares del escuadrón "Aguilas Negras" emitieron un comunicado amenazando a varias decenas de estudiantes.
Asimismo, la Fiscalía ha emprendido acciones propias del más rancio macartismo, e ignorando el principio de presunción de inocencia, al solicitar la revisión de las bases de datos de cinco universidades en Bogotá.
"Es un acto improcedente que debe aclararse lo más pronto posible. Es una medida que no tiene lugar", declaró el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno.
"Este tipo de procedimientos puede ser violatorio de los derechos a la defensa, al buen nombre y al ejercicio pleno de las libertades. La responsabilidad penal es individual y pretende someter a todos por igual a una especie de examen colectivo y estigmatizar a la comunidad universitaria, puede acabar con el principio de inocencia", dijo la Secretaria Distrital de Gobierno, Clara López Obregón.
