El gobernador del estado Táchira, César Pérez vivas y el alcalde del municipio metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, iniciaron su mandato del 2009 con el arbitrario despido de más de 8 mil trabajadores.
En enero de 2009, el Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum) denunció que las nuevas autoridades de la gobernación del estado Táchira despidieron a más de 800 docentes que prestaban servicio en las diferentes escuelas de la región andina. Mientras que en Caracas el alcalde Ledezma desató un conflicto laboral al despedir a 7264 trabajadores, entre ellos 232 con discapacidad, 243 adultos mayores y 123 mujeres embarazadas, según denuncaban los afectados a Radio Mundial.
En palabras de José Pirela, trabajador despedido por la gobernación del estado Táchira: “la guerra ha sido en contra de los trabajadores revolucionarios y no revolucionarios, personas que votaron por él y creían en él, los botó”.
Aparte del despido masivo, trabajadores denunciaron hostigamiento dentro del ambiente laboral. La periodista Blanca Castejón, empleada fija de la Unidad de Política de la Gobernación de Táchira afirmó en marzo a la estatal Vive TV que "desde el pasado 09 de enero la situación laboral para nosotros se ha vuelto insoportable, venimos a la oficina y no nos dejan trabajar, nos quitan el servicio telefónico, las computadoras, el aire acondicionado y debemos permanecer las horas de trabajo en una oficina casi en penumbras", denunció la periodista Blanca Castejón, empleada fija de la Unidad de Política de la Gobernación del estado Táchira.
Igualmente, los trabajadores de la alcaldía mayor expresaron que hay 4.700 trabajadores amparados por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cual establece la continuidad a partir de dos contratos, reseñaba Radio Mundial en marzo.
Autoridades de la oposición derechista se niegan a acatar las órdenes de reenganche
Miles de trabajadores acudieron a la Inspectoría del Trabajo de su región para denunciar y exigir medidas de suspensión a los despidos masivos ejecutados por ambas autoridades gubernamentales, con los cuales se lesionaban los derechos de los trabajadores y sus familias.
Ninguna de las autoridades ha podido justificar legalmente los despidos masivos, quedando de manifiesto el carácter arbitrario de ambas decisiones y la tajante violación de la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo. En la gran mayoría de los casos se violentó también el decreto presidencial de inamovilidad laboral. La situación se asemeja a la planteada desde el año pasado, cuando el gobierno nacional emprendió la supresión de numerosos organismos estatales y despidió a sus trabajadores, en violación de las leyes laborales y el decreto de inamovilidad.
En Julio, mediante la resolución número 2.540, el ministerio ordenó el reenganche y pago de salarios caídos de 2.252 trabajadores al servicio de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, que fueron víctimas de despido por parte de Ledezma bajo el supuesto de tener contratos temporales, cuestión que los representantes de dicha institución sólo pudieron comprobar en el caso de 41 trabajadores, reseñó El Universal.
Por su parte, la gobernación del Táchira recibió una multa de 279 mil bolívares fuertes por desacato a la primera orden de reenganche. Ante la persistente negativa a acatar la orden de reenganche, la Inspectoría del Trabajo de San Cristóbal realizó una ejecución forzosa de reenganche en la Gobernación del estado Táchira, debido al incumplimiento de la Resolución Nº 6.643 del 1º de septiembre del 2009, emitida por el Mintrass que beneficia a 538 trabajadores y trabajadoras despedidos por la Gobernación entre diciembre 2008 y marzo 2009.
Al día de hoy Ledezma también se niega a acatar las órdenes de reenganche emitidas por el Mintrass a favor de más de 2500 trabajadores.
A través de estas acciones, la derecha opositora ha dejado ver su ínfimo respeto hacia los derechos de los trabajadores.
Por: Laclase.info
