Por:
Provea
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos
Humanos (Provea) lamenta profundamente la decisión del Primer Mandatario
Nacional de postular a Ramón Rodríguez Chacín como candidato por el Gran Polo
Patriótico (GPP) a la gobernación del estado Guárico, decisión que contradice
la voluntad gubernamental de investigar y sancionar las graves violaciones de
derechos humanos ocurridas en el pasado. Como consta en el expediente del caso
y es ratificado por los testimonios de los sobrevivientes, Ramón Rodríguez
Chacín es uno de los autores intelectuales de la llamada “Masacre de El
Amparo”, ocurrida el 29 de octubre de 1988.
Desde agosto del año 2009 familiares y sobrevivientes, con
el apoyo de Provea, han solicitado una reunión con la ciudadana Fiscal General
de la República, doctora Luisa Ortega Díaz. La respuesta, hasta el día de hoy,
ha sido el silencio.
Como se recordará el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín
junto con el comisario Henry López Sisco, entre otros, formaba parte en el año
1988 del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), responsable del
asesinato de 14 personas el 29.10.88 en hechos que fueron conocidos como “La
masacre de El Amparo”, y de por lo menos el asesinato de 42 personas en
operaciones previas, conocidas como “Los Amparitos”.
Tres días antes de la Masacre de El Amparo, el 25 de octubre
de 1988, un helicóptero del CEJAP se estrelló mientras realizaba labores de
inteligencia. Entre los heridos figuraba el Jefe Nacional de Operaciones de la
DISIP, comisario Henry López Sisco. En el resto de la tripulación se encontraba
el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín. El accidente los imposibilitó de
estar presentes en el operativo denominado “Anguila III”, una operación
ejecutada finalmente por 19 funcionarios del Ejército, la Disip y el Cuerpo
Técnico de Policía Judicial. La presunta participación intelectual de Rodríguez
Chacín en la matanza del Caño La Colorada ha quedado plasmada en el expedientes
del caso, número 1644, folios 42, 43, 44 y 45, manejados en su momento por el
Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente del Táchira. Henry Salinas,
inspector de la División de Inteligencia Militar (DIM), declaró ante la
justicia militar “fui testigo de que el R2 y el R3 del CEJAP, Teniente Coronel
Clavijo Forero y el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, nos convocaron
días después a “Hipólito” –alias del inspector de la Disip Celso Rincón
Fuentes- y a mí para hablar, una vez más, de preparar ese enfrentamiento”. El
20.06.94 una sentencia de la Corte Marcial que investigaba las actuaciones del
CEJAP, presidida por el General Ubaldo López Barrios, dictó un auto de
detención contra 11 funcionarios por su participación material en Los
Amparitos, entre ellos el Capitán Rodríguez Chacín.
Provea considera, cuando se cumplirán este lunes 29 de
octubre 24 años de la Masacre de El Amparo, un aval a la impunidad la
postulación de una persona responsable de uno de los casos emblemáticos de
violación a los derechos humanos durante la década de los 80´s. Asimismo
lamentamos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) legitimara esta decisión al
permitirle a Chacín cambiar de centro de votación fuera del lapso para hacer
cambios en el Registro Electoral (RE).
Diferentes elementos sugieren que la actitud gubernamental,
en el caso de la Masacre de El Amparo, es garantizar la injusticia. Desde
agosto del año 2009 familiares y sobrevivientes, con el apoyo de Provea, han
solicitado una reunión con la ciudadana Fiscal General de la República, doctora
Luisa Ortega Díaz. La respuesta, hasta el día de hoy, ha sido el silencio. Los
peticionarios han solicitado que la reunión debe realizarse en la propia población
de El Amparo, debido a que una parte de los familiares de las personas
asesinadas son de nacionalidad colombiana y no pudiesen participar en la misma
si es convocada en Caracas. Por otra parte hasta la fecha no se conocen
actuaciones del Ministerio Público orientadas a proceder en el caso de la
masacre de El Amparo. Similar omisión es imputable a la Defensoría del Pueblo.
En enero de 2010 en la sede de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos el Estado venezolano asumió el compromiso de abrir las investigaciones
en la justicia ordinaria. La Corte indicó que los funcionarios venezolanos
deberían elaborar un cronograma detallado que indicara medidas concretas y
lapsos para adelantar la investigación. Dos años después tal cronograma no se
ha elaborado. Más allá de este compromiso, la Fiscalía está obligada a actuar
por mandato de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y
Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período
1958-1998. La ley indica que se debe identificar y sancionar a los autores
intelectuales o materiales, venezolanos o venezolanas, extranjeros o
extranjeras, que cometieron violaciones de derechos humanos y delitos de lesa
humanidad, como expresión de prácticas de terrorismo de Estado.
Provea exige a los poderes públicos:
1) La anulación de la candidatura, de manera extraordinaria,
de Ramón Rodríguez Chacín a la gobernación de Guárico.
2) La realización de la reunión en la población de El
Amparo, solicitada por sobrevivientes y familiares, de representantes del
Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para realizar un cronograma de
trabajo que garantice el derecho a la justicia en el caso.
3) El cumplimiento de la sentencia que exige al Estado
venezolano investigar y sancionar todos los responsables de la Masacre de El
Amparo.
4) Modificar la Ley para Sancionar los Crímenes,
Desapariciones, Torturas y Otras violaciones de los Derechos Humanos en el
Período 1958-1998 para incluir un artículo que prohíba la postulación a cargos
de elección popular de personas denunciadas como participantes en violaciones a
los derechos humanos durante este período.
