Red Anarquista (Vzla)
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El pasado 25 de enero, un batallón de la Guardia Nacional,
SEBIN y otros organismos de represión al mando del General del Comando Regional
No, 4 y de la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, ejecutó un
asalto contra el Centro de Reclusión de Uribana, Edo. Lara, que culminó con una
masacre de, según se estima, 60 personas asesinadas. De acuerdo con las
denuncias de los familiares de los presos, las cifras son mucho mayores, ya
que, señalan personas desaparecidas y/o enterradas dentro de los mismos
recintos penitenciarios.
La acción fue justificada argumentando que el “Estado
retomará el control de las cárceles” y mediante una serie de políticas que ha
venido implementando el presidente Chavez y su gabinete de trabajo. Su objetivo
era ocupar por asalto los espacios y aniquilar cualquier vestigio de
articulación social al margen del asistencialismo de la Administración
Penitenciaria. Esta política llamada “Humanización Penitenciaria”, no es
más que un proyecto de simple maquillaje de los centros de tortura y
humillación carcelaria para intentar disimular el grotesco negocio realizado
alrededor de los pres@s. En el gobierno bolivariano los pres@s son, también,
una simple mercancía. En su mayoría, lar cárceles están pobladas de
personas provenientes de los sectores populares, (1) lo que demuestra la
demagogia e hipocresía de un Estado que se ha vanagloriado de favorecer a los
pobres.
Esta crisis penitenciaria es una consecuencia directa de
la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la custodia de los
penales. Estos amedrentan a las visitas familiares y
someten a la población reclusa a las más denigrantes condiciones de
subsistencia. La situación degradante de las prisiones es el caldo de cultivo
ideal para llevar a cabo los millonarios negocios de la GNB, del funcionariado
corrupto y otros órganos represores del poder como las policías. Organizaciones
de Derechos Humanos como PROVEA señalan que son constantes las huelgas,
autoflagelaciones, autosecuestro de visitantes, motines y secuestros de
funcionarios, “… como respuesta a las deplorables condiciones de reclusión, al
retardo procesal y en rechazo a la presencia de la Guardia Nacional.” (2)
Somos conscientes de que la degradación moral y física
que sufren los presos dentro de las cárceles incide directamente en la
situación de violencia e inseguridad que atravesamos. Degradación que
se refleja no sólo en los altos índices de hacinamiento presentes en la mayoría
de los penales, sino también, en la falta de servicios básicos, como agua
potable, comida sana y/o electricidad y en las decadentes estructuras en las
cuales deben permanecer. En suma, bajo éstas condiciones, y con el incesante y
eminente proceso general de deshumanización, la cárcel va preparando a l@s privad@s de libertad para ser delincuentes al
servicio y a las órdenes de los principales cuerpos policiales del país, camino
que toman diversos presos para “sobrevivir” a la violencia en los penales,
convirtiéndose así en peones al servicio del terrorismo de Estado.
Denunciamos la campaña de aniquilamiento físico y moral
implementada por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y la Guardia Nacional
Bolivariana contra la población reclusa y alertamos de los posibles planes
Estatales futuros contra otras prisiones.
Queremos expresar nuestra más sincera muestra de solidaridad
con los familiares de todos los presos, con los miles de presos que no son
pranes, con las madres y mujeres encarceladas así como con la población
de LBGT de los penales ya que estos últimos sabemos deben también soportar las
vejaciones asociadas a la sociedad patriarcal que hoy sufrimos.
Así mismo, nos pronunciamos contra la falsa matriz de
opinión creada por los medios opositores y oficialistas de que “todos los
presos son pranes” cuando la cruda realidad es que existen, según el Observatorio
Venezolano de Prisiones (OVP) más de 48.000 personas privadas de su libertad,
muchas de ellas en espera de ser procesad@s y hacinadas en las peores
condiciones en un número cada vez más reducidos de planteles, pues el
hacinamiento en las cárceles llega a un 175% (OVP).
Hacemos un llamado a los movimientos sociales antagónicos y
los grupos libertarios y autónomos a que se solidaricen con las personas
privadas de su libertad y sus familiares.
Toda muerte y tortura en prisión es un crimen de Estado.
Según el OVP, para el 2012 el número de muertos y heridos en las cárceles es de
591 y 1132 respectivamente, así; el silencio es complicidad.
Contra la política de exterminio del Gobierno Bolivariano
en los Centros de Reclusión. Contra el silencio cómplice de los politiqueros de
la MUD. Contra el reformismo de la llamada “Humanización penitenciaria”. Porque
lo único que se puede hacer con las cárceles es abolirlas.
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(1) El Informe de PROVEA (2011) sobre “Derechos
de las personas privadas de libertad” señala que “un 68% se ubica en los estratos IV y V,
pertenecientes a sectores en pobreza relativa y pobreza extrema o crítica”.
(2) PROVEA: Informe del 2011 sobre “Derechos de las personas privadas de
libertad”.