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Una vez más alzamos nuestra indignada voz de protesta para
condenar contundentemente la acción genocida perpetrada por las autoridades del
Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, funcionarios del
GRIP y de la Guardia Nacional Bolivariana, en la cárcel de Uribana que arrojó
un saldo trágico indeterminado de venezolanos asesinados y heridos.
Cabe recordar que la anunciada requisa a la cárcel de
Uribana se hizo inminente el pasado mes de noviembre, cuando la titular del
Ministerio de Servicios Penitenciarios, abogada Iris Varela, informara sobre el
suceso en el cual un trabajador de la construcción adyacente al penal resultó
herido por arma de fuego. A consecuencia de este hecho las visitas fueron
inmediatamente suspendidas y se retrasaron las audiencias de juicio, así mismo
se les impidió a los familiares suministrar alimentos preparados a los presos,
y desde entonces se instaló entre la población penal un estado de zozobra
permanente en espera de la requisa. Durante estos meses persistieron las
conversaciones a fin de garantizar que ésta -como hecho rutinario- se realizara
de manera pacífica; al punto, que un día antes el propio director de Uribana
Nelson Bracca reportó a los medios de comunicación que existía normalidad en el
penal, garantizando que tal procedimiento se llevaría a cabo de manera
“totalmente pacífica”. No obstante la presencia de unidades militares y la
restricción del acceso hacia las inmediaciones de Uribana, alertaban ya de las
previsiones que el Estado adelantaba para el escenario de violencia que se
desataría al día siguiente.
Esto fue información pública – dentro y fuera del penal-
pues para nadie es un secreto que los internos se comunican permanente a
través de teléfonos celulares, tanto más cuando se trataba de un asunto que
mantenía en vilo a todas las personas vinculadas de una u otra forma a la
dinámica carcelaria. Por lo que las desfachatadas acusaciones de la ministra
contra los medios de comunicación redundan en la mentira y manipulación, al
igual que la negativa a ofrecer cifras creíbles de las víctimas supuestamente
en “resguardo a su dignidad”.
Si bien es cierto que la historia de Uribana puede resumirse
en secuestros, coliseos, huelgas de hambre, desacato judicial entre otros
hechos violentos e irregulares, no es menos cierto que el hacinamiento, retardo
procesal y violación del debido proceso, carencia y/o deficiencia de servicios
públicos elementales, indispensables para garantizar un mínimo de la dignidad
humana que tanto “defiende” la ministra, fueron el día a día de quienes allí
subsistían acompañados de la muerte como sombra permanente.
Resulta ignominioso que hoy ninguno de los jueces y fiscales
se den por aludidos ante lo que sin duda es la crónica de una masacre
anunciada, cuando todos sus actos apuntalaron el sangriento desenlace. Una
muestra de ello fue el desparpajo del cuestionado ex Juez Abog. Edwin
Andueza al otorgar beneficio procesal al entonces líder de los coliseos
conocido como “Alexito”. De la misma manera, en diferentes instancias han sido
ignoradas las denuncias de las víctimas contra jueces complacientes,
ineficientes y corruptos que catapultaron al estado Lara como territorio de
impunidad.
Nos preguntamos: ¿Quiénes se lucran del negocio del tráfico
de armas y de drogas, de los beneficios procesales y las libertades?
El Estado, sus tribunales y policías, sus guardias
y pranes, todos actúan como un solo brazo ejecutor. Son ellos
quienes se benefician directamente de esta industria del crimen a costa de la
vida de jóvenes habitantes de nuestras barriadas, convertidos en
delincuentes y diariamente asesinados en las cárceles y calles de este
país.
La condición de procesados – vale decir, ciudadanos cuya
culpabilidad no ha sido comprobada en un tribunal- de miles de hombres y
mujeres tras los muros de las prisiones, olvidados por la justicia es,
definitivamente, prueba incontestable de la verdadera política
penitenciaria y cómo opera el sistema de administración de justicia en este
país, que condena de facto a los más humildes y extermina, por diversas vías, a
los privados de libertad; política que se ha recrudecido con la llegada de la
actual titular del despacho penitenciario. Las cifras del Observatorio
Venezolano de Prisiones y de Una Ventana a la Libertad son reveladoras, no en
vano estas ONG han sido acosadas y criminalizadas por diversos entes oficiales.
Igualmente ignominiosa es la abierta aquiescencia de los
diputados por el estado Lara, tanto del oficialismo, en particular aquellos que
vergonzosamente aplaudían la rueda de prensa de la ministra Varela justificando
la masacre, como de los diputados de la llamada oposición que a lo largo de estos
años han hecho mutis del problema de Uribana y que hoy de manera oportunista se
pronuncian en los medios de comunicación, su único escenario. Ha quedado
demostrado que ninguno de estos señores representa el sentir del pueblo
larense, sistemáticamente ultrajado en sus más nobles valores ciudadanos.
Junto a sus nombres, los rostros impúdicos y complacientes de estos diputados,
han de permanecer grabados en la historia contemporánea de Venezuela como
actores corresponsables de este escenario dantesco.
Por otro lado, replicamos el llamado que el gobernador
Henry Falcón hiciera al gobierno nacional limitándose a exhortarlo a “decir la
verdad sobre Uribana”, escurriendo de esta manera el bulto que por mandato le
corresponde también a él como la más alta autoridad del estado lara, y sin que
se atreviera al menos a decretar duelo regional por lo que fue a todas luces
una masacre que enluta a cientos de familias de ésta y otras entidades del
país.
En este marco, cabe destacar el esfuerzo desplegado por los
medios impresos regionales que han publicado -sin mordaza- extensos
reportajes donde se refleja la historia real de la masacre de Uribana.
Lamentablemente no puede decirse lo mismo de la cobertura de las plantas
televisoras privadas del estado Lara, ni de los llamados medios de comunicación
comunitarios, cuya subordinación a la oscura línea informativa gubernamental ha
sido la norma desde siempre, poniéndose de espaldas a los derechos del pueblo
que dicen defender.
En conclusión, los hechos han mostrado que los sucesos de
Uribana se corresponden con una política de Estado, expuesta
recientemente por el vicepresidente Nicolás Maduro cuando afirmó sobre la
necesidad de“retomar el control de los penales del país, porque las cárceles
tienen que ser gobernadas por la ley.” Y para imponer la ley
del Estado a sangre y fuego vino precisamente la ministra Varela.
Finalmente, nuestras más sentidas palabras de condolencia
y solidaridad activa con las víctimas de la masacre, hoy más que nunca se
hace necesaria la organización y un pronunciamiento por parte de familiares y
sobrevivientes a fin de que la versión oficial, la complacencia institucional y
la impunidad no se impongan silenciando las voces de quienes cargan sobre sus
espaldas el peso de la estigmatización y la exclusión social, que desconoce y
niega de facto los derechos humanos de la población penal.
¡QUE LA MASACRE DE URIBANA NO QUEDE IMPUNE!
¡SOLO CON LA UNIÓN COMBATIVA DE LAS VICTIMAS PODEMOS
ALCANZAR
NUESTRAS REIVINDICACIONES!
COMITÉ DE VÍCITIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD-LARA.
COVICIL . Enero 2013.
