Momento de la retensión
 |
| boinas rojas desarmados, retenidos y amarrados |
Por
Natalie García
Correo del Caroní
Publicado originalmente el día 08 de Febrero
Al menos 40
militares del Ejército, integrantes de la Región Estratégica de
Defensa Integral Guayana (REDI-Guayana), fueron desarmados, retenidos y
amarrados el día jueves 07 de Febrero por los indígenas pemones de la comunidad de Urimán, situada a
orillas del Caroní.
La acción es
parte de una secuencia de actividades que llevarán a cabo los aborígenes para
poner fin a lo que ellos llaman el sostenido “atropello de los militares”, que
incluye la imposición de restricciones de los vuelos a las distintas
comunidades, cuyo acceso es exclusivamente por aire y constituye su única
fuente de ingreso de comida y combustible.
Sólo dos
empresas (Transmandú y Tranaca) están autorizadas para volar a las comunidades.
Los indígenas señalan que esto ha servido para que haya aumentos “exagerados en
los pasajes”. Si antes un boleto desde Urimán hasta Ciudad Bolívar costaba
1.200 bolívares, actualmente les es vendido en 2.500 sólo la ida, algo que consideran
insostenible y consecuencia directa de las medidas militares.
Según
informaron algunos voceros, la detención de los militares de Urimán es apenas
un abreboca de lo que harán para presionar una respuesta. Después vendrán
protestas y cierres en distintos puntos del municipio Gran Sabana, en caso de
que no obtengan una solución en el plazo que esperan.
En
concreto
El desarme
de los militares del REDI ocurrió en la mañana de este jueves en dos etapas; 21
funcionarios fueron sacados del puesto fluvial en la zona y conminados a una
escuela local. Luego, horas más tarde la noticia se supo y fue enviado un nuevo
contingente, esta vez de paracaidistas, para resolver la situación. Al llegar
corrieron con la misma suerte: en total, habría 40 “boinas rojas” en poder de
los pemones.
Esta no es
la primera vez que los indígenas desarman y retienen a militares. La anterior
fue octubre de 2011 en la comunidad de Musuk Pa, municipio Angostura, donde más
de 20 funcionarios permanecieron en manos de los aborígenes hasta que se llegó
a un acuerdo.
Hartos y
resteados
Lisa
Henrito, secretaria de la capitanía general del sector 6, que comprende 27
comunidades de la Gran Sabana, expresó que desde inicios de 2013 han
sostenido varias reuniones entre los representantes indígenas en Santa Elena de
Uairén en busca de una salida sin hallar un punto de encuentro con las
autoridades.
Escritos han
ido y venido sin que obtengan lo que quieren, el fin de lo que consideran un
“hostigamiento”. “Nos cansamos de los atropellos, la extorsión, el chantaje
descarado del Ejército y, por lo tanto, decidimos que vamos a protestar con
contundencia”, dijo la secretaria.
Añadió que
las acciones se mantendrán hasta que haya la “presencia física” del
vicepresidente ejecutivo, Nicolás Maduro, y los titulares del Ministerio de
Energía y Minas, Pueblos Indígenas, Ambiente y de la Defensa.
“No queremos
más atropellos. Ellos (el gobierno) deben recordar que en las poblaciones
indígenas hay personas que piensan, que tienen una cultura ancestral, que
sueñan y que tienen necesidades. Lo que pedimos es que nos dejen tranquilos, y
si nos van a ayudar que nos expliquen cómo, y no pasen por sobre nosotros.
Estamos abiertos al diálogo”, dijo Henrito.
La vocera
expresó que esperan una salida pacífica a sus peticiones, al tiempo que lanzó
una advertencia “si tocan a un indígena, nos tocan a todos”. Con esto afirmó
que temen una arremetida por los hechos de Urimán, e instó a la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB) a no conducirlos a los “extremos”, que
implicaría protestas simultáneas.
Informó la
secretaria de la capitanía general del sector 6 que en total hay 103
comunidades organizadas en la Gran Sabana, y ocho sectores pemones que
están a favor de retomar la normalidad en cuanto a los vuelos aéreos, el
traslado de alimentos, combustible y fin de los atropellos.
Cese de
las represalias
Javier
Márquez, abogado, defensor de la causa indígena y miembro de la comunidad El
Plomo, se solidarizó con la protesta de sus compañeros y señaló que de su parte
exige tres cosas: que no haya represalias en contra de quienes encabezan las
acciones y que, por el contrario, sean investigados los militares que pudieran
estar incursos en los abusos; que se atienda el caso del capitán de Arekuna,
quien fue a formular una denuncia a la Fiscalía Ambiental en Ciudad
Bolívar y resultó agredido y, finalmente, que el gobernador del estado
fije
posición sobre lo que sucede con las poblaciones aborígenes.
Víctor
Abati, capitán general de los sectores 1 y 2, que incluye a las comunidades de
Kamarata y Canaima, estaba en Caracas junto con otros representantes indígenas,
el alcalde de Gran Sabana, Manuel de Jesús Vallés y el presidente de la
Federación Indígena del estado Bolívar, Juan Carlos Velásquez.
En la
capital lograron reunirse con el diputado y presidente de la Comisión de
Energía y Minas de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas. Allí
expusieron el problema e incluso comentaron lo ocurrido en Urimán. Sin embargo,
el parlamentario aseguró que hoy les tendría una respuesta y con eso concluyó
la reunión.
***DESPIECE***
Ya
advertidos
El 2 de
febrero, los capitanes y representantes de las comunidades aéreas de la
Gran Sabanasostuvieron una reunión en Santa Elena de Uairén e hicieron un
pronunciamiento que hicieron llegar a las autoridades.
En él
exigían el cese de los atropellos, la restitución del tráfico aéreo a las demás
compañías existentes en el estado, la eliminación a la restricción excesiva en
el suministro de combustible, la nulidad del Decreto 8.413 de Nacionalización
del Oro, el respeto a los territorios indígenas y la destitución del mayor
general Clíver Alcalá Cordones, comandante del REDI Guayana, entre las cosas
más importantes.
En ese mismo
documento anunciaban que de no haber respuestas tomarían acciones. En vista de
que trascurrieron cinco días desde el documento y no había una salida
decidieron iniciar las protestas, que serán por tiempo indefinido, en cuanto a
la retención de los 40 funcionarios militares en la comunidad de Urimán.
Las
exigencias
-Exigir al
Estado venezolano el respecto a nuestros derechos reconocidos en la
Constitución del 99.
-Respeto a
nuestros territorios ancestrales y a la autonomía y libre determinación de
nuestro pueblo pemón dentro de la soberanía del Estado venezolano.
-Nulidad del
decreto 8683.
-Declarar al
general Clíver Alcalá como persona no grata y enemigo número uno del pueblo
pemón.
Tomado
del pronunciamiento de las comunidades indígenas
Momento de la liberación
 |
Retirada de
los 28 soldados y 14 oficiales de #Uriman , municipio Gran Sabana.
Foto: @ClavelRangel |
Domingo, 10
de Febrero de 2013
Los
indígenas de Urimán, quienes sometieron el jueves a 43 soldados del Ejército,
obtuvieron varias respuestas, excepto en la destitución de Cliver Alcalá
Cordones y en la nulidad del Decreto 8.413. Sin embargo, lograron un permiso
para la minería en un sector de Canaima.
Libertad
en cuanto a la minería artesanal, respeto a sus derechos, despacho regular de
combustible a precio del mercado, cese de la operación Arekuna y la seguridad
de que no habrá represalias fueron los acuerdos a los que llegaron los
capitanes pemones tras una reunión de cinco horas con el gobernador de Bolívar,
Francisco Rangel Gómez, el comandante estratégico operacional de la FANB,
Wilmer Barrientos; y la ministra de Pueblos Indígenas, Aloha Núñez.
A pesar
de los quince acuerdos, quedan en espera dos exigencias medulares: la
destitución de Cliver Alcalá Cordones como encargado del REDI Guayana, y la
nulidad del decreto 8.413, que confiere al Estado la potestad de explotar el
oro. No hizo falta la presencia del vicepresidente Nicolás Maduro para levantar
la protesta.
Más información sobre los acuerdos que
finalizaron el conflicto pemones - ejército venezolano:
