Una derrota para el gobierno y los terratenientes
Caracas, 10 de mayo.- Luego de un largo proceso de persecución judicial, hoy los dirigentes yukpa Sabino Romero y Alexander Fernández fueron absueltos de los cargos que les imputaban. El atentado fallido contra la vida de Sabino Romero, la noche del 13 de octubre de 2009, derivó en un enfrentamiento en el que murieron dos miembros de las comunidades yukpa. El gobierno sacó provecho de estos hechos para desatar la más atroz persecución contra Sabino Romero y Alexander Fernández, recluyéndolos en instalaciones militares del estado Zulia y la Cárcel Nacional de Trujillo, durante más de un año, y sometiendo a los presos y sus familiares a torturas y vejámenes. Hoy, un tribunal redujo a escombros el parapeto legal levantado por el Ministerio Público y los cuerpos policiales para perseguir a Romero y Fernández, en un proceso de criminalización que respondió a la alianza entre el gobierno y el latifundio ganadero para aplastar la lucha indígena por el derecho al territorio ancestral.
"La defensa constituida por los Abogados Leonel Galindo, Soraya Suárez y mi persona le da las gracias por el apoyo recibido a todos ustedes. Un especial reconocimiento a todos los miembros de la Sociedad Homo et Natura, en la cabeza del profesor Lusbi Portillo, por su innegable empeño y sacrificio por lograr esta meta a favor del pueblo Yukpa. La lucha por los derechos de los pueblos indígenas continuará", expresó el abogado Ricardo Colmenares en una breve nota difundida luego del fallo judicial.
Numerosas movilizaciones fueron realizadas en Maracaibo, Trujillo y Caracas en solidaridad con los presos políticos yukpa durante su detención. A finales de 2010, tres activistas ligados al movimiento indígena realizaron una huelga de hambre en Caracas para denunciar la violación de los derechos indígenas por parte del gobierno y exigir la excarcelación de Romero y Fernández. Los luchadores yukpa recibieron un beneficio procesal para continuar el juicio en libertad el 15 de marzo, y un mes después se pronunciaron en rebeldía, desconociendo la competencia de los tribunales ordinarios para juzgar sobre un asunto que compete a la jurisdicción indígena. Con la decisión de hoy, recibió la estocada final este intento del gobierno y los terratenientes de criminalizar la lucha indígena por territorio. Se trata de una resonante victoria de los pueblos indígenas y el movimiento popular venezolano.
Por: Laclase.info
