Rafael
Uzcátegui
Recientemente Luisa Pernalete, educadora popular y miembro de la Asamblea de
Provea, afirmó que la impunidad era una de las causas de la violencia en
nuestro país, contabilizando en 91% los homicidios que en Venezuela quedaban
sin castigo.
Que de cada
100 asesinatos la cifra de 91 queden sin resolverse es reflejo de las
irregularidades que orbitan alrededor del sistema de administración de
justicia. La impunidad se ha convertido así, después de la pobreza, en una de
las principales violaciones a la dignidad humana. Esta situación se ha hecho
extensiva a los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos
ocurridos en el país.
Este 03 de
julio se cumplirán 04 meses del asesinato del Cacique Yukpa Sabino Romero,
defensor de los derechos de los pueblos indígenas, crimen cometido por sicarios
en la Sierra del Perijá con la presunta complicidad de funcionarios de la
Fuerza Armada, como denunciaron integrantes de la comunidad Shaktapa de donde
era oriundo quien se había convertido en un símbolo de la resistencia indígena.
Las
consecuencias de la acción criminal no se detuvieron allí. Una situación de
alto riesgo corren en este momento los propios hijos del Cacique. Ellos son
Isidro Romero y Sabino (“Sabinito”) Romero a quienes, según denuncias
realizadas por personas vinculadas a la lucha Yukpa, el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas pretende incriminar en
hechos delictivos como parte de un plan que justificaría después su asesinato
en un “enfrentamiento”.
Es
importante recordar que Sabinito es testigo clave para investigar el asesinato
de su padre.
El Estado
venezolano tiene la obligación de proteger la vida de los hijos del Cacique
Sabino Romero y de Lusbi Portillo, como ha sido solicitado formalmente desde
diferentes iniciativas populares.
Recordemos
que el pasado mes de marzo Sabinito e Isidro fueron torturados por el ejército.
Ellos
formalizaron la denuncia ante el Ministerio Público y aún se espera por los
resultados de la investigación. Habrá que ver cuál será la voluntad política
para establecer responsabilidades.
En su
momento denunciaron que habían sido amarrados de un carro Tiuna y golpeados por
un teniente de apellido Pérez.
También
corre alto riesgo el profesor Lusbi Portillo reconocido defensor de los
Derechos Humanos de los pueblos indígenas quien el pasado 15 de mayo, denunció
que había sido informado de fuentes confiables sobre la contratación de dos
sicarios para darle muerte y que posiblemente estarían involucrados ganaderos
de la zona y funcionarios policiales.
Contra
Lusbi, además, se ha desatado en varias oportunidades una ofensiva mediática
pretendiendo responsabilizarlo intelectualmente de las distintas protestas
organizadas por el pueblo Yukpa para reclamar una justa demarcación de tierras,
la cual se encuentra paralizada, entre otras razones, por la profundización de la
economía extractiva como modelo de desarrollo para el país.
Precisamente
los territorios indígenas son ricos en diferentes tipos de minerales y recursos
energéticos, que están siendo comprometidos por el Estado en negociaciones a
futuro con el mercado internacional globalizado.
Con la
campaña contra los luchadores ambientalistas e indígenas se ha criminalizado su
labor creando un ambiente favorable para su neutralización simbólica e incluso
para su liquidación física.
Una acción
preventiva importante es garantizar una investigación transparente y pronta
sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato del Cacique Sabino.
La
impunidad favorecerá que se continúen cometiendo crímenes contra los
integrantes del pueblo indígenas Yukpa.
Pero otra
medida importante es que se realice una adecuada demarcación de tierras y
se pague pronto y de manera justa lo referente a las haciendas y parcelas
existentes en lo que debería ser el hábitat del pueblo Yukpa.
Los
compromisos asumidos recientemente por alto gobierno con los indígenas deben
cumplirse en los tiempos establecidos.
En la
medida en que se logre bajar las tensiones que han prevalecido en la zona de la
Sierra de Perijá en los últimos años por los reiterados incumplimientos del
gobierno y las acciones arbitrarias de algunos ganaderos, se garantizará un
clima más apropiado para el diálogo con la comunidad y la satisfacción de las
exigencias que durante años vienen reivindicando.
De parte
del alto gobierno y las instituciones del Estado está hoy la responsabilidad de
evitar que sigan produciendo hechos de violencia contra el pueblo indígena
Yukpa, evitando que la impunidad en el caso Sabino Romero no sea la norma, como
sí lo ha sido en los casos de los asesinatos de otros luchadores populares como
Joe Castillo, Mijaíl Martínez y los sindicalistas Richard Gallardo, Luis
Hernández y Carlos Requena.
El
Ejecutivo, que ha sido muy diligente en promover la investigación de los
llamados “crímenes del pasado”, en contraste ha sido ineficaz e indolente con
los asesinatos de los luchadores sociales en los últimos años, y como dicen las
cifras, en general con todos los delitos contra la vida de las personas.
¿Estamos en
presencia de una estrategia de impunidad como política de Estado?
