Daniel Samper
Pizano
La justicia
colombiana, tan corrompida como la política, necesita la urgente intervención
de la ONU.
El portal La
Silla Vacía denunció que Alberto Rojas Ríos, candidato a la Corte
Constitucional, había asesorado profesionalmente a un cercano amigo del jefe
paramilitar Salvatore Mancuso y recibió por sus servicios casi 500 millones de
pesos, de los que solo declaró y pagó impuestos por 8,5. Es, además, amigo
personal y político de una exparlamentaria vinculada al paramilitarismo.
A pesar de
semejante hoja de vida y del clamor de numerosos ciudadanos, políticos y
periodistas para que el parlamento se abstuviera de llevarlo a la Corte, los
senadores, en un vulgar desafío a la opinión pública, lo eligieron magistrado,
de modo que ejercerá la delicada misión de impartir justicia durante los
próximos ocho años.
¿Puede
denominarse esto transparencia?
El Procurador
General, denodado perseguidor de las mujeres que abortan legalmente y de los
homosexuales –a los que califica de “bestias”–, forma parte de un grupúsculo
religioso de extrema derecha que niega el Holocausto. Según los negacionistas,
Hitler no masacró a judíos, gitanos y otras minorías étnicas: esas son patrañas
fabricadas por la propaganda judía. Semejante actitud es en Europa un delito
tan grave que está penado por 16 legislaciones. Ningún país civilizado
permitiría que ocupara un alto cargo público quien no reconozca a gritos la
atroz matanza perpetrada por los nazis. Pero el procurador Alejandro Ordóñez
guarda bochornoso silencio cuando los periodistas le preguntan si niega los
horrores del III Reich. Hasta donde sé, solo en privado ha ofrecido tímidas
disculpas a unos dirigentes judíos colombianos, cuando hablamos de uno de los
más escalofriantes crímenes de la historia, cuya tolerancia afecta la dignidad
de todos los seres humanos, judíos o no judíos.
Ahora, llevado
por un odio enfermizo a los homosexuales, amenaza con destituir a los notarios
que, delegados por la ley, se atrevan a unir en matrimonio a las parejas del
mismo sexo, e incita a estos funcionarios a obstruir con sus objeciones religiosas
el imperio de la ley y la jurisprudencia.
¿Puede llamarse a
esto justicia?
Un magistrado
elegido pese a su vergonzoso pasado y un Procurador que no repudia en público
la matanza nazi… Agreguen a ellos los ‘carruseles’ de pensiones de la
magistratura (por fortuna desmontados esta semana); la ligereza con ciertos
delitos cometidos por militares (‘Tolemaida’ viene de ‘tolerancia’); los
asesinatos sin castigo de líderes de la restitución de tierras; los atentados
contra periodistas; las decenas de parlamentarios encarcelados; los placenteros
viajes de paramilitares y mafiosos en busca del paraíso gringo de la impunidad;
los gobernadores no ejemplares, como el de La Guajira; la soberbia y el
desmadre en los gastos de la Contralora; las interminables noticias sobre el
saqueo de Bogotá durante la administración Moreno…
¿Es esto digno de
un país que se hace llamar democrático?
Me aterra que no
caigamos en cuenta de que Colombia atraviesa un estado brutal de
descomposición, de que uno solo de estos escándalos encendería la luz roja en
una sociedad que se respete, y de que todos los síntomas sumados retratan un
grado de corrupción que exige medidas radicales e inmediatas.
Lo malo es que no
se ve quién ni cómo podría llevar a cabo la labor de limpieza dentro de los
estrictos cauces legales. Al Gobierno le falta liderazgo: le teme al Procurador
(se lo lleva de paseo con la familia al Vaticano) y fue incapaz de criticar la
elección del magistrado venal.
La justicia es
uno de los resortes más afectados. Por eso me atrevo a sugerir que se solicite
la intervención de las Naciones Unidas a través de su Relatoría Especial sobre
la Independencia de los Magistrados y los Abogados en el Mundo. Ignoro las
minucias protocolarias que activan esta monitoría. Pero ha sido clave para
denunciar el amaño de poderes en Argentina, y podría exhibir lo que rehusamos
aceptar en Colombia: que aquí la justicia es un enfermo terminal.
Daniel
Samper Pizano
