Hace cerca de un
siglo se descubrió el oro negro en las tierras del pueblo Barí, primeros
pobladores de lo que hoy se conoce como el Catatumbo, espacio geográfico que
comparten Colombia y Venezuela. Con la explotación del petróleo, comenzó la
tragedia de los pueblos originarios. La oligarquía colombiana y las
multinacionales petroleras han sido las únicas beneficiarias de las riquezas minerales con que la
naturaleza dotó al territorio colombiano.
Pasan los años y la historia se repite con la
misma casta de victimarios y las
víctimas de siempre: los pobladores del Catatumbo.
En las últimas
décadas, la inconformidad se hace rebeldía, se traduce en acción y la protesta
generalizada irrumpe, se extiende; la respuesta del Estado pitiyanki
neogranadino, es invariablemente la represión; paralelamente la satanización y
la descalificación, ampliada y profusamente divulgada, por los propietarios
mediáticos privados, son la nota sobresaliente.
Petróleo, carbón,
oro, coltan, hierro, y últimamente se
confirma la existencia de materiales estratégicos como platino y uranio; a
mayores recursos naturales, aunque parezca paradójico, mayor es la
marginalidad, la pobreza y la miseria de la población en general.
Los acuíferos que
surten las aguas del río Catatumbo y las decenas de tributarios depositan el
75% del precioso y vital líquido al Lago de Maracaibo. Año tras año, los ríos disminuyen su volumen, aumentando
exponencialmente la contaminación,
producto del glifosato, con su nefasta consecuencia para los pobladores de los
países fronterizos.
Riqueza por
doquier; abandono, miseria y marginalidad por dondequiera que observemos esta
extensa región; escuelas cerradas; trochas, en lugar de carreteras; hospitales
sin médicos, sin personal que atienda la solicitud de sus pobladores en el
campo de la salud. En los hechos estamos en presencia de la imagen cruel y
triste del decadente modelo neoliberal,
en nuestro martirizado territorio.
El 28 de mayo de
1999, en una acción concertada entre las Fuerzas Armadas de Colombia, la policía
y los servicios secretos del Estado, y su criatura siniestra, los paramilitares
irrumpen en el Catatumbo. El resultado no puede ser más trágico: 5.000 muertos,
más de 3.000 desaparecidos, y cerca 20.000 desplazados. Con apoyo logístico del
ejército, los “para” se dedicaron al pillaje. El botín: cerca de 20.000 cabezas
de ganado robados y todo cuanto era propiedad de la población expulsada a
sangre y fuego.
La coca sustituye los cultivos de maíz, cacao,
plátano, café, arroz, caraota, zapote. La ganadería mayor y menor disminuyó
ostensiblemente. Las maderas, en el límite de su desaparición. El abandono del
Estado es total. Existimos cuando nos levantamos, protestamos y la respuesta es
la misma: más bases militares, menos escuelas; menos profesores, más
represores. Los aviones militares con su mensaje de guerra, bombardeos,
destrucción y muerte. El Estado guerrerista colombiano siempre ha contado con el respaldo económico,
político y militar de sus hermanos del
alma, los asesores norteamericanos.
El 5 de junio las
autoridades municipales, departamentales, presidencia y sus ministros vuelven a
tener noticias de la existencia de los pobladores del Catatumbo. La Conferencia Episcopal, Piedad Córdoba,
Iván Cepeda –parlamentario- y la ONU
han denunciado que en el Catatumbo hay una grave violación a los DDHH,
marcando la diferencia frente a la intransigencia y la tozuda posición
gubernamental. Telesur, es el único
medio presente en el terreno, rompiendo el cerco mediático.
El inicio de la
explotación carbonífera a cielo abierto produce un impacto ambiental nefasto, afectando la fauna y la flora, la expansión de
la tuberculosis por la presencia de millares de partículas de polvillo de
carbón en la población de ambos lados de la frontera común.
El gobierno
colombiano hoy, como ayer, no tiene voluntad política para solucionar las
exigencias del campesinado del Catatumbo. La experiencia nos ha demostrado que
la maquinaria de guerra del Estado colombiano está al acecho, prestos a
expulsar, castigar y reprimir sin piedad a los protestantes.
Los campesinos están en disposición de
resistir hasta las últimas consecuencias. Para garantizar la seguridad de sus familias, especialmente, los niños, los
ancianos y las mujeres, hacemos la
propuesta de crear un refugio humanitario, ubicado en el Consejo Comunal “Las
Guacamayas”, municipio Jesús María Semprún, Estado Zulia, República Bolivariana
de Venezuela.
Presidente Juan Manuel Santos ¿pretende
provocar una tragedia similar a la ocurrida en la masacre de las bananeras (1928)
por defender a las multinacionales?
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DEL CATATUMBO.
“ASCAMCAT”
