Rafael Uzcátegui
Recientemente, en una alocución televisada a todo el país,
el presidente Nicolás Maduro se refirió a la huelga de trabajadores en la
Siderúrgica del Orinoco anunciando la aplicación de “medidas drásticas” en caso
de continuación de la paralización de actividades: “Yo le dije en estos días a
los dos dirigentes sindicales que han tenido parado Sidor, de manera injusta e
ilegal, sobre sus hombros recae que 300 mil familias de Venezuela tengan o no
tengan su vivienda este año, si eso llegara a suceder yo no tendría otra opción
que mostrarle a ustedes la foto y el nombre de los responsables de este crimen
contra el pueblo de Venezuela y de tomar medidas fácticas de acuerdo a la ley”.
El primer mandatario incursiona en fronteras peligrosas al sugerir la
criminalización del ejercicio de un derecho establecido en la Constitución. En
segundo lugar, su declaración intenta antagonizar el disfrute de dos derechos,
el derecho a la huelga y el derecho a la vivienda, en su intento de crear
animadversión contra los reclamos de los trabajadores.
Es curioso, por decir lo menos, que quien se ha calificado a
sí mismo como “Presidente Obrero” haya asumido todos y cada uno de los
argumentos patronales para descalificar una paralización de actividades por
parte de la masa laboral en demanda de mejoras de sus condiciones de trabajo.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sólo son validas las
restricciones al derecho a la huelga en aquellos servicios cuya interrupción
podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de personas o de parte
de la población. El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha indicado que son
servicios esenciales en sentido estricto donde el derecho de huelga puede ser
objeto de restricciones importantes, o incluso de prohibición, los siguientes:
Sector hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de
abastecimiento de agua, los servicios telefónicos y el control del tráfico
aéreo. Expresamente establece en la definición de servicios no esenciales al
sector de la construcción.
No solamente no tienen asideros en la legislación laboral
las declaraciones del “Presidente Obrero”, sino que sus cálculos están fuera
del sentido común. ¿Es posible terminar 300.000 viviendas en tres meses?
¿Depende de los insumos producidos por Sidor en este trimestre el cumplimiento
de las metas de la Misión Vivienda en un año?
Quizás los años del ejercicio burocrático de funciones hayan
hecho olvidar al “Presidente Obrero” cómo es la dinámica de la lucha de los
trabajadores. Su respuesta no sólo ha sido patronal, sino que ha enervado el
espíritu de lucha de la masa laboral. Razones para el descontento sobran: Los
sidoristas han denunciado como “estafa” el más cálculo de sus utilidades
anuales desde hace un quinquenio, el vencimiento de su contratación colectiva
desde hace tres años, deterioro progresivo de sus condiciones y medio ambiente
de trabajo, incumplimiento de las expectativas generadas tras la estatización
de la empresa, así como la existencia de un gran número de trabajadores
tercerizados a pesar de estas prohibidos en la nueva Ley Orgánica del Trabajo.
A esto hay que sumar los diferentes casos de corrupción denunciados, uno
de ellos referente al “tráfico” de las cabillas fabricadas en la siderúrgica.
La respuesta intolerante del Presidente Obrero, amenazando
con despidos y militarización, quizás haya que enmarcarla dentro de la falta de
sintonía de la dirigencia política del país con las demandas actuales de la
ciudadanía. La paralización en Sidor comenzó como una “huelga salvaje” pues el
lunes 16 de septiembre en ausencia de la dirigencia sindical, una gran asamblea
de las bases autónomas de trabajadores decide el paro. Ante la actitud
complaciente del sindicato frente a la violación de los derechos laborales los
asalariados decidieron rebasarlo. Una lección para unadirigencia que había
privilegiado sus intereses políticos partidistas por encima de las necesidades
de quienes los eligieron para que defendieran sus derechos. A diferencia de
Ferrominera donde la directiva sindical liderizada por Rubén González ha
contado con un amplio respaldo, en Sidor esa dirigencia fue rechazada y
finalmente forzada a que algunos de sus integrantes se plegaran a la huelga.
Lo anterior lleva a preguntarse si la polarización política,
que ha servido como muro de contención a las demandas sociales, comienza a
debilitarse. Si esto es así el “mal ejemplo de Sidor”, la movilización autónoma
y beligerante de quienes exigen una mejora de su calidad de vida, debería ser
repetirse en diferentes puntos del país.
Desde hace cinco años vivimos una creciente protesta social
encabezada por los trabajadores.
Sus protestas son dispersas porque, entre otros aspectos, no
existe una dirigencia sindical capaz de vincularlas y darle un contenido
global. La dirigencia sindical ha priorizado defender o atacar al gobierno a
costa de minimizar la agenda social. Quizás Sidor anuncia una época de
reversión de la electoralización de la movilización popular, donde la gente en
la calle comience a reconocerse en los padecimientos comunes.
