Mujeres Libres (Mérida)
Esta semana el asesinato de tres mujeres en Petare, ha
coincidido con la declaración de la Fiscal Luisa Ortega Díaz solicitando que se
integre el “feminicidio” en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV).
Las tres hermanas Deisy Margarita Sosa, Xeniska Trinidad
Olivares y una menor de edad embarazada, que fueron asesinadas por el ex esposo
de una de las mujeres, pasarán a las estadísticas que no registra el gobierno
venezolano.
Los últimos registros oficiales se hicieron en 2011 a través del Ministerio
Público que informó que se recibían entre 15 y 45 denuncias diarias de
violencia de género. Desde entonces, el gobierno no ha publicado más
estadísticas. Otros organismos no oficiales como “Asociación Venezolana de
Mujeres” han señalado que cada 15 minutos una mujer es maltratada en el país y
3 de cada 10 son asesinadas por sus parejas.
La fundación “Casa de la Mujer Juana Ramírez La Avanzadora”
se manifestó ante el anuncio de la Fiscal. Indicaron que los cambios deben ser
más profundos, e iniciarse en el Código Orgánico Procesal Penal, que mantiene
la violencia de género como “delitos menores” que pueden ser pagados con
servicio comunitario o acuerdos reparatorios, en contradicción a lo estipulado
en la LOSDMVLV.
Por otra parte, la ONG Observatorio Venezolano de los
Derechos Humanos de las Mujeres ha compilado las habituales limitaciones
burocráticas que restan eficiencia a la LOSDMVLV. Situaciones como la falta de
medidas cautelares desde los Tribunales de Violencia para las mujeres que hacen
denuncias, declaraciones que no son procesadas por falta de “recursos y
materiales específicos”, la solicitud obligatoria de los informes psicológicos
a todas las mujeres y para la que se otorgan citas retardas, lo que termina
deteniendo el seguimiento a los casos y generando la impunidad de los autores
de la violencia, son los principales problemas de una lista más larga.
Desde finales del año ha pasado se ha denunciado a través de
Laclase.info (1) que el gobierno no lleva registro estadístico de la violencia
de género. Una forma de invisibilizar la problemática diaria de muchas mujeres
venezolanas y así contener las exigencias por sus derechos.
Mientras se mantienen los vacíos legales y las trabas
burocráticas, vicios característicos del sistema burgés, ascienden los
feminicidios. El gobierno continúa violando los derechos de las mujeres,
especialmente las más pobres que son más vulnerables a estas situaciones por
las características sociales más deprimentes que genera este sistema
capitalista y la imposibilidad de pagar por servicios de protección o asesoría
legal. Todo esto va aupado por la posición cómplice de la MUD que no discute
este ni otros temas concernientes a la mujer en la Asamblea Nacional, debido a
que sostiene una posición de culto al patriarcado y de alianzas con la Iglesia
Católica.
