Coordinadora Nacional de los
Indignados de Venezuela
La historia de Venezuela registra
el inagotable e incansable espíritu de lucha anticolonialista y anticapitalista
de su pueblo. Desde la épica resistencia
aborigen y las heroicas insurrecciones de los negros contra los invasores
europeos de 1492, mucha sangre popular se ha vertido por la liberación nacional
y la justicia social. 523 años tras una patria independiente, soberana, con
justicia social, igualdad, solidaridad y libertad para su pueblo.
La Guerra de Independencia
representa el mayor esfuerzo militar y la más amplia alianza social contra el
colonialismo, logrando derrotar militar y políticamente a la potencia
colonizadora. Sin embargo, los sectores populares no vieron consumado su anhelo
de justicia social, igualdad y libertad, al mantenerse intacta la estructura
social y económica de la colonia.
Pocas décadas después las masas
populares empobrecidas, bajo el liderazgo social y militar del General Ezequiel
Zamora, enarbolan la consigna de “tierra y hombres libres” para dar inicio a la
Guerra Federal, a través de la cual el pueblo le disputó el poder político a la
oligarquía terrateniente en procura de las reivindicaciones económicas,
políticas, culturales y sociales, ignoradas aún después de la independencia.
Esta gran gesta social y militar
constituye, junto a la resistencia indígena liderada por Guaicaipuro, la
rebelión de los negros encabezada por José Leonardo Chirinos y la rebelión popular del pueblo de Caracas el
27 de febrero de 1989, los hechos históricos
de mayor alcance filosófico, cultural, social y político, mediante los
cuales el pueblo de Venezuela ha buscado, con total autonomía organizacional y
militar, su emancipación y felicidad.
La lucha armada adelantada por
importantes sectores revolucionarios y sociales durante la década de los 60 del
siglo pasado en América Latina, especialmente en Venezuela, también forma parte
de los esfuerzos populares contra el colonialismo y por la justicia social que
fueron ejecutados con autonomía frente a los factores de poder nacionales e
internacionales y a través de la cual se disputó firmemente el poder político.
Un aspecto de gran importancia en
este largo proceso de resistencia popular es la permanente presencia de una
corriente patriótica y nacionalista dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales
que ha aportado hechos constituyentes originarios de gran trascendencia
histórica. Así ocurrió el 1ro de enero
de 1958 con el alzamiento militar que sirvió de antesala a la gloriosa
insurrección popular del 23 de enero de ese mismo año que derrocó la dictadura
Perezjimenista. Otros hechos militares de igual relevancia lo constituyen los
pronunciamientos conocidos como “el Carupanazo” y “el Porteñazo”, así como las
insurrecciones acaecidas el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992.
Igual relevancia en las luchas
populares ha tenido el aporte de algunos sectores religiosos que se han sumado
a las organizaciones comunitarias en pro de la conquista de los derechos
sociales y políticos del pueblo. Es el caso de la Teología de la Liberación
quienes asumieron plena militancia
en los procesos de luchas
sociales en toda Latinoamérica, siendo
el padre Wuytack uno de su más destacado representante en Venezuela.
Grandes insurrecciones
campesinas, indígenas, estudiantiles, obreras y vecinales han mantenido
permanentemente en alto las banderas de la justicia social, de los derechos
políticos y humanos, de la defensa de la diversidad cultural, del derecho al
territorio y a la tierra, de la libertad, de los suelos de vocación agrícola,
de los bosques tropicales, de la biodiversidad, de las fuentes naturales de
agua. Entre ellas cabe mencionar la protesta estudiantil del 21 de noviembre de
1957, la huelga de los obreros y
campesinos del estado Yaracuy contra las empresas bananeras, las huelgas de los
obreros de las empresas textiles del estado Aragua, las huelgas del sector
automotriz y lácteo de los estados Carabobo y Mérida, las insurrecciones de los
Pueblos Indígenas Yukpa, Bari y Pemón ubicados en los estados Zulia y Bolívar y
la insurrección de los campesinos de Morador y Tierra Buena en el estado
Portuguesa.
El pueblo venezolano en su larga
marcha por la emancipación ha contado con grandes pensadores, poetas,
escritores, cantantes, pintores, escultores, tecnólogos, ecologistas e
intelectuales; entre muchos: Simón Rodríguez, Salvador de la Plaza, Ibrahim
López García, Orlando Araujo, Salvador Garmendia, Ali Primera, “el chino”
Valera Mora, Aquiles Nazoa y Carlos
Contramaestre.
CRISIS ACTUAL Y ECONÓMIA RENTISTA
Hoy, la severa crisis que afecta al capitalismo mundial, tanto en su versión de
libre mercado, representado fundamentalmente por Estados Unidos e
Inglaterra, como en su modelo estatista,
cuyos máximos representantes son Rusia y
China, expresada en la grave situación
ambiental que ha colocado en peligro la vida sobre el planeta tierra como
consecuencia del modelo de energía fósil sobre el cual se sustenta, así como de
la explotación extensiva de la agricultura y la ganadería, de la alta concentración de poblaciones en
mega-ciudades, de la propiedad privada sobre los recursos naturales, del modelo
tecnológico y científico anti-ecológico,
la cultura consumista, la arquitectura capitalista y el deterioro en la
calidad de la alimentación, la creciente situación de pobreza de la población
mundial y la violación sistemática y masiva de los derechos humanos.
Aunada a las particulares
circunstancias que caracterizan la magnitud de la crisis que afronta la
sociedad venezolana, nos coloca en un momento histórico que exige y ofrece nuevas y grandes gestas
patrióticas y populares de profundo contenido libertario.
En los últimos 16 años el
gobierno de Venezuela ha profundizado irresponsablemente la dependencia de
nuestra economía de la renta petrolera y del endeudamiento mediante costosos
prestamos provenientes de grandes potencias capitalistas mundiales,
fundamentalmente de China y Rusia. En la medida en que, durante casi una
década, el precio del barril de petróleo se estabilizó en 100 dólares, fue
abandonada toda política de desarrollo agropecuario, turístico, farmacéutico,
textil, del calzado, entre otros; haciendo depender la alimentación, la salud,
el vestido y en general el suministro de todo tipo de bienes y servicios al
pueblo venezolano de mercados extranjeros, mediante importaciones que
representan altas erogaciones en divisas.
Por tal razón, la estrepitosa
caída internacional de los precios del petróleo ocurrida desde el año 2014 como
consecuencia de nuevas condiciones tecnológicas y geopolíticas asociadas con el
negocio petrolero, encuentran a Venezuela con su capacidad productiva nacional totalmente devastada y, por ende,
imposibilitada de satisfacer las necesidades básicas de la población. Con el agregado
que al depender el ingreso de divisas casi exclusivamente de las exportaciones
petroleras también la capacidad de importación se ha mermado en un alto
porcentaje.
Según datos difundidos por el
Bank of América la caída para Venezuela de ingresos petroleros en los últimos
dos años suma 41.4 millardos de dólares. Igualmente dicha entidad bancaria
señaló sobre la situación económica de nuestro país, lo siguiente: “Entre enero
y septiembre de 2015 las importaciones fueron 43,2% menos que en el mismo periodo
de 2012, y se convierte así en el recorte de compras externas más grande que se ha producido en la historia de
Venezuela”.
Debemos destacar que la política
implementada por el gobierno nacional ante la caída de los ingresos petroleros
ha sido la de restringir la importación de bienes, lo cual implica un alto
costo social, esto con el propósito de
mantener la capacidad de satisfacer las obligaciones de pago de servicio (intereses) de la deuda externa.
CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA
Esta
política antipopular es altamente cuestionable desde el punto de vista moral,
en razón de la voraz corrupción que desde la casi totalidad de la burocracia
gubernamental impactó negativamente la inmensa riqueza que produjeron los elevados precios que durante años mantuvo
el barril de petróleo. No sólo no invirtieron en el desarrollo y consolidación
del aparato productivo nacional que nos permitiera alcanzar nuestra soberanía
económica, sino que, además, mediante el mecanismo de control de cambio
lograron desviar hacia empresas de maletín esa inmensa masa de dólares que
actualmente se encuentra dispersa en el sistema bancario europeo, asiático,
norteamericano y caribeño, formando parte del patrimonio privado de jerarcas
militares y políticos venezolanos, así como de sus respectivos entornos
familiares.
La magnitud de la corrupción
administrativa alcanzada en el actual sistema político ha degradado moralmente
a un importante número de instituciones públicas afectando significativamente
el normal desenvolvimiento de la sociedad. En especial es necesario destacar la
mutación de los cuerpos de seguridad del Estado en verdaderas estructuras de
delincuencia organizada. Podemos señalar que la criminalidad relacionada con
secuestros, extorsiones, narcotráfico, legitimación de capitales, contrabando,
homicidios (bajo el modus operandi de sicariato), trata de personas, hurto y
robo de vehículos, entre otros tipos penales de gran magnitud e impacto social,
es de la autoría, casi con carácter de exclusividad, de funcionarios policiales
y militares de los distintos cuerpos de seguridad del Estado.
Este fenómeno ha incrementado muy
gravemente la violencia en Venezuela, siendo el responsable que anualmente
ocurran aproximadamente 25.000 homicidios en nuestro país, ya que la causa de
un alto porcentaje de ellos es el ajuste
de cuenta y la eliminación de personas que poseen información sobre la
actividad de dichas estructuras criminales.
Por otra parte, la política
social de corte populista mediante la cual se implementaron algunos programas
de auxilio a los sectores populares en cuanto a la satisfacción de sus derechos
sociales de rango constitucional como lo son la alimentación y la salud,
también se encuentra altamente comprometida en virtud de la gigantesca
corrupción administrativa. En ese sentido, podemos señalar que la corrupción
administrativa es un delito contra los derechos humanos.
A la par que la inhumana magnitud
de la inflación que golpea fundamentalmente a los sectores más débiles, la
fuerte devaluación de la moneda nacional, el creciente desempleo y el cada día
más agudo desabastecimiento de alimentos y bienes, aumenta dramáticamente los
índices de pobreza.
GRAVE Y SISTEMÁTICA VIOLACIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS
Ante la crítica realidad socio-económica que afronta el
pueblo venezolano la protesta social es la respuesta legítima y constitucional.
Los barrios, los liceos, las universidades, los trabajadores, los indígenas,
los campesinos y los militares patriotas, marchan hacia una gran huelga general
que impulse los cambios políticos necesarios para darnos un gobierno
patriótico, popular y soberano que consolide los derechos sociales y la
dignidad humana de toda la población, en un marco de igualdad, solidaridad,
libertad, honestidad, diversidad cultural y respeto por el medio ambiente.
Ante este cuadro histórico en el
cual el movimiento popular asume la iniciativa política, el gobierno nacional
ha implementado planes represivos de total carácter fascista. En primer lugar,
debemos denunciar la Resolución numero 8610 dictada por el Ministerio de la
Defensa que autoriza disparar armas de fuego contra las manifestaciones
populares, violándose absolutamente el artículo 68 de la Constitución de la
República según el cual “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias
tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.
Además, dicha resolución autoriza
la participación de las Fuerzas Armadas Nacionales en el restablecimiento del
orden público, desconociendo que el artículo 332 eiusdem, ordena que el orden
público es de competencia civil, para lo cual la propia norma constitucional
invocada señala que debe crearse: “Un cuerpo uniformado de policía nacional”.
En segundo lugar, es imperioso
denunciar el plan criminal denominado Operación
para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP), que desde el mes de
agosto se ejecuta contra los habitantes de los barrios pobres, el cual hasta la
presente fecha ha dado como resultado el injusto asesinato de aproximadamente
300 venezolanos, el allanamiento sin orden judicial y sin la presencia de
testigos de miles de hogares, la detención arbitraria de más de 10.000
personas, el desalojo forzado e ilegal de centenares de viviendas familiares y
la total destrucción de barrios.
Es importante destacar que tanto
el Presidente de la República como el Ministro de Relaciones Interiores, han
pretendido justificar tal atrocidad argumentando que son medidas para
garantizar la seguridad ciudadana, cuando lo cierto es que las mismas distan
mucho de constituir políticas sociales capaces de disminuir la conflictividad y
promover la convivencia comunitaria pacifica, en otras palabras, la denominada
OLP no representa una política idónea de prevención social del
delito en el marco del estricto
respeto a los derechos humanos, tal como lo consagra el artículo 55 de la
Constitución de la República.
También es altamente cuestionable
que la OLP sea un operativo militar a cargo de la Guardia Nacional, cuando
según el artículo 332 constitucional la seguridad ciudadana es una materia de
carácter civil.
En conclusión, tanto la
Resolución 8610 del Ministerio de la Defensa como la Operación para la
Liberación y Protección del Pueblo (OLP), constituyen políticas de contenido
fascista para sembrar terror en el pueblo y de esa manera tratar de ahogar su
legítimo derecho a la protesta contra la grave situación socio-económica que
menoscaba el disfrute de sus derechos sociales. Ante lo cual cabe retomar la
consigna: ¡¡¡LAS CALLES SON DEL PUEBLO Y NO DE LA POLICÍA!!!
ENTREGA DE NUESTRA SOBERANÍA
ECONÓMICA Y TERRITORIAL
Simultáneamente con este cumulo de políticas
antipopulares, el gobierno nacional ha implementado diversas políticas que
violan nuestra soberanía económica y territorial. Se debe señalar que en su
política de endeudamiento externo ha incurrido en traición a la patria, no otra
cosa podemos concluir cuando el préstamo obtenido de la República de Brasil por
la cantidad de 4.300 millones de dólares fue garantizado con reservas de
petróleo de la Faja del Orinoco. De igual manera se ha procedido ante préstamos
que por la cantidad de 12.000 millones de dólares solicitó el Poder Ejecutivo
Nacional a Japón y a China. Es decir, ante un incumplimiento de los pagos de
dicha deuda el ente acreedor puede ejecutar la indicada garantía, con lo cual
parte del territorio nacional y de nuestros recursos naturales quedarán bajo el
dominio de factores extranjeros.
Otorgar las reservas petroleras
como garantía de un contrato de préstamo, o de cualquier otra naturaleza,
significa una violación del artículo 12 de la Constitución de la República,
según el cual “Los yacimientos…de hidrocarburos…existentes en el territorio
nacional…son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables…”.
Así mismo, mediante la reforma de
la Ley Hidrocarburos han permitido que la exploración y explotación de nuestros
hidrocarburos sea realizada por empresas mixtas, en las cuales el capital
privado nacional o extranjero es propietario de un 40% de las acciones, y por
lo tanto, dueño también de un 40% de los dividendos del negocio petrolero
venezolano, en consecuencia, se ha entregado parte importante de nuestras
riquezas petroleras a las empresas multinacionales.
No menos grave para los intereses
nacionales reviste las negociaciones que el Poder Ejecutivo Nacional adelantó
con la República de Colombia sobre la delimitación de aguas marinas y
submarinas del Golfo de Venezuela, la cual giró sobre la propuesta suscrita por
nuestra embajada que “asigna al vecino
país áreas sobre las cuales carece de título jurídico, mientras que Venezuela
si los posee en cantidad y calidad suficiente”.
Dicha negociación ha sido
suspendida debido a la denuncia formulada por Francisco Nieves Croes, miembro
de la Comisión Presidencial para la Delimitación de las Áreas Marinas y
Submarinas con la República de Colombia, en carta dirigida a los demás integrantes
de dicha comisión.
Con igual debilidad en la defensa
de la integridad y soberanía territorial de Venezuela ha actuado el Poder
Ejecutivo Nacional ante las concesiones petroleras, mineras y forestales
otorgadas por el Gobierno de la República de Guyana a empresas multinacionales
norteamericanas, inglesas y chinas en el territorio Esequibo, en abierta
violación del Acuerdo de Ginebra de 1966, celebrado entre Venezuela y Guyana en
las Naciones Unidas.
Este acuerdo reconoce el carácter
irrito y nulo del Laudo Arbitral de París de 1899 por ser producto de una
componenda entre Estados Unidos, Inglaterra y Rusia para despojar a Venezuela
de ese vasto territorio que histórica y jurídicamente nos pertenece en plena
justicia.
CONSTITUCIÓN RECOLONIZADORA Y
NEOLIBERAL
De igual manera, debemos denunciar que la Constitución de la
República de 1.999 concibe un modelo de economía capitalista neoliberal y
recolonizadora. Así tenemos que en su artículo 299 establece el libre mercado
como principio que rige la economía venezolana, lo cual hace en los siguientes
términos: “El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de
Venezuela se fundamenta en los
principios …libre competencia…”.
Además en su artículo 113 permite
la privatización de la explotación de los recursos naturales del país, así como
de la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social y de todos los
demás servicios públicos, al establecer lo siguiente:
“Cuando se trate de la
explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de
servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá
otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de
contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público”.
Por otra parte, en su artículo
303 acepta la venta de las empresas filiales de PDVSA y la privatización del
negocio petrolero nacional, de la forma siguiente:
“Por razones de soberanía
económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de
Venezuela, S.A, o del ente creado para el manejo de la industria petrolera,
exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier
otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo
de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A”.
ELECCIONES Y LA MUD
Es importante
destacar que la denominada “oposición”, sector político reunido en la MUD y en
otras estructuras políticas, en ningún momento ha denunciado el carácter
neoliberal de la Carta Magna, por el contrario asume su absoluta defensa. Nunca
ha cuestionado la entrega de nuestras riquezas petroleras al capital privado
multinacional a través de las empresas mixtas. No asume como bandera de lucha
la defensa del Golfo de Venezuela frente a la voracidad de la oligarquía
colombiana. Tampoco asume la lucha contra la sistemática y masiva violación de
los derechos humanos de la que son víctimas los sectores empobrecidos, solo se
preocupa por las violaciones de las cuales son víctimas los integrantes de las elites
políticas que conforman el sector “opositor”.
De manera, que dicho sector político representa otra
fracción del capitalismo recolonizador y neoliberal aliado de las grandes
empresas energéticas multinacionales, en pugna por el control del poder político
nacional. Las elecciones presidenciales, parlamentarias, de gobernadores y de
alcaldes, constituyen el escenario aceptado por los grandes centros de poder
mundial para dirimir la confrontación entre ambas fracciones, sin colocar en
riesgo los intereses económicos y geopolíticos de las grandes potencias
mundiales que negocian el reparto de sus áreas de influencias a nivel
planetario.
AUTONOMÍA POPULAR
Ante el grave
deterioro social, económico, moral, político, de los derechos humanos, de la soberanía territorial, del medio ambiente,
de la soberanía agroalimentaria y de la independencia de Venezuela, es
imperioso avanzar hacia un gran acuerdo político para impulsar una HUELGA
GENERAL PARA SALVAR LA NACIÓN.
Entendemos que el destino
libertario de Venezuela y de todo el continente americano, depende de la acción
autónoma de los sectores populares, campesinos, indígenas, estudiantes, obreros
y desempleados, que emprendan grandes gestas populares totalmente
independientes de las estructuras partidistas de derecha o de izquierda, que
traigan consigo grandes cambios en lo organizacional y en la producción
comunitaria y ecológica.
!!HUELGA GENERAL POR LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA!!
!!HUELGA GENERAL POR NUESTRA SOBERANÍA TERRITORIAL!!
!!HUELGA GENERAL POR NUESTRA SOBERANÍA AGROALIMENTARIA!!
!!HUELGA GENERAL EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS!!
!!HUELGA GENERAL EN DEFENSA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA
SALUD!!
!!HUELGA GENERAL EN DEFENSA DE LA NATURALEZA!!
!!HUELGA GENERAL POR UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO!!
!!HUELGA GENERAL POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN: PATRIOTICA, POPULAR Y
SOBERANA!!
!!HUELGA GENERAL POR EL DERECHO AL TERRITORIO INDIGENA!!
Por la Coordinación Nacional de
los Indignados de Venezuela, de los que resisten y plantean una salida popular
alterna a las fuerzas capitalistas en pugna… Víctor Poleo, Luis Díaz, Orlando
Chirinos, Douglas Bravo, Tito Nuñez, Guillermo Sira, Julio Fandiño, Víctor
Calderón, Rosita Pérez, Carlos Mara Cumana, Francisco Ferrer, José Luis
Marcano, Leonar Gonzalez B. Gonzalo De Sola Ricardo, Alfredo Mendoza, Benjamin
Martinez, Oscar Araujo, Enrique Maria Urquiola, Ebert Cardoza, Argimiro
Narvaez, Jorge León Garcia.
