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Revolución Continental

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martes, 28 de abril de 2009

Caracas, 29 de abril: Concentración frente al Ministerio Público para exigir cese a la criminalización de activistas sociales detenidos en Sierra de P

ESTE MIERCOLES 29/04/09 A LAS 10:00 A.M.

Sede principal del Ministerio Público frente a la Estación del Metro Parque Carabobo

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz condena la limitación al ejercicio de la defensa de los derechos humanos, en tanto Maryluz Guillén, Kelys Amundaray y María de los Ángeles Peña actuaron en función de vigilar el respeto a la vida e integridad física de Tomas Becerra y Luis Chaparro quienes fueron golpeados por funcionarios militares. Hechos ocurridos el 22/08/08 cuando un cerco militar detuvo, en la zona de Cuesta del Padre de la Sierra de Perijá, a una caravana humanitaria conformada por 40 personas quienes llevaban a alimentos y medicinas para las comunidades Yukpa de la cuenca del Río Yaza, como parte de las acompañamiento a la lucha de estos pueblos por su derecho a la tierra.

Exigimos justicia en este caso sobreseyendo las causas que les fueron abiertas y erradicando la práctica de abrir procesos judiciales a personas que de manera pacífica realizan acciones de exigibilidad de los derechos.

Según el artículo 132 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el grupo de defensores y defensoras estaban cumpliendo con sus responsabilidades sociales “Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y la paz social.”

Las actividades que desempeñan en las organizaciones comunitarias, ecologistas e indigenistas están orientadas a la promoción y defensa de los derechos humanos. Es por ello, que recordamos la resolución Nº 2002/70 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de fecha 25 de abril del 2002 según la cual condena todas las violaciones de los derechos humanos cometidas contra personas dedicadas a promover y defender los derechos humanos e insta a todos los Estados a que adopten todas las medidas necesarias que garanticen la protección de los defensores de los derechos humanos (art. 3 y 4)

La Red de Apoyo solicita:

* Sobreseimiento de las causas abiertas contra el grupo de defensores de derechos humanos.

* Se investigue y sancione a los funcionarios de la Guardia Nacional y del Ejército venezolano, que intervinieron en esta violación a los derechos humanos, estableciendo las responsabilidades correspondientes según la cadena de mando involucrada en los hechos. Investigación que cursa en la Fiscalia de Derechos Fundamentales Nº 45 del estado Zulia.

* Sancionar a los responsables por la muerte del abuelo José Manuel Romero ocurrida en fecha 22 de julio de 2008. El anciano de 109 años José Manuel Romero, y padre de Sabino Romero, Cacique de la comunidad Chaktapa, murió días después de los golpes causados por Alejandro Chávez Vargas, dueño de la hacienda Kusare. Hasta la fecha, la investigación a cargo del Ministerio Público, Fiscalia Nº 14 del estado Zulia, no ha avanzado, ni se concreta en sanción a los responsables.

* Exigimos que cesen las descalificaciones contra las y los activistas sociales y en especial en contra de los indígenas Yukpa, pues esta tendencia a la criminalización les coloca en una grave situación de riesgo.

* Garantizar la protección de las comunidades que siguen bajo la amenaza de sicarios pagados por los ganaderos.

* Dar celeridad a las labores de la Comisión Nacional de Demarcación para que se devuelva las tierras a las comunidades indígenas y se paguen las bienhechurías a los hacendados que las han usurpado desde hace décadas, pues esta situación de conflicto aumenta la vulnerabilidad de la población indígena.


Por: RED DE APOYO POR LA JUSTICIA Y LA PAZ