[Se reproduce a continuación el documento donde la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (ACFIMAN) fija posición ante el
reciente contrato entre el gobierno y la empresa Citic Group, un ejemplo más de
lo que termina siendo el "anti imperialismo" y la "defensa de la
soberanía" que practica el régimen.]
POSICIÓN DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS MATEMÁTICAS Y NATURALES ANTE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EMPRESAS FORÁNEAS PARA LA EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES
La Ley de creación de la Academia, que data de 1917, contempla la constitución de Comisiones Permanentes que se ocupen de “estudiar y someter a la Academia los informes de materias que sean sometidas a su competencia”. Una de ellas es la Comisión de Geología y Minería, la cual se complementa con el Comité de Asesoría Técnica en Ciencias de la Tierra que reúne destacados investigadores del área. Por ese motivo y en atención a la información aparecida en la prensa nacional relativa al contrato firmado por el Gobierno de Venezuela “en septiembre de 2012 con la corporación Citic Group de China que estipula el asentamiento de 27 campamentos geológicos en todo el país, durante 5 años, con 352 ingenieros que generarán los mapas para planificar la minería de la nación…”, la Academia hace pública su opinión al respecto.
Las Ciencias de la Tierra son el conjunto de conocimientos necesarios para el uso y el manejo de los recursos naturales, la detección de los riesgos naturales y la minimización de sus efectos, la estimación de las secuelas de cambios climáticos y ambientales. Para cumplir su cometido, las ciencias de la tierra requieren de un proceso continuo de formación de profesionales e investigadores que provean información básica oportuna, relevante y utilizable. Nuestro país atiende a esas necesidades a través de instituciones gubernamentales como el Instituto Geológico-Minero Nacional (INGEOMIN) en el caso de la cartografía geológica, geofísica y geoquímica, y en las universidades en actividades de investigación, docencia y prestación de servicios.
Los trabajos y las investigaciones en las Ciencias de la Tierra son claves para el bienestar de los habitantes de toda nación. Deben llevarse a cabo de manera continua, incorporando el trabajo ya realizado y las nuevas metodologías que surjan de la investigación, no solo nacional, sino mundial. Un área puede haber sido estudiada pero el desarrollo de nuevos conocimientos representa la oportunidad de realizar nuevos hallazgos importantes. Esto significa que afirmar que “vamos a determinar, de una vez por todas los recursos minerales de un área o una región o un país” es una expresión de ignorancia de la naturaleza misma del trabajo y la utilidad de las Ciencias de la Tierra.
La exploración y cuantificación de los recursos minerales no debe ser activada como una acción espasmódica a ser resuelta a través de contrataciones. Si bien servicios específicos de explotación en áreas delimitadas y con propósitos prefijados, es posible acometerlos con el concurso de empresas privadas nacionales o extranjeras, pero siempre bajo la estricta tutela de la organización responsable del Estado. Hacerlo de otro modo, con empresas extranjeras, va contra la política de alcanzar la soberanía científica y tecnológica y representa un desconocimiento de la existencia y capacidad del personal venezolano que ha actuado en el pasado, que trabaja en la actualidad y que se prepara para hacerlo en el futuro.
No se conoce ejemplo alguno de nación soberana que le haya encargado a compañías de otra nación la integridad de esa actividad. En cambio, lo que se considera apropiado y provechoso es el intercambio de conocimientos, las visitas científicas, las pasantías de adiestramiento y la colaboración en proyectos de investigación. Cada nación debe ser la que conozca más íntimamente sus recursos naturales y en consecuencia, la que decida la forma de hacer uso de ellos. Explícitamente deben ser profesionales nacionales quienes hagan las interpretaciones de los resultados de las observaciones de campo y de los datos geológicos, geofísicos y geoquímicos y la conservación de las bases de datos que dichas investigaciones arrojen, de manera que la información se quede en el país y no sea aprovechada en nuestro desmedro.
Venezuela dispone de una cobertura de mapas geológicos de escalas variables desde 1:25.000 a 1:250.000. Lamentablemente, el notable esfuerzo en el levantamiento geológico-minero por parte del Ministerio de Energía y Minas, para después declinar a fines de los años ochenta del siglo pasado, subsistiendo con grandes dificultades solo en la UCV, ULA, UDO y USB, que son las universidades nacionales que imparten estudios de estas disciplinas.
La gran tradición venezolana en Ciencias de la Tierra está respaldada por más de un siglo de actividades de exploración e investigación de probada alta calidad. Por tanto consideramos innecesario y a toda luz, inconveniente, delegar estas actividades en empresas foráneas, sin haberse preguntado, por ejemplo, si actualmente está INGEOMIN profesionalmente preparado para dirigir esas actividades y si ha sido dotado del financiamiento para hacerlo. Igualmente hay que preguntarse si a las universidades se les ha asignado suficientes recursos para disponer de una infraestructura adecuada y reclutar personal de alto nivel, o si disponen de las facilidades para las imprescindibles -pero costosas- prácticas de campo.
En nuestra opinión, si el Gobierno ahora ha decidido realizar y financiar un gran plan nacional de exploraciones geológico-mineras, antes de tomar la decisión de contratar esa actividad con compañías foráneas, ha debido convocar a los profesionales de más alto nivel en el área con que cuenta el país, tanto de los institutos de investigación, como el de las universidades nacionales y los de la práctica profesional privada. Son ellos, no cabe duda, quienes deberían aportar su experiencia y conocimiento de las geociencias del país, para acometer tanto las actividades de campo y laboratorio, como para la formación de nuevas generaciones de profesionales en el área, preferiblemente dentro del marco de una política clara para el desarrollo del sector para los próximos decenios.
Por lo antes expuesto, la ACFIMAN hace un llamado para que se rescinda el contrato suscrito con el GRUPO CITIC, que pone en riesgo altos intereses estratégicos del país, no propicia el verdadero desarrollo sustentable, va en desmedro de la calidad de la ciencia nacional y de nuestras instituciones y la utilización plena de la capacidad de los profesionales venezolanos.
POSICIÓN DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS MATEMÁTICAS Y NATURALES ANTE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EMPRESAS FORÁNEAS PARA LA EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES
La Ley de creación de la Academia, que data de 1917, contempla la constitución de Comisiones Permanentes que se ocupen de “estudiar y someter a la Academia los informes de materias que sean sometidas a su competencia”. Una de ellas es la Comisión de Geología y Minería, la cual se complementa con el Comité de Asesoría Técnica en Ciencias de la Tierra que reúne destacados investigadores del área. Por ese motivo y en atención a la información aparecida en la prensa nacional relativa al contrato firmado por el Gobierno de Venezuela “en septiembre de 2012 con la corporación Citic Group de China que estipula el asentamiento de 27 campamentos geológicos en todo el país, durante 5 años, con 352 ingenieros que generarán los mapas para planificar la minería de la nación…”, la Academia hace pública su opinión al respecto.
Las Ciencias de la Tierra son el conjunto de conocimientos necesarios para el uso y el manejo de los recursos naturales, la detección de los riesgos naturales y la minimización de sus efectos, la estimación de las secuelas de cambios climáticos y ambientales. Para cumplir su cometido, las ciencias de la tierra requieren de un proceso continuo de formación de profesionales e investigadores que provean información básica oportuna, relevante y utilizable. Nuestro país atiende a esas necesidades a través de instituciones gubernamentales como el Instituto Geológico-Minero Nacional (INGEOMIN) en el caso de la cartografía geológica, geofísica y geoquímica, y en las universidades en actividades de investigación, docencia y prestación de servicios.
Los trabajos y las investigaciones en las Ciencias de la Tierra son claves para el bienestar de los habitantes de toda nación. Deben llevarse a cabo de manera continua, incorporando el trabajo ya realizado y las nuevas metodologías que surjan de la investigación, no solo nacional, sino mundial. Un área puede haber sido estudiada pero el desarrollo de nuevos conocimientos representa la oportunidad de realizar nuevos hallazgos importantes. Esto significa que afirmar que “vamos a determinar, de una vez por todas los recursos minerales de un área o una región o un país” es una expresión de ignorancia de la naturaleza misma del trabajo y la utilidad de las Ciencias de la Tierra.
La exploración y cuantificación de los recursos minerales no debe ser activada como una acción espasmódica a ser resuelta a través de contrataciones. Si bien servicios específicos de explotación en áreas delimitadas y con propósitos prefijados, es posible acometerlos con el concurso de empresas privadas nacionales o extranjeras, pero siempre bajo la estricta tutela de la organización responsable del Estado. Hacerlo de otro modo, con empresas extranjeras, va contra la política de alcanzar la soberanía científica y tecnológica y representa un desconocimiento de la existencia y capacidad del personal venezolano que ha actuado en el pasado, que trabaja en la actualidad y que se prepara para hacerlo en el futuro.
No se conoce ejemplo alguno de nación soberana que le haya encargado a compañías de otra nación la integridad de esa actividad. En cambio, lo que se considera apropiado y provechoso es el intercambio de conocimientos, las visitas científicas, las pasantías de adiestramiento y la colaboración en proyectos de investigación. Cada nación debe ser la que conozca más íntimamente sus recursos naturales y en consecuencia, la que decida la forma de hacer uso de ellos. Explícitamente deben ser profesionales nacionales quienes hagan las interpretaciones de los resultados de las observaciones de campo y de los datos geológicos, geofísicos y geoquímicos y la conservación de las bases de datos que dichas investigaciones arrojen, de manera que la información se quede en el país y no sea aprovechada en nuestro desmedro.
Venezuela dispone de una cobertura de mapas geológicos de escalas variables desde 1:25.000 a 1:250.000. Lamentablemente, el notable esfuerzo en el levantamiento geológico-minero por parte del Ministerio de Energía y Minas, para después declinar a fines de los años ochenta del siglo pasado, subsistiendo con grandes dificultades solo en la UCV, ULA, UDO y USB, que son las universidades nacionales que imparten estudios de estas disciplinas.
La gran tradición venezolana en Ciencias de la Tierra está respaldada por más de un siglo de actividades de exploración e investigación de probada alta calidad. Por tanto consideramos innecesario y a toda luz, inconveniente, delegar estas actividades en empresas foráneas, sin haberse preguntado, por ejemplo, si actualmente está INGEOMIN profesionalmente preparado para dirigir esas actividades y si ha sido dotado del financiamiento para hacerlo. Igualmente hay que preguntarse si a las universidades se les ha asignado suficientes recursos para disponer de una infraestructura adecuada y reclutar personal de alto nivel, o si disponen de las facilidades para las imprescindibles -pero costosas- prácticas de campo.
En nuestra opinión, si el Gobierno ahora ha decidido realizar y financiar un gran plan nacional de exploraciones geológico-mineras, antes de tomar la decisión de contratar esa actividad con compañías foráneas, ha debido convocar a los profesionales de más alto nivel en el área con que cuenta el país, tanto de los institutos de investigación, como el de las universidades nacionales y los de la práctica profesional privada. Son ellos, no cabe duda, quienes deberían aportar su experiencia y conocimiento de las geociencias del país, para acometer tanto las actividades de campo y laboratorio, como para la formación de nuevas generaciones de profesionales en el área, preferiblemente dentro del marco de una política clara para el desarrollo del sector para los próximos decenios.
Por lo antes expuesto, la ACFIMAN hace un llamado para que se rescinda el contrato suscrito con el GRUPO CITIC, que pone en riesgo altos intereses estratégicos del país, no propicia el verdadero desarrollo sustentable, va en desmedro de la calidad de la ciencia nacional y de nuestras instituciones y la utilización plena de la capacidad de los profesionales venezolanos.
