ANNCOL
Dos hechos internacionales de justicia se han producido últimamente en el mundo que envían mensajes claros contra la impunidad. En esa perspectiva, la situación de Colombia, a nivel de los DDHH no puede pasar desapercibida. La impunidad reinante en el país, la ausencia de división de poderes, y la configuración de un aparato político-jurídico personalista en torno al presidente y a su proyecto excluyente de sociedad hacen que, solamente la justicia internacional puede garantizar una verdadera justicia frente a esa orgia de sangre que reina en este régimen colombiano.
La señal más clara e importante, es que los autores, dos jefes de Estado, uno en ejercicio (El presidente de Darfur Al Bashir) y otro expresidente (Alberto Fujimori), no pueden ocultarse en la inmunidad propia de sus cargos, ésta no le garantiza la impunidad a ningún jefe de Estado en ejercicio para el caso de Darfur, o la inmunidad que puede garantizarse un expresidente, que como en el caso de Fujimori controló en su momento todas las instancias de los tres poderes públicos peruanos. Los delitos cometidos por Fujimori y por Al Bashir son una gota de agua comparado con el mar de atrocidades e impunidad que ha reinado en Colombia durante los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez, AUV (2002-2006/ 2006- y lo que va ocurrido del 2009). Sin querer decir con esto, que los lazos paramilitares y mafiosos de AUV se reducen a sus dos periodos en la presidencia.
Si bien el mandato de la CPI se limita a crímenes cometidos después del primero de julio del 2002, fecha de entrada en vigencia del tratado firmado por más de cien estados, incluido Colombia. A pesar de la cláusula de moratoria de 7 años que Colombia interpuso al momento de firmar el Estatuto de Roma acogiéndose al articulo 124 del Estatuto, la CPI tiene en éste país, una situación dramática en materia de derechos humanos, situación agravada con el rol estimulante al delito que tiene la impunidad en un 97% de los casos.
A esto se agrega que, a través de pronunciamientos públicos de las más altas personalidades en la jefatura del Estado, empezando por propio presidente de la república que, en muchas intervenciones reseñas por los medios de comunicación han incitado a la eliminación física de organizaciones/y o personas que han osado emitir una critica contra su régimen acusándolas sistemáticamente de ser insurgentes, “guerrilleros de civil o simplemente terroristas”. Esto se ha interpretado como una patente de corso para que los paramilitares actúen y ejecuten a los opositores políticos, sindicalistas, defensores de DDHH, y ciudadanos en general.
Y lo que es peor, jamás se ha emitido un pronunciamiento público de condenada por parte del jefe del Estado -y otros jerarcas del régimen- a los crímenes cometidos por el concubinato fuerzas militares-paramilitares, como esta demostrado en diferentes casos donde el acerbo probatorio dejó en claro la política estatal consiste en la unidad de acción fuerzas militares y paramilitares.
Recordemos que las responsabilidades no se pueden perder en la cadena de mando. Que el presidente de la república es el comandante en jefe de las FFMM, y que un funcionario público es culpable por acción u omisión de las funciones propias de su cargo.
Sólo tres casos, entre tantos de la historia reciente de Colombia donde Álvaro Uribe Vélez ha sido protagonista de primer orden en delitos que ofende a la humanidad entera:
A) Por los delitos cometidos contra la comunidad de San José de Apartado por parte de las fuerzas militares colombianas en acción conjunta con paramilitares. La Comunidad ha sufrido varias masacres [Entre ellas las masacres de Mulatos y la de la Resbalosa, donde murieron niños indefensos] sin que haya habido justicia judicial efectiva, que garantice a sus miembros el derecho a saber la verdad para preservar su memoria colectiva, el castigo de los responsables y la reparación por parte del Estado. Públicamente el presidente señaló a la comunidad como cercana a organizaciones insurgentes.
B) Por los delitos resultados de la entrega al servicio de los paramilitares de la Fiscalía General de la Nación, bajo la administración de Fiscal Luis Camilo Osorio. El nombramiento de Osorio en la Fiscalía garantizó la impunidad de muchos delitos [masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento de personas, muerte de testigos, etc.] de opositores políticos al régimen de AUV, Osorio no investigó diferentes delitos, y no sólo no investigó sino que entorpeció del desarrollo de la justicia. Mediante prácticas corruptas e intimidatorias el Fiscal Osorio trasladó a funcionarios honestos a otros lugares de Colombia para alejarlos de investigaciones sensibles, otorgó y reasignó casos sensibles a funcionarios corruptos, despidió a funcionarios que seguían los casos cuya responsabilidad militar era evidente.
C) Los delitos cometidos y originados por permitir la infiltración y la puesta al servicio de paramilitares el DAS (el más importante organismo de seguridad del Estado). Recordemos que el directo del Das es nombrado directamente por el presidente de la republica. El director del DAS responde a su jefe inmediato el presidente de la república, comandante constitucional de las fuerzas militares. El presidente defendió públicamente el nombramiento y obra de Jorge Noguera, quien durante su administración facilitó la elaboración de listas de personas que luego serian asesinadas por los paramilitares.
La impunidad es una política de Estado del régimen colombiano, no se garantiza la justicia en una masacre, -como lo presentan los funcionarios del Estado colombiano en los foros internacionales-, condenando a un soldado o a un suboficial del ejército. Los oficiales superiores, el ministro de la defensa y el comandante en jefe de las FFMM deben responder por delitos cometidos por las fuerzas militares bajo su mando. En los pocos casos donde ha habido condena de algún delito (3%), su instigador principal queda bajo la sombra de la impunidad. El 97% de las violaciones de DDHH en Colombia quedan bajo la más completa impunidad.
Un ejemplo que la impunidad es una política estatal se muestra en una revisión somera de la famosa la ley de justicia y paz. Recordemos que esta ley es el resultado, de acuerdos secretos entre el régimen de Álvaro Uribe Vélez y los paramilitares. Como explicar que el criminal de guerra Ernesto Báez [Iván Roberto Duque] con más de 25 años como paramilitar no haya confesado ni una sola masacre.
La ley de JUSTICIA Y PAZ es un punto de llegada de los lazos paramilitares entretenidos por el ahora jefe del Estado, desde su permanencia en la administración departamental de Antioquia y su posterior llegada a la presidencia. Como es de conocimiento público, durante las elecciones presidenciales, las dos últimas en las que ha sido elegido AUV, en las dos, se han presentado votaciones atípicas en regiones de control paramilitar, donde el ganador absoluto es por obvias razones ALVARO URIBE VELEZ.
En un análisis pormenorizado de la ley de Justicia y paz, el padre Javier Giraldo ilustra muy bien porque ha sido una falacia http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article114 , la famosa ley ha sido presentada como resultado de una: a) negociación política, b) como una negociación de paz, c) como un proceso de desmovilización, d) como el desmonte definitivo de los paramilitares, e) como la superación de la impunidad.
Ni lo uno ni lo otro. Una negociación política se hace entre contradictores políticos, (entre el Estado y la insurgencia por ejemplo), pero no entre dos instancias que han compartido los mismo objetivos y que han trabajado juntas en una división de trabajo macabra. Los paramilitares y la fuerzas del orden no han tenido un solo conflicto, y contrario a eso, si muchas coincidencias en su visión de sociedad, en sus métodos utilizados, y en los objetivos perseguidos. Los paramilitares siguen operando, nunca se desmovilizaron, no hay tal de primera y segunda generación, son el resultado de un tronco común de una política de extermino a todo lo que suene o huela a oposición a los intereses vigentes. El presidente después de haberle dado una patente de corso al para-militarismo, ahora lo institucionaliza con sus programas de soldados campesinos, de guarda bosques, un millón de informantes, etc., etc.
Con la entrega de la Fiscalía y del DAS al servicio de la causa común contrainsurgente y contra todo lo que suene a oposición política, el gobierno niega su compromiso con la paz, con contra todo vestigio de reparación a las victimas, pero sobre todo, su compromiso con la jsuticia.
Contrario a eso, el objetivo central de régimen se centra en garantizarse su permanencia en el poder, garantizarse la impunidad mediante las siguientes acciones:
Poner toda la institucionalidad al servicio de la reelección presidencial.
Permitir la infiltración del programa de testigos de la Fiscalía, para eliminar sistemáticamente todo testigo potencial contra los crímenes de Estado.
Persecución sistemática a las ONG y defensores de DDHH para acallar voces.
Judicialización de los defensores de DDHH, como pretende hacerlo con el Padre J. Giraldo.
Allanamientos a las ONG para hacerse a los archivos y bancos de datos que sistematicen las violaciones del régimen.
El desprestigio de toda denuncia presentándola como cerca al terrorismo y contraria a la democracia. Etc. Etc.
Por todas estas razones, la justicia internacional tiene la palabra.
